Caso UPAD: Defensores de Carlos Alvarado rebaten método de Fiscalía para analizar celulares decomisados

Los abogados del presidente Carlos Alvarado presentaron un recurso de apelación para evitar que los datos extraídos de los dispositivos del mandatario por la investigación de la UPAD, como son celulares y computadoras, se analicen con el método propuesto por la Fiscalía.

De acuerdo con los defensores, dicho procedimiento “va en contra de principios y garantías constitucionales, y establece una carga que constitucionalmente no es correcta al lado de los investigados”.

Así lo indicó el abogado de Alvarado, Róger Guevara, ante una consulta de La Nación, luego de confirmar que la tarde de este viernes concluyó la audiencia de apertura de los artefactos electrónicos decomisados al presidente y demás investigados por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

“Hoy terminamos dos semanas que se habían programado de audiencia para la apertura y el respaldo forense de toda la información que estaba en estos aparatos telefónicos, llaves USB, computadoras, relojes inteligentes, etcétera, de todos los investigados, incluyendo los del señor presidente”, señaló Guevara.

De acuerdo con el defensor, la diligencia comenzó el pasado lunes 11 de enero y finalizó a las 4:40 p. m. de este viernes. Además, precisó que, durante las dos semanas, “hubo algunas discusiones jurídicas”.

“Se tomaron las decisiones que el juez tenía que adoptar,. Apelamos una de ellas, no solo nosotros en representación de don Carlos, sino otros abogados defensores, en representación de sus representados, presentaron similares apelaciones, sobre todo en relación con una decisión que tomó el juez hoy (viernes 22 de enero)”, dijo.

El abogado explicó que dicha decisión se refiere a la forma en que el juez decidió autorizar el acceso a la información por parte del Ministerio Público, el cual presentó este jueves una propuesta que los defensores consideran “va en contra de las disposiciones que la Sala III ha dispuesto”.

Ahora, dicha apelación tendrá que ser conocida en una próxima audiencia ante la Sala III para que esta establezca si la metodología propuesta por el Ministerio Público es acorde con la protección que da el artículo 24 de la Constitución Política a la confidencialidad e intimidad de las personas.

“El Ministerio Público planteó un protocolo que ellos consideraban podía aplicarse en este caso en particular, casi que un proceso ad hoc, que no se ha aplicado en el pasado en ningún procedimiento. Por lo menos yo, en 20 años de ejercicio, no lo he visto.

“Nos parece que va en contra de lo que ya dispuso la Sala Constitucional, que es que las partes establezcamos descriptores que permitan, mediante las buenas prácticas forenses y los softwares forenses, discriminar con base en esos descriptores la información que no tiene relación con el caso ni los investigados”, explicó el abogado.

Guevara afirmó que lo que buscan es que la Fiscalía solo tenga acceso a aquella información que sea absolutamente indispensable, estrecha y directamente vinculada con el caso investigado, y no que se tenga acceso a toda la información que está en los dispositivos de los implicados.

“Nosotros lo que estamos pidiendo es que se apliquen los mismos criterios forenses que se aplican a cualquier otro caso y con la intervención del juez de garantía”, añadió.

El defensor indicó que la justificación que brindó la Fiscalía para realizar el procedimiento de esta manera es porque se trata de “una gran cantidad de información”, pero resaltó que está seguro de que este no es el primer caso donde se analizan tantos datos.

“Ellos dicen que por practicidad y agilidad, pero, bueno, ni la practicidad ni la agilidad significan vulnerar garantías constitucionales y el derecho de defensa y el debido proceso, sobre todo el derecho que tiene cualquier persona investigada a la protección de su intimidad.

“Yo creo que es importante resaltar que existe una resolución dentro de este proceso, que la misma Sala III indicó, sobre que aunque haya sido secuestrada la información, no significa que haya perdido su carácter de confidencial, sino por el contrario, en esta etapa debe garantizarse que el acceso se dé conforme a los parámetros institucionales”, finalizó.

Por el momento, el presidente Carlos Alvarado seguirá sin sus dispositivos y las autoridades tendrán que analizar la información en estos por medio de las copias forenses realizadas durante las últimas dos semanas.

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