EscucharUn proyecto de ley impulsado por el Gobierno propone crear una nueva dirección adscrita al Ministerio de Hacienda para que se encargue de la gestión de la deuda pública que hoy realiza la Tesorería Nacional.
La reforma permitiría que la nueva dependencia tenga la autoridad para definir los procedimientos para la negociación, contratación, renegociación y amortización de la deuda, tanto interna como externa del Gobierno.
Hasta ahora, la actual Dirección de Crédito Público solamente tenía jurisdicción sobre la deuda externa. Sin embargo, Poder el Ejecutivo busca ampliar su ámbito de acción a la deuda interna.
La iniciativa, enviada este jueves 18 de mayo, por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta; y la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, propone modificaciones a la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.
LEA MÁS: Gobierno pide 13% de IVA para boletos de avión y 2% para sillas de ruedas y lentes de contacto
Dicha propuesta quita potestades a la Tesorería Nacional para negociar los títulos de deuda interna y se las reasigna a una nueva Dirección General de Gestión de la Deuda Pública.
Otro de los cambios es que, actualmente, la Tesorería puede redimir anticipadamente los títulos valores colocados, siempre que existan recursos suficientes y la operación resulte beneficiosa al fisco. Sin embargo, el proyecto impulsado por el Gobierno señala que dicha dependencia estaría obligada a hacer tales operaciones solamente bajo la instrucción de la nueva dirección.
Adicionalmente, el plan quitaría a la Tesorería la autoridad para adquirir instrumentos en los mercados internacionales para la cobertura del riesgo cambiario o de tasas de interés, tarea que realiza en coordinación con el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Esas facultades pasarían al Ministerio de Hacienda.
La Nación intentó contactar con el ministro Acosta para conocer más detalles sobre el objetivo de esta propuesta. No obstante, al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.
El proyecto de Fortalecimiento de la Gestión de la Deuda Pública también obligaría a las entidades y órganos públicos a atender las solicitudes de información que les haga la Dirección de Gestión de la Deuda Pública.
“La negativa injustificada” de brindar la información que el Ministerio de Hacienda solicite tendría consecuencias de carácter administrativo, civil o penal.
LEA MÁS: Creación de exoneraciones fiscales repuntó en 2022 a su mayor cifra en 23 años
Finalmente, se permitiría que la nueva dirección “contrate plataformas electrónicas de colocación y distribución de valores para mercado primario y de negociación para mercado secundario, tanto a nivel local como internacional”.
Además, podría contratar “sistemas de compensación y liquidación de valores que le aseguren una participación de base de inversores locales y transfronterizos, mediante mecanismos de contratación directa internacional y nacional”.
Junto con este plan, el Gobierno presentó otros cuatro proyectos fiscales en la Asamblea Legislativa. Se trata de reformas en materia de impuestos y de incentivos.
LEA MÁS: Gobierno presenta 5 reformas de impuestos e incentivos fiscales
