En los últimos nueve años, las instituciones públicas han tenido que pagar $35 millones en multas por la baja ejecución de obras y programas financiados con créditos internacionales que, debido a lo anterior, presentan retrasos en los desembolsos.
Así se desprende de un informe de la Contraloría General de la República (CGR) que evaluó el poco avance financiero de 18 préstamos que suman un total de $2.982 millones.
Los empréstitos fueron otorgados entre el 2011 y 2022 por entidades multilaterales como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar infraestructura pública o planes de modernización.
Sin embargo, el promedio de avance financiero (desembolso) de dichos empréstitos es de un 45%, de acuerdo con el informe.
La demora ha provocado que entre el 2014 y 2022 las entidades hayan pagado en promedio $4 millones anuales en comisiones financieras por los atrasos, lo que da un total de $35,6 millones en multas en ese periodo.
Multas por baja ejecución
Los contratos que soportan cada crédito contienen pagos de compromiso al acreedor cuando la institución demora cierto tiempo en solicitar los desembolsos. La demora está asociada a la baja ejecución de las obras.
Por esa razón, las entidades pagaron $330.000 en 2014, cerca de $7 millones en 2018 y $6,3 millones en 2021, por citar algunos montos de las sanciones señaladas por la Contraloría.
Al primer trimestre del 2020, el MOPT pagó $530.000 en comisiones por un crédito de $125 millones del BID que financia infraestructura vial en alianza público privada. Este plan tiene una ejecución del 16%.
En tanto, existen dos créditos que presentan un avance financiero menor al 7% y que al mes de setiembre del 2022 habían generado un monto acumulado por comisiones mayor a los $1,1 millones.
Uno de ellos es un crédito por $156 millones del Banco Mundial que los diputados aprobaron en el 2020 para financiar el programa Hacienda Digital. El segundo es un financiamiento de $100 millones otorgado por el BID en el 2021 al Ministerio de Justicia y Paz para el programa de seguridad ciudadana y prevención de violencia.
“El atraso en el avance financiero puede obedecer a muchos factores; en el caso del crédito de Hacienda Digital para el Bicentenario, ha incidido el ataque cibernético a los sistemas del Ministerio de Hacienda y la falta de un director asociado al proyecto”, indica la CGR.
Hacienda Digital es un proyecto para modernizar los sistemas tributarios de Hacienda y tiene un 3,42% de avance financiero.
Otros créditos tienen una baja ejecución a pesar de que se otorgaron desde el 2011. Por ejemplo, el BID concedió en ese año $144 millones para financiar el programa Red Vial Cantonal II, el cual es ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en conjunto con las municipalidades.
Dicho plan tiene un avance financiero del 43%. A la fecha, se han desembolsado $62 millones y quedan pendientes de retiro $82 millones.
En el 2021, el programa sufrió atrasos, de acuerdo con un informe de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, porque parte de las obras fueron adjudicadas a MECO, una de las empresas investigadas por el caso Cochinilla.
Por otra parte, un empréstito por $179 millones otorgado en 2014 por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), para desarrollar el proyecto de energía renovable Borinquen I, en Guanacaste, tiene solo un 16,42% de desembolso por atrasos en las programaciones.
Mientras, un plan de saneamiento de aguas que le corresponde ejecutar al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en Jacó, Quepos, Golfito y Palmares tiene cero avance financiero. Dicho programa se financia con un crédito de $77 millones otorgado en 2019 por el Banco KFW de Alemania.
La CGR no detalló cuánto han pagado por comisión las instituciones por estos tres últimos créditos.
Problema estructural
Paulina Ramírez, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la comisión legislativa de Hacendarios, donde se dictaminan los créditos internacionales, sostuvo que no es de recibo que se paguen altas sumas por multas, atrasos y comisiones en un contexto de alto endeudamiento del Gobierno.
Ramírez atribuyó el problema a la ineficiente ejecución de las instituciones.
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, consideró que la baja ejecución de los créditos externos para inversión se debe a problemas de preinversión. “No se hacen los estudios necesarios y, por lo tanto, se materializan riesgos que atrasan la ejecución. Además, la gestión pública es deficiente”, aseveró.
Al respecto, Elian Villegas, exjerarca de Hacienda, coincidió con Ramírez en que el problema radica en la ineficiencia de las instituciones, aunque admitió que ocurren situaciones particulares como en el proyecto Paacume que pretende llevar agua a 500.000 pobladores de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya, así como atender 18.800 hectáreas para riego en la provincia de Guanacaste.
La administración pasada firmó, en abril del 2022, un empréstito por $425 millones con el BCIE para financiar el plan. No obstante, Villegas comentó que la iniciativa sufrió atrasos por, al menos, tres meses debido a las dudas del actual gobierno sobre cómo darle continuidad.
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“En general creo que hay que darle una revisadita a las distintas instituciones que han tenido la ejecución de los créditos para ver caso por caso por qué se afecta la eficiencia, el desembolso y ejecución de cada uno de los proyectos”, recomendó Villegas.
Laura Fernández, ministra de Planificación, estimó que el problema es estructural por la falta de capacidad de gestión institucional.
“Problemas de coordinación entre distintas instituciones públicas y entre niveles de gobierno, y ausencia en muchas dependencias de capacidades instaladas para desarrollo de las distintas etapas de los proyectos de inversión (desde la preinversión hasta la ejecución de proyectos y su seguimiento)”, apuntó la funcionaria.
Fernández recordó que en la corriente legislativa se discute un proyecto de ley para fortalecer el actual Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) que dirige su cartera, el cual hoy solo cubre al Poder Ejecutivo y sus órganos desconcentrados. La idea es ampliar su jurisdicción al sector descentralizado.
La iniciativa propone, según su texto base, que Planificación decrete la viabilidad de un proyecto de acuerdo con una evaluación técnica.
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