Esteban Oviedo. 14 mayo
El diputado Enrique Sánchez (derecha) apoya el proyecto. Junto a él, la diputada Laura Guido, también del PAC. Foto: Marcela Bertozzi/Agencia Ojo por Ojo
El diputado Enrique Sánchez (derecha) apoya el proyecto. Junto a él, la diputada Laura Guido, también del PAC. Foto: Marcela Bertozzi/Agencia Ojo por Ojo

Costa Rica le informó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que prepara un proyecto de ley para combatir los crímenes de odio.

Se trata del expediente 20.174, mediante el cual se sancionarían todas las formas de discriminación, racismo e intolerancia, tanto en el ámbito público como el privado.

El objetivo del proyecto es prevenir y castigar las exclusiones fundamentadas, por ejemplo, en razones de nacionalidad, sexo, origen étnico racial, color, orientación sexual, idioma, religión, afiliación gremial, opiniones políticas, posición socioeconómica, condición migratoria o discapacidad.

El proyecto fue citado este lunes por la delegación costarricense que asistió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU) en Ginebra, Suiza, al cual acudieron los países miembros a rendir su Examen Periódico Universal de derechos humanos.

Así lo reportó el Consejo de Derechos Humanos en la red social Twitter.

La delegación costarricenses estuvo integrada por la ministra de Comunicación, Nancy Marín; el diputado del PAC y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Enrique Sánchez; y la embajadora de Costa Rica ante los organismos de la ONU en Ginebra, Elayne White.

Este proyecto de ley fue presentado en noviembre del 2017 por diputados de Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Frente Amplio (FA).

El proyecto castigaría con una pena de seis meses a dos años de cárcel a quienes integren organizaciones que se inspiren “en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o cuyo fin sea promover el odio y la discriminación basada en motivos raciales, de nacionalidad, religión, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión del género, opinión política, origen social, posición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad o características genéticas”.

La misma pena se impondría a quienes promuevan el odio contra algún grupo.

La sanción sería de dos a tres años para el que, al reproducir las expresiones, “manifieste su apoyo al llamado al uso de la violencia, al odio o a la discriminación”.

Asimismo, la pena por discriminación, establecida actualmente en el Código Penal, sería elevada. Hoy, es de 20 a 60 días multa. Con la reforma, sería de seis meses a dos años y hasta tres años cuando sean cometida por el gerente, el administrador o director de una institución pública.

Además, los jueces podrán imponer medidas de reparación.

La delegación costarricense también le informó a la ONU de que, recientemente, dio inicio al proceso de ratificación de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia.

La ministra de Comunicación también reportó los avances que presenta el país en el desarrollo de la norma técnica sobre aborto terapéutico y en la autorización de la pastilla del día después.

Durante la exposición del informe de Costa Rica, Marín informó al ente de que “en los próximos días”, en las farmacias del país se empezará a vender, sin receta, el fármaco de Anticoncepción Oral de Emergencia, tal como lo comunicó el Ministerio de Salud el pasado 30 de abril.

Marín también puso a la ONU al tanto del compromiso que asumió el presidente Carlos Alvarado para que la norma que regulará la práctica del aborto terapéutico quede firmada antes de que termine el 2019.

La ministra afirmó que la ratificación del instrumento es uno de los grandes retos y desafíos que persisten en el país, pues algunos médicos se niegan a aplicarlo por razones éticas o por temor a consecuencias legales.

La idea del Ejecutivo es regular lo que dice el artículo 121 del Código Penal: “No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios”.

Al respecto, la ministra afirmó que “la aplicación de la figura del aborto impune es todavía una deuda pendiente".