EscucharLos diputados de la Comisión Especial de Infraestructura investigarán el pago de multas por parte de las instituciones públicas a los acreedores, provocadas por la baja ejecución institucional de obras financiadas con créditos internacionales.
El foro aprobó el pasado lunes 23 de enero una moción de la diputada liberacionista Carolina Delgado, para investigar los niveles de ejecución de los créditos públicos, el pago de comisiones de compromisos y multas por atrasos, así como los problemas de gestión de las instituciones, según la iniciativa.
“Asimismo, para que se revisen los procesos de aprobación y fiscalización de los empréstitos y se recomienden las medidas correctivas pertinentes”, añade la moción.
La apertura de investigación obedece a que las instituciones públicas han tenido que pagar, en los últimos nueve años, $35 millones en multas por la baja ejecución de obras y programas que atrasan los desembolsos de los créditos externos.
Así lo indica un informe de la Contraloría General de la República (CGR) que evaluó el poco avance financiero de 18 préstamos que suman un total de $2.982 millones.
LEA MÁS: Costa Rica paga $35 millones en multas por baja ejecución de préstamos para obras
La moción aprobada incluye la convocatoria a comparecencias de 11 titulares de las instituciones para que expliquen el problema, entre estas la contralora general Marta Acosta, y los ministros Nogui Acosta, de Hacienda; y Luis Amador, de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
La diputada Delgado señaló que la factura que pagan los costarricenses por ese créditos “resulta sumamente cara”.
“Por un lado, está el hecho de las multas y los pagos de comisiones que debemos hacer por los retrasos en su ejecución y, por otro lado, el hecho de que son obras públicas que no se terminan de concretar en el tiempo previsto, afectando directamente la calidad de vida de los ciudadanos”, criticó.
Aseguró que un informe financiero del Ministerio de Hacienda, de hace cinco años, dio cuenta de que el Estado tuvo una duración promedio de 6,82 años en la ejecución de préstamos internacionales.
Mientras que en el 2022, cinco años después, ese promedio más bien se elevó a 6,88 años, lo que evidencia el franco deterioro de la Administración Pública en los términos de eficiencia que deben regir a este tipo de operaciones, según añadió.
“En virtud de todo esto, la moción aprobada busca llamar en audiencia a los jerarcas de las entidades involucradas en la programación y ejecución de estos préstamos y determinar así las razones de los atrasos y la visión para acelerar en adelante estos préstamos”, explicó la legisladora.
De acuerdo con el informe de la CGR, los 18 créditos con demoras en las obras y los desembolsos fueron otorgados entre el 2011 y 2022 por entidades multilaterales como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar infraestructura pública o planes de modernización.
Sin embargo, el promedio de avance financiero (desembolso) de dichos empréstitos es de un 45%, de acuerdo con el informe.
El promedio de pago anual por la demora, entre los años 2014 y 2022, oscila en los $4 millones anuales, lo que da un total de $35,6 millones en multas en ese periodo.
Por ejemplo, al primer trimestre del 2020, el MOPT pagó $530.000 en comisiones por un crédito de $125 millones del BID que financia infraestructura vial en alianza público privada. Este plan tiene una ejecución del 16%.
En tanto, existen dos créditos que presentan un avance financiero menor al 7% y que al mes de setiembre del 2022 habían generado un monto acumulado por comisiones mayor a los $1,1 millones.
Uno es el crédito por $156 millones del Banco Mundial que los diputados aprobaron en el 2020 para financiar el programa Hacienda Digital. El segundo es un financiamiento de $100 millones otorgado por el BID en el 2021 al Ministerio de Justicia y Paz para el programa de seguridad ciudadana y prevención de violencia.
