Diputados rechazan eliminar pensiones de actuales expresidentes

El proyecto, puesto en la corriente legislativa por el exdiputado José María Villalta, del Frente Amplio, había recibido una opinión negativa de la Procuraduría General de la República (PGR).

La Procuraduría explicó que el plan podría violar la Constitución Política porque la derogatoria no era solo para futuros exmandatarios, sino para los que ya pasaron por la Casa Presidencial, y ello afectaría los derechos adquiridos de estos últimos.

El pasado 26 de octubre, la mayoría de los diputados de la comisión de Sociales argumentaron que este plan ya no tenía sentido, porque ya había avanzado otro proyecto de ley que derogaría las pensiones de expresidentes, solo para los casos venideros, sin tocar el patrimonio de los actuales.

Se trata de un texto del exdiputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) Víctor Morales Mora. La iniciativa, además, cerraría la puerta al nacimiento de unas 470 nuevas pensiones de lujo de otros regímenes del Gobierno.

Discusión

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“Estamos a favor de que se deroguen estas pensiones, pero apostando por este otro proyecto (el planteado por Morales Mora), por un tema de economía procesal”, dijo la diputada Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN).

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“¿Qué sentido tiene poner funcionarios a trabajar hasta las 9 p. m. con proyectos de ley que tienen una misma justificación?”, cuestionó, por su parte, Luis Fernando Mendoza, también del PLN.

Álvarez, Mendoza y la socialcristiana Melina Ajoy votaron negativamente el dictamen. En cambio, a favor se pronunciaron David Segura, del Partido Nueva República (PNR), y Priscilla Vindas, del Frente Amplio.

Vindas dijo que el país debe derogar las pensiones de los expresidentes para ser congruente con el llamado a la sostenibilidad fiscal.

Segura, por su parte, sostuvo que lo correcto era avalar el proyecto de Villalta, porque el otro plan dictaminado aún no es ley de la República.

“En política, lo cierto y verdadero es lo que pasó ayer. Como el otro expediente no es ley, con una moción los diputados pueden excluir a los expresidentes”, advirtió Segura.

Los exgobernantes reciben pensiones de ¢3,8 millones, con excepción de Carlos Alvarado, quien renunció al beneficio. Este es un régimen especial no contributivo; es decir, los mandatarios no cotizaron, sino que ganaron el derecho por la investidura que ejercieron.

El plan rechazado decía que si en el futuro la condición económica de un expresidente o su beneficiario cambia y sus ingresos mensuales superan dos veces el ingreso mensual total promedio de los hogares (¢1,3 millones), deberá informarlo a la Dirección Nacional de Pensiones para suspender la pensión de exgobernante.

Antes de que se votara negativamente el proyecto de Villalta, la comisión rechazó un informe de subcomisión que recomendaba un nuevo texto. Este incluiría solo a futuros expresidentes y daba un plazo de 18 meses, a partir de la entrada en vigencia de la ley, para que quienes estaban próximos a pensionarse recibieran el beneficio.

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Ahora, el expediente pasará al plenario legislativo donde los diputados decidirán si lo archivan, al aprobar el dictamen negativo de mayoría, o si le dan continuidad al trámite en el Congreso, en caso de que avalen el informe afirmativo de minoría.

En la objeción al proyecto de Villlalta, la PGR explicó a los diputados que una norma solo puede ser retroactiva cuando otra ley por mandato expreso lo indique, siempre que no se trate de derechos patrimoniales o adquiridos.

En esa línea, la Procuraduría indicó que no es posible erradicar las pensiones ya existentes. El artículo 34 de la Carta Magna establece que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de alguna persona.

Las pensión de cada expresidente absorbe ¢56 millones anuales, incluidos aguinaldo y cargas sociales, según la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.