El Gobierno presentó este jueves cinco proyectos fiscales en la Asamblea Legislativa. Se trata de reformas en materia de impuestos y de incentivos.
El paquete de reformas tributarias de la Administración de Rodrigo Chaves que promueve una nueva ley de impuesto sobre la renta, cambia la metodología para calcular el tributo a la propiedad de vehículos cobrado en el marchamo.
También elimina exoneraciones fiscales, brinda mayores potestades a Hacienda para el cobro de tributos y elimina la necesidad de tener autorización de los diputados para que el Gobierno pueda colocar deuda externa o financiarse con organismos internacionales.
Los proyectos son los siguientes:
- Reforma a la ley de impuesto sobre la renta
- Fortalecimiento del control tributario
- Eliminación de exoneraciones
- Fortalecimiento de la gestión de la deuda
- Ley de impuesto a la propiedad de vehículos
De la entrega se encargaron el ministro de Hacienda, Nogui Acosta; y la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz.
Los cambios anunciados por Nogui Acosta, ministro de Hacienda, se incorporan en la estrategia denominada Hacienda en acción: Trazando la prosperidad fiscal.
Acosta afirmó que las iniciativas buscan ordenar el sistema tributario costarricense, favorecer la gestión de deuda pública y brindarle a la Dirección General de Tributación mayores herramientas de control.
“A lo largo de los años se ha dicho que Tributación no tiene dientes, vamos a hacer las modificaciones en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios que nos permitan tener una acción y tener músculo para cobrarlo. Vamos a decirle a la gente que participa en una empresa que es responsable, no se vale que la hora de cobrar los impuestos nadie es responsable, todos son responsables del pago de impuestos”, aseguró Acosta, en la presentación de las iniciativas legales.
Cambios en renta
El primer proyecto establecería una nueva base de cálculo donde se globalizan todos los ingresos de las personas físicas, en lugar de tomar en cuenta solo los salarios cuando se trata de trabajadores, o solo los ingresos por actividades lucrativas.
Además, el impuesto se cobraría sobre los ingresos anuales, en vez de los mensuales. El impuesto se determina como global porque incorpora todos las rentas de una persona: el salario, jubilaciones y pensiones, así como las rentas del capital y las ganancias del capital.
La propuesta mantiene un ingreso que exonera una base mínima vital que se estableció en ¢10,1 millones al año, además de ciertas deducciones, como cónyuges e hijos.
Por ejemplo, si una persona tiene ingresos anuales de ¢15 millones tendrá exenta la base mínima vital y las deducciones, es decir, pagará renta una vez descontado dichos rubros. La tarifa progresiva se inicia en el 10% para quienes tengan ingresos anuales desde 0 hasta ¢4.728.000.
Posteriormente, se regirá por una tabla de rangos de ingresos en los que, sobre los excesos se cobrará una tarifa del 15%, 20%, 25%; además de una nueva del 30%. Esta última se establece solo sobre el exceso de quien reporte un ingreso anual de ¢37.896.000.
En la actual ley, los tramos de renta se aplican al salario mensual que es a partir de los ¢941.000, los sueldos debajo de dicho monto no pagan el tributo. Además, la tarifa va del 10% hasta el 25%.
Adicionalmente, el plan globaliza los ingresos de las empresas y mantiene la actual tasa del 30%.
“El gravamen recae sobre las rentas de fuente costarricense que perciban las personas jurídicas, incluyendo aquellas derivadas del ejercicio de una actividad económica, así como las rentas de capital y ganancias de capital. En estos últimos casos, por tratarse de rentas pasivas, se promueve que también estén sujetas a imposición los rendimientos extraterritoriales”, se explica en el proyecto.
En cuanto a los no residentes, sean personas o sociedades, ya no les aplicaría el esquema actual del impuesto sobre remesas al exterior. En su lugar, el Poder Ejecutivo propone un impuesto que recaiga, de manera general, sobre las rentas de fuente costarricense que obtengan estos contribuyentes.
Herramientas a Tributación
La iniciativa del Fortalecimiento del Control Tributario establece una serie de reformas a leyes actuales que promueve un sistema tributario fuerte y sancionador, o “con dientes”, como lo catalogó el jerarca de Hacienda.
Para lograr dicho objetivo, se propone una serie de cambios en la actual ley de Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
El más importante es la responsabilidad solidaria de los accionistas o socios de la deuda tributaria, cuando se acredite que la sociedad fue constituida o utilizada de forma abusiva o fraudulenta para evitar pagar al fisco.
“Las actuaciones y obligaciones de la sociedad se imputarán directamente a sus accionistas o socios, quienes serán solidariamente responsables con la persona jurídica, en función de la proporción de su participación en el capital social y para efectos patrimoniales”, se argumenta en la iniciativa.
Para aplicar tal sanción, el Gobierno pretende que se levante el velo sobre los accionistas de una empresa por parte de una autoridad judicial. La información solo sería usada para el caso específico.
En la vía administrativa, se promueve la imposición sanciones por resistencia de un contribuyente a las actuaciones de control tributario e incumplimiento en el suministro de información.
Propiedad de vehículos
El Gobierno también presentó una nueva fórmula de cálculo al impuesto a la propiedad de los vehículos, que se cobra anualmente en el marchamo y significa el 70% de dicho pago. Durante este año, Hacienda recaudó ¢188.250 millones por dicho gravamen.
Sin embargo, el impuesto ha estado bajo un fuerte cuestionamiento porque la actual metodología de cálculo implica que, de un año a otro, el valor fiscal de un vehículo se eleve.
La principal novedad es que el proyecto establece una tabla de depreciación del automotor que tendrá un impacto en el valor fiscal y de la base imponible del tributo. Por ejemplo, se establece que un vehículo nuevo tendrá, al sexto año de adquirido, una depreciación del 48,1%.
Además, la iniciativa establece un tarifario progresivo en rangos por el cual se pagará el tributo. El primer tramo establece un tributo de ¢31.000 si el valor va de ¢0 hasta ¢1.155.500. Conforme se eleve el precio del auto, se aplica el rango sobre el excedente.
Las tasas van desde 2,5%, hasta un máximo de 7,5% para el excedente de los vehículos cuyo valor fiscal es superior a los ¢19.000.000.
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Revisión exoneraciones
El paquete de reforma tributaria del Gobierno incorpora una primera revisión a incentivos fiscales.
En este caso específico, el proyecto modifica la tarifa del impuestos sobre el valor agregado (IVA) para los boletos aéreos que tendrían una tarifa del 13%, en vez del 4% actual.
Asimismo, se propone una tarifa reducida del 2% para la venta o la importación de equipo médico, como equipo odontológico, radiactivos, de rayos x, equipo para laboratorios químicoclínicos, camas para hospitales, cuyo uso sea exclusivo para la realización de procedimientos médicos no estéticos.
Además, se elimina la exoneración de la madera en troza y se plantea un impuesto general forestal del 3% sobre el valor de transferencia en el mercado.
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Gestión deuda
El último proyecto es una reforma constitucional que promueve se derogue la obligación del Gobierno de obtener una aprobación del Congreso para emitir bonos de deuda en el mercado externo o contraer un crédito con un organismo multilateral.
El jerarca de Hacienda anunció que la modificación del artículo 121 de la Constitución Política lo presentará la fracción oficialista.
Paralelamente, la iniciativa Fortalecimiento de la Gestión de la Deuda Pública prevé unificar las funciones que actualmente hacen la Tesorería Nacional, en la emisión de bonos de deuda interna, y la Dirección de Crédito Público, que se encarga de la colocación de los eurobonos.
El órgano rector ahora será la Dirección General de Gestión de Deuda Pública, según se promueve en el plan legal.
