Laura Fernández, jerarca del Ministerio de Planificación, les solicitó a los diputados avanzar con el proyecto de ley que daría a su cartera la rectoría sobre todos los proyectos de inversión pública que se emprenden en el Estado, incluyendo instituciones autónomas y poderes de la República. Solo quedarían por fuera las iniciativas de empresas públicas en competencia.
Este proyecto, que fue presentado por el expresidente Carlos Alvarado, le asignaría al Mideplán la responsabilidad de revisar los planes de inversión pública y declarar la viabilidad de cada proyecto.
“El banco de proyectos de inversión pública ya existe, ya funciona y lo único que necesitamos es un empujón legislativo para que los que no registran empiecen a registrar. Nuestras metodologías y lineamientos ya están construidos por la casa, lo que necesitamos es ampliar el marco de cobertura”, aseguró Fernández ante la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa.
Según argumentó Fernández, hoy el sistema nacional de inversiones del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) cobija a una porción muy pequeña de las instituciones.
“Las instituciones (no incorporadas) están planificando inversiones brincándose los lineamientos que da Mideplan, haciendo incluso hasta imprecisiones conceptuales básicas de formulación de proyectos; no nos reportan sus datos de inversión, se saltan los criterios del banco inversión pública.
“Entonces, lo que necesitamos de ustedes, señores diputados, con el mayor de los respetos, es que nos colaboren como institución, con un instrumento legal que nos permita robustecer el mandato que ya la ley 5525 (Ley de Planificación Nacional) nos dio, pero que es un mandato muy general, un mandato que nosotros hemos tratado de fortalecer por la vía reglamentaria, pero sin lugar a dudas lo reglamentaria no es suficiente”, comentó la ministra.
En su intervención, Fernández aseveró que la situación actual la han llevado a firmar informes de seguimiento para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sin tener datos consolidados.
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Cuestionamientos de diputados
El plan propone que todo proyecto de inversión pública lleve la debida autorización de este ministerio, que ejercería como rector; sin embargo, cuatro diputados expresaron dudas.
La diputada Rosaura Méndez, el Partido Liberación Nacional (PLN), aplaudió el fin del proyecto de “ordenar la casa”, pero teme roces con la Constitución Política.
“Para mi es preocupante que nosotros vengamos aquí a quitarle cualquier autoridad a una institución que tiene el criterio técnico de en qué se necesita invertir, y simplemente el Mideplán, que no conoce la escena o el arte del proyecto (en que se va a invertir), pueda tomar esas decisiones” , manifestó.
Antonio Ortega, diputado del partido Frente Amplio, dijo: “Estoy casi seguro de que, en los próximos días, aquí vamos a tener instituciones que se van a declarar en contra, alegando al tema de la autonomía y el tema constitucional; entonces, yo creo que ya sabiendo que eso va a pasar y en esta primera audiencia, es bueno que nos puedan despejar algunas dudas”, aseveró.
Lesly Bojorges, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), mencionó que jurisprudencia de la Sala Constitucional dice que el Mideplán no puede ser rector de instituciones autónomas y supremos poderes.
“Me preocupa poder avanzar en este proyecto, que me parece bien, pero me preocupa avanzar y llegar ahí, a ese primer debate, y que la Sala Constitucional, con está jurisprudencia que ya tenemos, lo vaya declarar en inconstitucional y que no lo podamos lograr que la ley sea efectiva. Me gustaría saber qué podemos prever para lograr alcanzar esta ley”, dijo el socialcristiano.
Por su parte Antonio Alvarado, diputado de la bancada del PUSC, también cuestionó el tema de autonomía.
Ante los cuestionamientos, la ministra de Planificación argumentó que poseen criterios jurídicos institucionales que garantizan la constitucionalidad de la propuesta, e indicó que ampliaría sus respuestas de forma escrita para aclarar las dudas de los diputados.
“Este proyecto de ley, antes de que ingresara a la corriente legislativa, fue ampliamente estudiado respecto a las autonomías del Gobierno establecidas en la Constitución; no queremos que transgreda la autonomía, porque no le estamos diciendo a las instituciones con autonomía de gobierno, como las universidades o las municipalidades, en qué invertir su dinero, lo que les estaríamos diciendo es cómo hacerlo”, aclaró Hernández.
