Uno de los voceros del grupo de diputados autodenominado “provida” afirmó este viernes, durante una conferencia de prensa, que bloquearán proyectos de ley impulsados por el gobierno, en respuesta a la firma de la norma técnica que regulará los procedimientos de interrupción del embarazo cuando peligren la vida o la salud de la madre.
“No crea, presidente, que este parlamento le va a dar sello libre para todos los proyectos que tienen que pasar. El irrespeto que usted ha tenido para el Poder Legislativo al firmar esta norma, tarde o temprano, se lo vamos a cobrar”, aseguró el independiente Erick Rodríguez Steller.
El congresista añadió que el grupo no es pequeño en el plenario; dijo que sus integrantes constituyen mayoría y que hay muchos proyectos en los que el Ejecutivo los va a necesitar, como el plan para obtener financiamiento internacional mediante la colocación de eurobonos.
Para endeudarse en el exterior, el gobierno requiere de 38 de 57 votos en el Congreso y, para el 2020, Casa Presidencial solicita una nueva emisión de eurobonos, después de los $1.500 millones de este año, a fin de reducir el costo de la deuda pública.
Rodríguez Steller hizo el anuncio en una conferencia donde compartió micrófono con otros voceros de ese grupo parlamentario, como Shirley Díaz, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Jonathan Prendas, del bloque independiente Nueva República; y Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC).
Aunque Díaz evitó decir si comparte o no lo dicho por Rodríguez Steller, sí destacó la amplia participación de legisladores en el grupo y alegó que el bloque está dispuesto “a llevar adelante lo que sea necesario para hacer conciencia” de lo que consideran erróneo en la norma terapéutica.
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Para las actuales sesiones extraordinarias del Congreso, que se extienden de diciembre a abril, el Ejecutivo pretende sacar adelante una agenda de proyectos de transformaciones en el Congreso, lo que incluye reformas a empleo público y pensiones de lujo, así como refundición de instituciones y flexibilización de las jornadas laborales.
“El bloque provida está conformado abiertamente por 30 diputados, pero creemos que hay más. No estamos hablando de acciones concretas que vamos a tomar; las acciones se van a manifestar en su momento”, dijo la socialcristiana durante la conferencia.
Consultada por los medios de comunicación, se negó a decir esas acciones y alegó que se darán a conocer cuando se tomen.
Incluso, más tarde este viernes, consultada por vía telefónica por La Nación, la diputada: “Yo lo que puedo decir es que hay malestar generalizado, una inconformidad muy grande. El grupo de diputados provida está incómodo e indignado”.
La reacción de los legisladores llegó a pocas horas de que el presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó el jueves por la noche la norma técnica, con base en el artículo 121 del Código Penal, el cual establece que “no es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y este no ha podido ser evitado por otros medios”.
Según el Ministerio de Salud, la norma es un procedimiento médico estandarizado sobre cómo abordar lo establecido en el Código Penal y respeta la objeción de conciencia, es decir, se respeta la decisión de un médico de abstenerse de realizar el procedimiento por razones éticas o religiosas.
La norma técnica se aplicará, por ejemplo, para casos de mujeres con patologías o enfermedades como los embarazos ectópicos (cuando el óvulo fecundado anida en una de las trompas de falopio), enfermedades del corazón y riñón graves, así como tumores en el interior del útero e infecciones de la placenta y del líquido amniótico.
En la conferencia de prensa de los diputados, también estuvieron presentes una vocera de Médicos por la Vida, uno de Juristas por la Vida, un pastor y un vocero de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, quien habló en nombre de la Iglesia católica.
“Viendo a los ojos al presidente, a través de las cámaras, le digo que usted es una vergüenza nacional, tiene a Costa Rica de luto, polarizada”, dijo el fabricista Jonathan Prendas, quien alegó que la norma técnica sobre interrupción del embarazo, en casos de peligro para la vida o salud de la madre, es ilegal e inconstitucional.
Según el fabricista, el próximo gobierno derogará esa norma firmada por Carlos Alvarado, por lo que adujo que solo le quedan a ese documento 28 meses y 25 días de vigencia.
Aunque Prendas evitó, en conferencia de prensa, sintonizar con Erick Rodríguez, dijo que el electorado eligió un “plenario con mayoría singnificativa conservador, provida y lúcido”.
“Vamos a hacer todas las acciones en el Poder Judicial para que el presidente no pueda lograr esta intromisión de poderes. Aquí en la Asamblea, la intromisión la hizo el presidente al hacer algo que es reserva de ley y eso no se va a pasar por alto”, advirtió.
Por su parte, el republicano Otto Roberto Vargas dijo que con la norma técnica se quería “traer a nuestro país el holocausto nazi” y adujo que esa decisión presidencial llenará los cementerios de niños abortados.
