Política

¿Cuántos cargos debe nombrar cada nuevo gobierno?

Los nombramientos comienzan en el círculo más cercano al presidente de la República y se extienden a ministerios, instituciones descentralizadas e, incluso, a representaciones en el exterior

El próximo presidente de la República, que se definirá en la segunda ronda electoral entre los candidatos José María Figueres y Rodrigo Chaves, tendrá que armar un equipo de cerca de 1.000 personas para conformar el gobierno del periodo 2022-2026.

Son nombramientos en puestos clave que contemplan los cargos de ministros, viceministros, presidentes ejecutivos, gerentes, directores, embajadores, jerarcas con cargos especiales, miembros de juntas directivas, asesores y personal de apoyo.

Las áreas de conocimiento deseables en esos futuros funcionarios públicos van desde las más habituales, como educación, seguridad, política, finanzas, obras públicas, planificación, ambiente y cultura, hasta otras impensadas como inteligencia o energía atómica.

Así se desprende de un recuento de los cargos políticos de cada uno de los ministerios, instituciones, órganos y consejos que conforman el sector público, según la estructura actualizada por el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán) a febrero de 2022.

Los nombramientos comienzan en el círculo más cercano al presidente de la República con los 23 ministros que acompañarán al mandatario en el Consejo de Gobierno. Estos son los jerarcas de sus respectivas instituciones públicas, como los ministerios de Hacienda, Educación Pública, Salud, Presidencia, entre otros.

De la misma manera, el presidente debe designar a los viceministros que cooperan con los altos jerarcas en enfoques específicos dentro de sus respectivas instituciones. Por ejemplo, los viceministros de Ingresos y Egresos del Ministerio de Hacienda, quienes titulan junto al ministro esas áreas esenciales de esa entidad.

En la administración actual hay 39 viceministerios, no obstante, el Poder Ejecutivo puede aumentar o suprimir plazas.

Las nuevas autoridades también tendrán la tarea de ocupar las 222 plazas de confianza que conforman el equipo asesor de Presidencia. Se nombran abogados, economistas, politólogos, comunicadores, investigadores sociales, asistentes, secretarias, entre otros.

El ministro y viceministros de la Presidencia, así como el jerarca de Comunicación y la primera dama también pueden tener personal asignado dentro de las plazas de confianza contratadas en Casa Presidencial. Igualmente, desde Zapote se lideran proyectos interinstitucionales en los que colaboran dichos asesores.

Asimismo, el mandatario deberá designar a funcionarios de entes adscritos a Presidencia, como el director y subdirector de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), y al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Aunque no es un puesto directo de Casa Presidencial, el próximo Consejo de Gobierno también tendrá que renovar el cargo del procurador general de la República, designación que debe ser ratificada por la Asamblea Legislativa.

Ese funcionario es nombrado por períodos de seis años y corresponderá a la nueva administración hacerlo en el primer año de gobierno. Lo mismo ocurrirá con el regulador general de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), nombramiento que también puede ser objetado en el Congreso.

Los ministros también tienen la libertad de remover, nombrar o reelegir un total de 175 directores de áreas o departamentos, los cuales ostentan puestos del régimen de confianza.

El futuro jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP), por ejemplo, está autorizado para designar a las personas que considere idóneas para 16 áreas, según el organigrama institucional.

Lo mismo con los 24 cargos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), entre los que se encuentran el director general de la Policía de Tránsito, así como los directores regionales, entre otros mandos medios. Lo mismo sucede con las jefaturas policiales del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

Adicionalmente, cada institución puede nombrar hasta 10 asesores personales de ministros y viceministros, de acuerdo con el Estatuto de Servicio Civil. La nómina debe distribuirse entre esos jerarcas.

Dichas designaciones, sin embargo, pueden estar restringidas por la asignación presupuestaria. Incluso, algunos ministerios actualmente tienen una cifra mucho menor. No obstante, el número máximo podría ascender a 210 nombramientos.

Existen otras designaciones de directores, subdirectores y presidentes de órganos de desconcentración adscritos a los ministerios. Entre estos entes están: Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), Dirección General de Servicio Civil (DGSC), Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), Cen-Cinái, así como decenas de centros históricos y museos a cargo del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ).

Son 37 nombramientos, que también quedan a criterio de los ministros del área. Existe una mayor cantidad de entes adscritos a ministerios, sin embargo, en algunos casos los cargos de poder son designados por juntas o consejos directivos.

El próximo gobernante también deberá designar a las 18 presidencias ejecutivas de instituciones autónomas y empresas estatales, entre los que se encuentran los jerarcas del Banco Central de Costa Rica (BCCR), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), los institutos Costarricense de Electricidad (ICE), Acueductos y Alcantarillados (AyA), Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), o el Consejo Nacional de Producción (CNP) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

Estos jerarcas, a su vez, también pueden contratar asesores personales en cargos de confianza. No obstante, distinto a los ministerios, la legislación no prevé una norma que permita obtener un estimado. Asimismo, pueden designar personal de confianza en jefaturas y puestos gerenciales, aunque eso depende de la reglamentación interna de cada institución. Algunos de esos cargos son nombrados por juntas o consejos directivos.

Las designaciones del Consejo de Gobierno también se extienden a las juntas directivas de esas instituciones públicas, otros órganos y comisiones especiales. La cifra de directivos por elegir asciende a 190, la cual solo incluye a personas que deberán ser nombradas en 2022 por el Consejo de Gobierno, ministros o presidentes ejecutivos, según las leyes constitutivas y orgánicas de cada uno de los aparatos.

El dato excluye decenas de nombramientos de sectores que también deben hacerse este año, pero que el Consejo de Gobierno escoge a partir de ternas presentadas por entes municipales, sociales, productivos, empresariales, entre otros.

Entre estos nombramientos destacan tres de los siete miembros de las juntas directivas del Banco Nacional (BN) y el Banco de Costa Rica (BCR), quienes permanecen en sus cargos por períodos de ocho años. También los dos representantes del Estado ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Asimismo, los tres cargos directivos que deben renovarse en algunas instituciones autónomas y empresas estatales como el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Instituto Nacional de Seguros INS), y la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

Cada una de las instituciones puede tener reglas propias para la designación del resto de directivos, así estipuladas por sus leyes constitutivas u orgánicas. En algunos casos, la renovación de los cargos restantes ocurrirá a mitad de gobierno, en otros, se deberá nombrar un miembro nuevo cada año. También sucede que hay algunos cargos directivos que permanecerán en sus cargos durante todo el periodo, pues corresponderá hasta el siguiente gobierno su renovación.

Además, en cada ministerio existen órganos y comisiones conformados por juntas directivas. Solo el Ministerio de Cultura debe asignar 41 directivos para los órganos administradores de museos, teatros, arte, música, entre otros.

También existen instituciones semiautónomas, en las cuales el Consejo de Gobierno debe designar algunos miembros de juntas directivas, como los cuatro representantes de la Comisión de Energía Atómica (CEA), dos miembros de la Oficina Nacional de Semillas (ONS) y uno de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur).

El Consejo de Gobierno también tiene la potestad de hacer nombramientos en algunas de las 42 embajadas de Costa Rica en el exterior.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC), actualmente hay 11 embajadores que son de carrera diplomática. “Se espera que la cuota se mantenga o se alcance un mayor número de estos nombramientos”.

La Cancillería detalló que las autoridades entrantes podrán renovar los nombramientos de 31 embajadas, a cuyos jefes diplomáticos se les vence el nombramiento en el segundo semestre del año. El Consejo de Gobierno puede hacer nombramientos políticos “solo de forma excepcional y por razón de inopia”, señaló el Ministerio.

El Poder Ejecutivo también debe escoger a los tres representantes del país ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

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