El gobierno de Rodrigo Chaves convocó, para el actual periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley planteado por el expresidente Carlos Alvarado para otorgar al Ministerio de Planificación (Mideplán) la rectoría sobre toda la inversión pública que hace el Estado, salvo en el caso de las empresas públicas en competencia.
En consecuencia, le correspondería al Mideplán orientar la inversión pública de todas las entidades, administrar el banco de planes de inversión y declarar la viabilidad de cada proyecto, independientemente de sus fuentes de financiamiento (sean internas o externas).
El texto enviado a la corriente legislativa a finales de abril del 2021 (expediente 22.470) fortalecería el actual Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) que dirige el Mideplán, el cual hoy solo cubre al Poder Ejecutivo y sus órganos desconcentrados.
Con la reforma, la rectoría se ampliaría a los poderes Legislativo y Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y a las dependencias y órganos auxiliares de estos. Además, abarcaría a la Administración descentralizada: instituciones autónomas (universidades públicas, Caja Costarricense de Seguro Social y municipalidades) y semiautónomas.
Según el plan, el Mideplán decretará la viabilidad de un proyecto de acuerdo con una evaluación técnica.
Además, el rector deberá promover “la asignación de recursos necesarios para la adecuada gestión de los proyectos de inversión en todas las fases del ciclo de vida”, reza el texto.
Por ejemplo, en el caso de un proyecto de inversión en obra pública financiado por medio de un crédito externo, primero tendrá que ser avalado por el Mideplán, para luego recibir el visto bueno del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y del Ministerio de Hacienda hasta que logre su aprobación en la Asamblea Legislativa.
La iniciativa acuerpada por Chaves define la etapa de vida de un proyecto de inversión. Este contiene las fases de preinversión, inversión y postinversión.
La primera comprende de cuatro etapas, como lo son el desarrollo de la idea y un perfil, la prefactibilidad y factibilidad. “En esta fase se realiza la evaluación ex ante de los mismos, su aval técnico y la declaratoria de viabilidad. Los estudios de preinversión sustentan la evidencia de la intervención, la concepción técnica y el presupuesto, la modalidad de financiamiento, la localización y el dimensionamiento del proyecto, la evaluación económica de costo beneficio, cuando así corresponda; además de su organización y gestión.
“En esta fase, se verifica que los proyectos sean rentables socialmente, sostenibles y consistentes con las políticas nacionales correspondientes, debiendo contar con el aval técnico y el aval sectorial como requisito previo para su declaración de viabilidad.
“Únicamente se podrán asignar fondos públicos e iniciar la fase de inversión, de los proyectos de inversión pública que cuenten con declaratoria de viabilidad por parte de Mideplán o la instancia delegada para tal fin.
“En esta fase, se deberá promover la evaluación y análisis de los proyectos de inversión pública para ser desarrollados mediante asociaciones públicas privadas, en todos los proyectos que presenten condiciones para ser financiados por esta modalidad”, dice la propuesta.
En tanto, la fase de inversión se inicia luego de la declaratoria de viabilidad del proyecto. Comprendería el diseño, financiamiento, licitación, adjudicación y ejecución.
“En esta fase, se realiza el seguimiento de la ejecución del proyecto de inversión, definido en el reglamento de la presente ley; así como la evaluación final o de cierre”.
Por su parte, la fase de postinversión comprende la preoperación y operación del proyecto de inversión pública. “En esta fase, los proyectos de inversión pública pueden ser sujetos de evaluación ex post, con el fin de obtener lecciones aprendidas que permitan mejoras en futuros proyectos”, explica el proyecto de ley.
La idea del plan es darle mayor calidad a las inversiones públicas y, por consiguiente, que tenga mayor durabilidad. Además, que se garantice cohesión social, se mejore la competitividad y que no erosionen las finanzas públicas.
“La teoría económica y la evidencia de las políticas económicas destacan la importancia de la inversión pública como motor de crecimiento económico de un país. Más aún, el impacto económico y social que genere la inversión pública dependerá de qué tan eficiente sea la gestión de las mismas”, reza la justificación del proyecto.
Para el caso latinoamericano, un estudio desarrollado por el BID (Banco InNteramericano de Desarrollo, 2019) encuentra que, “para la mayoría de los países de la región, la calidad de la infraestructura se encuentra por debajo de lo que cabría esperar dado su nivel de stock de capital”.
“Además, los países analizados podrían aumentar la calidad de su infraestructura en más de 30% con el mismo nivel de gasto público. En otras palabras, el limitado desempeño económico de largo plazo en la América Latina y el Caribe frente a otras economías se debe al bajo nivel del rendimiento medio del capital y la media o baja calidad de la inversión”, dice la justificación del texto.
Para el año 2010 la inversión pública era poco menos de ¢100.000 millones. Luego creció de manera constante hasta el 2016, cuando alcanzó un máximo de ¢478, 310 millones, para luego caer a ¢252, 256 millones en 2019.
