La fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) presentó, este jueves, un proyecto de ley para aliviar las consecuencias negativas que afrontarán los sectores productivos a causa de la pandemia del coronavirus covid-19.

El proyecto autorizaría que se postergue el pago del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), se hagan ajustes en el pago de las cuotas obrero patronales a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y se adecúen las deudas con los bancos del Estado.

Las medidas estarían vigentes por un plazo máximo de cuatro meses, de acuerdo con el texto del plan, el cual se tramitará en el expediente 21.838.

Consultada sobre la iniciativa, la ministra de Planificación, Pilar Garrido, afirmó: “Las propuestas me parecen muy acertadas, son consistentes con las medidas que presentará el Consejo Económico a partir del lunes próximo y que hemos venido trabajando por instrucción del presidente, anticipándonos a los efectos globales del covid-19 a la economía”.

Según el proyecto de ley, los beneficios se otorgarían a los negocios que demuestren sufrir una caída en las ventas como consecuencia de la pandemia. En el caso de las micro y pequeñas empresas, la reducción tendría que ser de al menos un 20% en relación con el mismo mes del año anterior, mientras que para las demás empresas aplicaría si la baja es de un 35% o más.

De acuerdo con la legisladora María Inés Solís, proponente del proyecto, el objetivo es evitar que producto de la pandemia, el desempleo crezca por encima el 12% registrado actualmente, lo cual implicaría también una disminución en el consumo y un mayor golpe a la economía.

El sector productivo costarricense ya experimenta consecuencias adversas a causa de la propagación del covid-19, el cual, hasta este miércoles, ha infectado a 23 personas en Costa Rica.

Este jueves, la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) informó de que se han cancelado reservaciones para 8.000 noches de hotel.

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Postergación en pago del IVA

El plan facultaría a las empresas a postergar el pago del IVA por un máximo de tres meses, si logran demostrar que sufrieron una caída en las ventas mensuales, de 20% en el caso de las empresas pequeñas o 35% en los demás negocios, como consecuencia de la pandemia.

En ambos casos, a partir del cuarto mes, los contribuyentes que se acojan al beneficio deberán pagar, cada 30 días, una tercera parte del monto adeudado, hasta completar el 100% de lo que le correspondía cancelar, junto con los intereses correspondientes que se cobrarían sobre el saldo adeudado con la Tasa Básica Pasiva del Banco Central.

De acuerdo con el texto de los socialcristianos, la medida es necesaria debido a que la reducción en el nivel de facturación, durante una pandemia, retarda la aplicación del crédito fiscal que generan los contribuyentes al hacer compras para su actividad empresarial.

Aporte patronal al seguro de la Caja

La iniciativa también permitiría que los patronos y sus trabajadores se pongan de acuerdo para reportarle a la Caja salarios correspondientes a una fracción de una jornada laboral completa, durante un periodo que se definiría por reglamento, pero que no podría ser mayor a cuatro meses.

El beneficio, según el plan, sería que los patrones puedan cancelar las contribuciones a la seguridad social sobre salarios más bajos y jornadas más cortas, con el fin de evitar despidos de trabajadores.

“Esto, siempre y cuando, la reducción señalada tenga relación directa con la pandemia y con la condición de mantener o aumentar la cantidad de trabajadores en la planilla”.

“En todo momento se respetarán los derechos laborales que se tutelan en el ordenamiento jurídico vigente”, establece el proyecto.

La autorización para que se ajusten las jornadas la emitiría la CCSS, de forma temporal, a partir del momento en que se declare la pandemia.

Adecuación de deudas

El proyecto de ley le permitiría a los bancos del Estado, así como al Banco Popular, hacer ajustes en los créditos que mantengan las empresas que, a causa de la pandemia, sufran una disminución sustantiva de las ventas.

Las entidades financieras podrían ayudar a sus clientes a través de la reducción de las tasas de interés activas, la capitalización de los gastos por intereses, la ampliación de plazos de la operación de crédito, o una combinación de esas tres opciones.

Al igual que en las otras dos medidas, podrían acogerse las micro y pequeñas empresas que sufran una reducción de 20% o más, así como los demás negocios cuyas bajas sean de al menos el 35%.

El auxilio se brindaría, según el plan, a las empresas que puedan verse afectadas por distintos canales de “contagio económico”.

Tal es el caso del “sector turismo y otros estrechamente encadenados a este", así como el sector exportador y las empresas afectadas por una reducción de la demanda interna de bienes y servicios.

De aprobarse el plan, el gobierno tendría un mes para reglamentar las medidas extraordinarias.

La diputada Solís dijo que este viernes contactará al ministro de Transportes, Rodolfo Méndez Mata, —a quien se le encargó fortalecer la dinámica de trabajo en Casa Presidencial—, para pedirle que gestione la convocatoria del plan a las sesiones extraordinarias del Congreso. De conseguirlo, afirmó, lo siguiente sería tramitar la aprobación de una vía rápida.

Por su parte, el presidente Carlos Alvarado reunió al equipo económico, junto con las autoridades de salud, para conversar sobre acciones que respondan a la "situación internacional y al posible futuro impacto a nuestro país”.

En tanto, Nielsen Pérez, jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), declaró: “Es un momento de absoluta responsabilidad, en el cual todos los sectores debemos aportar. Toda propuesta debe estar sustentada desde los criterios técnicos y de especialistas, que ayuden a fomentar la confianza”.

Además de atender la emergencia provocada por el nuevo coronavirus, las acciones que establece el proyecto se activarían ante la declaratoria de cualquier otra pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).