Los partidos Liberación Nacional (PLN), Liberal Progresista (PLP) y Unidad Social Cristiana (PUSC) buscarán los votos necesarios para resellar el proyecto destinado a sacar a Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal con la Unión Europea (UE).
Este proyecto fue vetado parcialmente por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, debido a su desacuerdo con una reforma al artículo 1 de la Ley de Impuesto sobre la Renta.
Dicho cambio impediría a Tributación Directa gravar las ganancias que personas y empresas reales obtengan en el exterior, aun si el capital invertido fue generado en Costa Rica.
Óscar Izquierdo, jefe de fracción del PLN, afirmó que lo urgente es sacar a Costa Rica de la lista negra, por los efectos que este estatus tiene sobre el clima de inversiones y de comercio.
Además, negó que el proyecto exonere de impuestos a empresas, como lo sugirió el mandatario. En su criterio, más bien, Chaves busca crear un nuevo tributo con la contrapropuesta que envió como parte del veto.
Eliécer Feinzaig, jefe de bancada del PLP, argumentó que, según la Unión Europea, Costa Rica tiene una discrecionalidad administrativa nociva por la discrepancia entre lo que señala el artículo 1 de la Ley de Impuesto de Renta y resoluciones de las salas I y IV, que avalaron el cobro de tributos sobre rentas generadas fuera del territorio nacional.
Sostuvo que, además de resolver esa discrepancia, el proyecto atiende los otros puntos señalados por la UE, pues pone a tributar a las empresas de papel que ciudadanos europeos instalan aquí para evadir impuestos en sus países de origen, aprovechando el principio de territorialidad tributaria de Costa Rica.
Adicionalmente, expuso Feinzaig, el plan introduce elementos para definir cuáles son empresas de papel y cuáles tienen una verdadera actividad económica en Costa Rica. “Vamos a buscar el resello por todos los medios”, afirmó el legislador.
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Daniela Rojas, diputada del PUSC que presidió la comisión que dictaminó el proyecto, coincidió con Feinzaig en que la Unión Europea llamó la atención sobre la discrecionalidad administrativa, por lo que aboga por traer seguridad jurídica al respecto.
Mientras, el jefe del PLN expresó su determinación de buscar los 38 votos necesarios para el “resello” del proyecto. Señaló que, si no logran el respaldo requerido, el país afrontará una situación complicada, pues permanecería en la lista negra al menos por seis meses más.
El proyecto contó con el apoyo de PLN, PUSC, PLP y del Partido Nueva República, que entre todos suman 41 votos. Sin embargo, el liberacionista José Joaquín Hernández votó en contra.
Por su parte, el Gobierno dispone de 16 votos aportados por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y el Frente Amplio (FA), más el eventual apoyo de Hernández.
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Después de un veto, hay tres caminos: resellar con 38 votos, aceptar la contrapropuesta del Gobierno o archivar el proyecto.
Rojas sostuvo que aceptar la contrapropuesta de Chaves equivale a aprobar el esquema de renta mundial, en el que las personas y empresas deben pagar impuestos sobre la totalidad de sus ingresos, independientemente del país en que los generaron.
La contrapropuesta definiría como ingresos de fuente costarricense no solo los generados en el territorio nacional. El presidente planteó que, de si los ingresos generados en el país, se derivan otras rentas en el extranjero, estás también serán gravadas.
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Pelota está en cancha de ellos, insinúa Cisneros
La diputada Pilar Cisneros, representante oficialista, considera que es responsabilidad de la oposición buscar los votos necesarios para el “resello”, ya que el Poder Ejecutivo mantiene su posición del veto parcial.
Cisneros advirtió de que el artículo 127 de la Constitución establece que, si no se acepta el veto y no se obtienen los votos para el “resello”, el proyecto se archivará y no podrá ser reconsiderado hasta la próxima legislatura, después del 1.° de mayo del siguiente año.
Esto podría tener consecuencias negativas al mantener a Costa Rica en la lista negra de naciones no cooperativas en materia tributaria de la UE, añadió Cisneros.
El Gobierno no objetó el resto de la iniciativa, destinada a evitar la doble no imposición de impuestos en dos países diferentes.
Las empresas de papel, que no tienen una actividad económica real, serían gravadas con impuesto de renta por sus ganancias en el exterior, lo que incluye ganancias de inversiones bursátiles, dividendos, bonos, intereses y bienes inmuebles.
Abrir discusión aparte, pide PLN
El diputado Izquierdo reiteró su propuesta de aprobar la ley como salió del Congreso y luego crear una comisión especializada para abordar la discusión sobre el tipo de renta que el país necesita .
No obstante, esta idea no es aceptada por Pilar Cisneros.
“Si lo aprobamos así y es ley, ya es muy difícil que echen marcha atrás. Nosotros propusimos sacar del texto esa reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta y, estudiarla luego en la comisión especializada que propuso Óscar Izquierdo, y no quisieron”, afirmó Cisneros.
