EscucharLa Contraloría General de la República (CGR) pidió a los diputados liquidar el Fondo Nacional de Avales y usar esos recursos económicos para cubrir las necesidades del Estado, en lugar de contraer más endeudamiento interno.
En la actualidad, el Ministerio de Hacienda dispone de $270 millones (¢157.100 millones) de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar ese programa. No obstante, los recursos quedaron sin utilización debido a la negativa del Gobierno actual de implementar esa política pública.
Dicho programa fue ideado en el 2020, durante la administración de Carlos Alvarado, en plena crisis económica por la pandemia de la covid-19, como una forma de auxiliar a las empresas más golpeadas y para mantener los niveles de empleo.
De haberse implementado dicho programa, el Estado hubiese otorgado garantías bancarias a compañías y personas que requerían créditos para reactivar sus actividades productivas, con el compromiso de sostener el número de empleados en sus negocios.
Los avales hubiesen representado hasta un 75% del monto de cada crédito. De esa manera, para facilitarles el acceso al crédito, los avales estatales funcionarían como garantías bancarias en caso de que la empresa hubiese estado imposibilitada de afrontar los pagos más adelante.
No obstante, la anterior conformación de la Asamblea Legislativa aprobó la legislación necesaria para su implementación hasta diciembre del 2021, cuando había pasado el momento más crítico de la pandemia.
A juicio del órgano contralor, para ese momento ya era demasiado tarde como para que la legislación surtiera el efecto esperado por las autoridades.
Además, con el cambio del Gobierno, en mayo anterior, el presidente Rodrigo Chaves se opuso a implementar la Ley Nacional de Avales y dejó los fondos sin uso.
“La fuente de financiamiento del Fondo de Avales actualmente se encuentra totalmente desembolsada, pero a nivel de presupuesto no se han ejecutado recursos.
“Al respecto, la Contraloría señaló que la derogatoria tendría impactos positivos para la Hacienda Pública, al dirigir los recursos del préstamo aprobado a sustituir financiamiento con deuda interna y no a financiar nuevos gastos”, señaló el órgano contralor en un monitoreo sobre la ejecución de préstamos internacionales.
Ante la negativa de poner a funcionar el programa, el Poder Ejecutivo había enviado al Congreso un proyecto de ley para derogar el fondo de avales.
Dicha iniciativa, precisamente, busca redirigir el 90% de los recursos (¢141.400 millones) para “sustituir la fuente de financiamiento de la deuda”. Además, el 10% restante (¢15.700 millones) sería transferido a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
A pesar de que los recursos fueron aprobados para financiar el programa de avales, el BCIE había señalado a La Nación que el Gobierno podía usar dichos recursos como más lo considerara conveniente.
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La Contraloría señaló que esa decisión tendría un impacto positivo para la Hacienda Pública, siempre y cuando, esos recursos sean para evitar obtener dichos fondos a través de la deuda interna. Es decir, sugirió a los diputados no redirigir los recursos a nuevos gastos del Poder Ejecutivo, sino abonar los fondos disponibles a los gastos comprometidos en el presupuesto.
“Visto el plazo transcurrido desde la presentación del proyecto 22.344 (Fondo Nacional de Avales) en el contexto de la pandemia, y los cambios en las condiciones económicas, es razonable dar otra utilización a esos recursos, como la que se propone en esta oportunidad, situación que se sugiere valorar con las autoridades económicas”, concluyó la Contraloría.
