EscucharLa Procuraduría General de la República (PGR) encontró vicios de inconstitucionalidad en el proyecto de ley que busca extinguir el régimen de pensiones de expresidentes. El plan no solo propone que los próximos presidentes de Costa Rica no reciban pensión al dejar el cargo, sino que también eliminaría las jubilaciones de los actuales exmandatarios.
Según el abogado del Estado, el expediente 22.623 violentaría los derechos adquiridos de los expresidentes, lo que significa un roce a la Constitución Política.
“Si el legislador opta por derogar a futuro el régimen de pensiones de los expresidentes, deberá no solo respetar, sino preservar sin suprimir los derechos adquiridos de aquellas personas que lograron cumplir las condiciones de hecho previstas por la ley vigente, y que actualmente estén disfrutando de las prestaciones económicas de aquel régimen, sean estas los beneficiarios originarios o sus sobrevivientes.
“De lo contrario, una iniciativa como la propuesta podría tener roces de constitucionalidad”, aseveró la Procuraduría.
El artículo 34 de la Carta Magna establece que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de alguna persona.
En su escrito, la PGR explicó a los diputados que una norma solo puede ser retroactiva cuando otra ley por mandato expreso lo indique, siempre que no se trate de derechos patrimoniales o adquiridos, por lo que no es posible erradicar las pensiones ya existentes.
El proyecto fue presentado por el exdiputado José María Villalta, del Frente Amplio, y actualmente se encuentra en la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, órgano desde el cual se solicitó el criterio de la Procuraduría el pasado 18 agosto.
Los beneficiarios de las pensiones de expresidentes reciben un pago promedio mensual de ¢3,8 millones. Este es un régimen especial no contributivo, es decir, los mandatarios no cotizaron para recibir el beneficio, sino que es un derecho que ganan por la investidura que ejercieron.
La propuesta pretende que, si en el futuro la condición económica de un expresidente o su beneficiario cambia y sus ingresos mensuales superan dos veces el ingreso mensual total promedio de los hogares (¢1,3 millones), deberá informarlo a la Dirección Nacional de Pensiones para suspender la pensión de exgobernante.
La iniciativa de ley expone que el régimen actual carece de límites o parámetros que permitan asegurar que la pensión solo sea otorgada a exmandatarios o beneficiarios que no cuenten con ingresos suficientes, lo que propicia que se conceda ese beneficio a quienes no lo necesitan.
Además, el proyecto dispone que tampoco se podrá mantener la pensión a expresidentes que, a la vez, sean beneficiarios de una pensión del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), del Régimen de Pensiones del Magisterio Nacional o del Régimen de Pensiones del Poder Judicial, sin importar su monto.
“Esta Procuraduría estima que el proyecto de ley consultado presenta inconvenientes a nivel jurídico y algunos eventuales roces de constitucionalidad “, concluyó el ente procurador.
La Procuraduría enfatizó en que, si bien son respetuosos de las decisiones de los diputados, quienes poseen la potestad de aprobar la propuesta de ley, los legisladores no deben permitir normas lesivas para los derechos adquiridos.
“No es posible regular con normas jurídicas nuevas situaciones jurídicas que surgieron con anterioridad a su vigencia, salvo disposición expresa en contrario y que no infrinja el principio de irretroactividad en perjuicio”, indicó el criterio.
Actualmente el único expresidente que no recibe su pensión es Carlos Alvarado (2018-2022), quien formalmente renunció a su beneficio para generarle al estado un ahorro de cerca de ¢2.000 millones.
Por otra parte, hay siete exjefes de Estado que sí perciben una pensión. Se trata de Luis Guillermo Solís (2014-2018); Laura Chinchilla (2010-2014); Óscar Arias (1986-1990 y 2006-2010); Abel Pacheco (2022-2006); Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002); José María Figueres (1994-1998) y Rafael Ángel Calderón (1990-1994).
