Diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberal Progresista (PLP) y Progreso Social Democrático (PPSD) aprobaron excluir a las universidades estatales y a las municipalidades de las principales regulaciones del proyecto que pretende ordenar la inversión pública.
Su decisión la plasmaron mediante un texto sustitutivo dictaminado, el pasado 10 de agosto, con seis votos favorables en la comisión legislativa de Gobierno y Administración. La propuesta surgió de un informe de subcomisión coordinado por el congresista liberal Luis Diego Vargas.
El nuevo texto también exime al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y al sector descentralizado que incluye a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Aunque estas entidades siguen ligadas a los principios generales del proyecto, se les concedió la facultad de establecer su propia normativa.
Con el ajuste, el foro omite la recomendación de la Contraloría General de la República (CGR) de incluir a todo el Estado en el proyecto que otorga la rectoría en materia de inversión pública al Ministerio de Planificación Nacional (Mideplán).
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Las empresas públicas en competencia como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Nacional de Seguros (INS) ya estaban excluidas desde el texto base presentado por el anterior gobierno. Los diputados extendieron el beneficio a los entes públicos no estatales como los colegios profesionales.
“Se generaron algunas exclusiones que lejos de fortalecer, debilitaron la iniciativa. En lo personal, soy un defensor de las autonomías, pero no pueden malinterpretarse para seguir generando islas y malos usos de los recursos públicos. Todo el sector público debe, al menos, cumplir con el ciclo de vida de los proyectos señalados en el proyecto de ley. De no ser así, el efecto y ordenamiento que se busca, es muy difícil que se logre”, cuestionó el socialcristiano Leslye Bojorges.
A pesar de los señalamientos, Bojorges votó a favor del dictamen, alegando que luego presentaría mociones de ajuste. Con él votaron a favor su compañero de bancada Horacio Alvarado; las liberacionistas Katherine Morera y Rosura Méndez; el liberal Luis Diego Vargas y el oficialista Daniel Vargas.
Alvarado alegó que la exclusión de las entidades obedece a un tema de autonomía administrativa. “Para que no queden por fuera más bien se dejan dentro del ámbito de aplicación de los principios generales y con eso se garantiza que cada quien, en el marco de su propia administración, cumpla con la regulación”, aseguró Alvarado.
Entre los principios generales que estas entidades deberán cumplir figuran la “consistencia” de los proyectos a los planes nacionales de desarrollo; la eficiencia, economía y efectividad de los planes; la transparencia y la rendición de cuentas y gestión de riesgo y sostenibilidad ambiental.
Plan inicial
Al otorgar la rectoría sobre inversión pública a Mideplán, el plan permitía a esta cartera orientar el gasto de todas las entidades en esa materia, administrar el banco de planes de inversión y declarar la viabilidad de cada proyecto, independientemente de sus fuentes de financiamiento (internas o externas).
El texto base pretendía fortalecer el actual Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) que dirige el Mideplán, el cual hoy solo cubre al Poder Ejecutivo y sus órganos desconcentrados. Con la propuesta inicial, Planificación decretaría la viabilidad de un proyecto de acuerdo con una evaluación técnica.
Como ente rector, dicha cartera debía promover “la asignación de recursos necesarios para la adecuada gestión de los proyectos de inversión en todas las fases del ciclo de vida”, según el anterior texto.
Por ejemplo, en el caso de un proyecto de obra pública financiado por medio de un crédito externo, este primero tendría que ser avalado por el Mideplán, para luego recibir el visto bueno del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y del Ministerio de Hacienda y obtener su aprobación final en la Asamblea Legislativa.
Cambios
Contrario al espíritu original del proyecto sobre inversión pública, los diputados del foro de Gobierno y Administración quitaron a Mideplán la cobertura sobre el resto del Estado.
El nuevo artículo 4 del texto indica que en el caso de los poderes Legislativo y Judicial, el TSE, las universidades estatales, la CCSS y las municipalidades y sus empresas, la normativa aplicará en lo concerniente al cumplimiento de los principios generales y a proporcionar la información requerida por Mideplán “para sus estudios, sus registros y seguimiento en el Banco de Proyectos de Inversión Pública”.
“Sin que esto implique sujeción a la rectoría del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, ni contar con avales sectoriales. Las entidades indicadas en este artículo son responsables de emitir sus instrumentos normativos, metodológicos y técnicos en materia de inversión pública de acuerdo a los principios generales establecidos en esta ley. Por consiguiente, son responsables por la calidad e impactos de las inversiones públicas que realicen con los recursos públicos asignados”, indica la iniciativa.
Aún se desconoce si la nueva redacción presentaría una antinomia (contradicción entre dos leyes), dado que el artículo 10 de la Ley N°. 5525 de Planificación Nacional, prohíbe a los ministerios, organismo autónomo o semiautónomo iniciar trámites para obtener créditos en el exterior sin la previa aprobación de Planificación.
