El Gobierno de Costa Rica dio inicio al proceso de ratificación de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia.
El instrumento, emitido por la Organización de Estados Americanos (OEA), brinda protección contra ese tipo de violencia para que ninguna persona sea discriminada con motivo de su sexo, orientación sexual, nacionalidad, religión, condición migratoria, situación de salud, discapacidad o cualquier otra condición.
Para ello, el tratado define qué se entiende por intolerancia y discriminación y delimita los deberes que asumen los Estados para garantizar el cumplimiento de los derechos en su territorio.
Además, establece un comité que da seguimiento al proceso de implementación y define medidas de protección contra la discriminación.
La firma de la Convención la realizaron Manuel Ventura, canciller de la República, junto con Montserrat Solano, embajadora costarricense ante la OEA, en una ceremonia celebrada en Washington, en la sede de la Organización.
“Celebramos la firma de Costa Rica que muestra el compromiso de garantizar el respeto de la normativa internacional en su territorio. Este gesto fortalece un hemisferio americano diverso y equitativo, donde los ciudadanos vivan en condiciones de igualdad y sin discriminación e intolerancia”, afirmó Luis Almagro, secretario general de la OEA, en el acto.
Para que la Convención, emitida en 2013, tenga vinculancia en Costa Rica, debe ser aprobada en la Asamblea Legislativa y firmada por el presidente de la República.
El mandatario Carlos Alvarado manifestó su satisfacción por la activación del proceso de ratificación de la convención en Costa Rica.
“Costa Rica emprende hoy un camino para contar con una guía que nos permita construir una sociedad más inclusiva, más justa, en la que nadie sufra de discriminación e intolerancia por ninguna condición", afirmó el gobernante.
Si dichos trámites se concretan, el tratado adquiriría rango de ley.
Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, este es el único instrumento interamericano de derechos humanos que Costa Rica no ha ratificado.
La Convención requiere ser ratificada por dos países para activarse. De momento, solo Uruguay ha completado ese proceso.
“Costa Rica podría convertirse en el país que impulse la entrada en vigencia de la Convención”, destacó la Cancillería.
