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Este martes, luego de intensos pulsos en el plenario, los diputados aprobaron en segundo debate el proyecto de ley que le permite al Gobierno colocar títulos valores en el mercado internacional, hasta por $1.500 millones, para reducir el costo de la deuda pública y la presión sobre las tasas de interés.
El proyecto tuvo 43 votos a favor y 7 en contra, seis del bloque independiente fabricista y uno del Partido Republicano. Los fabricistas alegaron que no se le debe dar una herramienta como esa al Ejecutivo para que la derroche.
Se pronunciaron en forma positiva 15 legisladores de Liberación Nacional (PLN), nueve de Acción Ciudadana (PAC), ocho de la Unidad Social Cristiana (PUSC), cinco de Restauración Nacional (PRN), tres de Integración Nacional (PIN), uno del Republicano Social Cristiano (PRSC), uno del Frente Amplio y un independiente.
Los legisladores a favor destacaron que ahora el Gobierno pueda utilizar esos eurobonos para sustituir deuda cara por deuda externa con mejores condiciones que la interna.
Originalmente, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, había solicitado un permiso de colocación de eurobonos de hasta $6.000 millones para un periodo de cuatro años, pero la Comisión de Económicos, a instancias del Partido Liberación Nacional (PLN), lo redujo a $1.500 millones.
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La ventaja que proporcionan los eurobonos es que las tasas de interés en el extranjero son mucho más baratas que las locales y que el endeudamiento se paga a un mayor plazo, porque el mercado internacional es amplio, competitivo y flexible.
Según Hacienda, lo más importante para el Gobierno es que se le quitaría presión a la economía nacional, especialmente en las tasas de interés para créditos locales.
Sin los eurobonos, de acuerdo con el gobierno, las tasas locales podrían aumentar en 2,35 puntos porcentuales y eso provocaría que 8.500 créditos existentes entren en mora, a la vez que habría menor apertura a nuevos préstamos y presión sobre el tipo de cambio del dólar.
Antes de la votación definitiva, el socialcristiano Pedro Muñoz dijo que, tal como lo dijo el oficialista Luis Ramón Carranza, “la política es el arte de lo posible”, por lo que el acuerdo para un monto reducido es el que permitió que la iniciativa se votara con más de los 38 votos requeridos.
Pedro Muñoz dijo que la Unidad daba su voto pese a que ni la Caja Costarricense de Seguro Social, ni las universidades públicas quieren cumplir con la regla fiscal establecida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
También, dijo que avalaban los eurobonos a pesar de los gastos de la Casa Presidencial en publicidad y de que “Acueductos y Alcantarillados es un fracaso”, y a pesar de que no se han hecho reformas estructurales en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).
El oficialista Carranza destacó, recordando palabras de Welmer Ramos, que los eurobonos permitirán un ahorro para el Gobierno de al menos ¢18.000 millones.
“¿Cuánto podría invertir el Estado en recursos para salir adelante con este ahorro?”, aseguró el legislador del Partido Acción Ciudadana.
El presidente de la Comisión de Económicos, el liberacionista Roberto Thompson, manifestó que los diputados han sido responsables desde la discusión del plan fiscal y, ahora, con los eurobonos.
“La experiencia que hemos tenido con el préstamo del Teatro Nacional nos debe obligar a escuchar mucho más y buscar espacios de consenso”, destacó.
Añadió que no se trata de un nuevo endeudamiento, sino de un instrumento para mejorar las condiciones de una deuda que está ahogando al país.
La vocera del bloque independiente fabricista, Carmen Chan, alegó que su grupo no apoya los eurobonos porque, según ella, eso no va a resolver la crisis económica,
"mientras el Gobierno no aplique una verdadera contención del gasto público y promueva alternativas de reactivación económica".
"No se le ha hablado claro a la ciudadanía, no se ha actuado con transparencia. Los eurobonos implican pagar una comisión bancaria de $45 millones a favor del banco que los colocaría por concepto de intermediación", dijo la puntarenense.
Adujo que las tasas de interés aprobadas están por encima de las internacionales y dijo que la posibilidad de que el Ejecutivo cuente con instrumentos como este permitiría esquemas de refinanciamiento sin controles claros y visibles.
Agregó que el plan permitiría que “se siga gastando a manos llenas”.
