El parlamento nicaragüense, de mayoría oficialista, ratificó este lunes una reforma constitucional que, según críticos del gobierno de Daniel Ortega, busca criminalizar las protestas opositoras
Aunque parece que la ley contra los ‘crímenes de odio’ no será aprobada, es necesario analizarla para evitar, en el futuro, otro intento para minar derechos fundamentales.
Por considerarlo riesgoso para la libertad de expresión, los partidos PLN, Nueva República y Restauración Nacional deciden votarlo en contra, mientras que el PUSC evaluaría cambios. Ya con 31 diputados convencidos de no apoyarlo, políticamente fenece.