La Contraloría General de la Republica (CGR), sugirió una serie de modificaciones al proyecto de ley que busca otorgar al Ministerio de Planificación (Mideplán) la rectoría sobre toda la inversión pública que hace el Estado.
En un criterio enviado el 2 de junio a los diputados, la CGR recaló la necesidad de poder contar con un órgano que centre estas funciones para que los proyectos de inversión pública cumplan con rigurosidad técnica; sin embargo, señaló que la propuesta presenta deficiencias y vacíos que deben corregirse.
Una de las recomendaciones del ente contralor es ampliar la cobertura de la ley a todo el sector público, mediante un marco orientador que garantice la calidad de los proyectos de inversión, el cual deberá contar con consideraciones para las autonomías de rango constitucional.
Instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), las universidades públicas, así como los supremos poderes y las municipalidades gozan de autonomía o independencia, por lo que el Mideplán debería de darles un tratamiento especial, como sucedió con la Ley de Empleo Público.
El caso de las entidades autónomas, algunos diputados han alegado que el plan podría contraviniendo la Constitución Política al imponer una institución del Ejecutivo como su ente rector en materia de inversión.
El proyecto le daría al Mideplán la potestad de orientar la inversión pública de todas las entidades, administrar el banco de planes de inversión y declarar la viabilidad de cada proyecto, independientemente de sus fuentes de financiamiento (sean internas o externas).
El criterio de Contraloría también sugiere valorar la inclusión de las empresas públicas en competencia, debido a que no encontró ninguna justificación para que estas fueran excluidas del texto del proyecto. Al respecto, señaló que regular dicho sector contribuye con el acceso a la información.
Por otra parte, el órgano contralor expuso que la estructura administrativa para la gestión del Sistema Nacional de Inversión Pública de Costa Rica (SNIP) establece actores y funciones necesarias, pero estas “no son suficientes”.
“El proyecto define roles y responsabilidades de ciertos actores, y para robustecer la gobernanza del SNIP se podría valorar incorporar actores que desarrollan funciones relevantes en los procesos de inversión, por ejemplo, el caso de las secretarías de Planificación Sectorial que tienen roles de seguimiento de proyectos o de apoyo y asesoría al ministro rector para la emisión del aval, o de las unidades de planificación”, indicó la CGR.
Otra de las sugerencias se relaciona con el tema del financiamiento para poner en funcionamiento este sistema en el Mideplán. La Contraloría recomendó implementar una presupuestación plurianual para contribuir al equilibrio y sostenibilidad fiscal del país.
En su criterio, el ente contralor solicitó que se cree una vinculación de este sistema con la estrategia de administración de deuda pública, para que en el futuro se logre determinar las necesidades de financiamiento en condiciones de costo favorables, así como riesgos aceptables y controlables.
Para la CGR, también resulta fundamental que el sistema proporcione los registros y cifras fiscales disponibles y actualizadas sobre el endeudamiento contratado para el financiamiento de inversiones.
“El presente proyecto de ley representa un avance relevante para el país en materia de inversión, por lo que se insta a revisar el texto en línea con lo ya expuesto y reforzar los elementos necesarios para que la Ley del SNIP sea robusta frente a los desafíos de los nuevos esquemas de inversión pública”, agregó la CGR.
Este 11 de mayo, el gobierno de Rodrigo Chaves convocó este proyecto de ley, que fue planteado por el expresidente Carlos Alvarado en abril del 2021.
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