“Entonces, yo sí creo y se los digo muy francamente, la preocupación es profunda porque, en el pasado uno decía ‘ahí viene el lobo', yo creo que el lobo ya llegó.

“El lobo ya llegó y el tema aquí no es cada quien escóndase en el cuarto porque el lobo va llegar al cuarto. El tema es cómo nos juntamos y vemos cómo enfrentamos esta situación todos en conjunto.

“Aquí todos vamos a tener que aportar. Yo veo comentarios, leo noticias que un sector quiere y otro no quiere. Pero, al final, todos vamos a tener que poner y creo que, entre más tiempo pase, se va agravando más la situación”.

Estas afirmaciones las hizo al exponer el criterio de la Contraloría General de la República sobre el segundo presupuesto extraordinario planteado por el Gobierno, el cual registra una severa caída en los ingresos por recaudación de impuestos y, a la vez, aplica un recorte para tratar de contener el déficit.

Acosta explicó que, en este presupuesto extraordinario, los ingresos del 2020 caen de ¢5,46 billones a ¢4,38 billones producto de la pandemia, mientras que los gastos bajarían de ¢8,56 billones a ¢8,37 billones (sin contar el rubro de amortización).

De esa manera, según la Contraloría, el déficit fiscal sería de un 11,2% del producto interno bruto (PIB), mayor al 9,7% proyectado por el Ministerio de Hacienda. Se trata de un desequilibrio fiscal “no visto en el pasado”

La situación significa que al Poder Ejecutivo le faltan casi ¢4 billones para cubrir todos los gastos de las instituciones del Gobierno Central, así como los aportes a las entidades públicas que están afuera de este. Ese déficit se tiene que solventar con dinero prestado, el cual, Hacienda debe salir a pedir.

En este presupuesto extraordinario, el Gobierno propuso recortes por ¢328.000 millones para lograr una reducción neta de ¢196.000 millones en el gasto público, pues también suben los gastos para atender la pandemia, como los subsidios a los damnificados. De no ser por ese recorte, los gastos subirían a ¢8,7 billones y el déficit fiscal a más de un 12,1% del PIB.

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Según un análisis de La Nación, de esos ¢328.000 millones de reducción de gastos, la mayor parte, el 45%, recae sobre partidas para obras púbicas.

No es suficiente, pero hay que estar en los zapatos

La contralora Marta Acosta considera que las instituciones públicas deben seguir haciendo un esfuerzo por ahorrar y reducir gastos. “Creo que con la pandemia todos hemos ahorrado, pero no es suficiente para el problema que tiene el gobierno de la República”.

Sin embargo, sobre ese esfuerzo que se debe de hacer, hizo varias observaciones. Una de ellas es que los ajustes deben ejecutarse con cuidado.

“No es un tema solo de recorte presupuestario, quiero expresar esa preocupación. Porque, cuando uno escucha que hay que recortar y recortar, eso no es solo recortar este presupuesto de este año. Es un tema de que si lo que recorto ahora, ya no me va aparecer en el presupuesto 2021 porque, si me va aparecer el próximo año, ya no logré mucho”, manifestó.

En ese sentido, recordó que el Presupuesto Nacional es bastante rígido y la dificultad para hacer cambios viene desde hace muchos años.

“Hemos ido permitiendo esto y, por lo tanto, ahora que necesitamos recortar, reducir, reubicar, priorizar; es bastante difícil. Entonces, si usted me pregunta ¿se pudo haber recortado más? Quizás sí, pero es un tema que le corresponde al Ejecutivo explicarlo, porque aquí entran temas de política pública del gobierno, temas de prioridades del gobierno”, añadió.

“Pero además, este es un tema estructural. Lograr reducir los gastos del Gobierno no es solo a través de recortes de una partida por aquí, una partida por allá. Usted puede decir que un recorte de ¢195.000 millones, con relación a una caída de ¢1,165 billones, es una suma modesta”.

“Sin embargo, hay que estar en sus zapatos para ver dónde se corta. Yo como jerarca de la Contraloría, cuando me dicen, ¿dónde se recorta?, es bien difícil. Porque hay instituciones que tienen remuneraciones muy altas. Nosotros generamos unos ahorros importantes en remuneraciones porque tenemos un salario único, ese es otro tema, pero no todas las instituciones tienen esa flexibilidad”, manifestó.

Todo lo anterior, continuó, sirve para recordar que el país tiene por delante una reforma estructural por hacer.

Mencionó que se deben revisar temas como exoneraciones, evasión y elusión; que todas las instituciones públicas hagan sus compras en la plataforma del Sicop y que depositen sus recursos en la Caja Única del Estado para poder ahorrar.

Mencionó que se debe avanzar en una ley que ordene el empleo público y hacer una revisión institucional del Estado.

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Podría ser peor

“La caída del presupuesto podría profundizarse en los meses venideros” y la “situación de los ingresos es bastante impredecible”, agregó Acosta para referirse a la situación macroeconómica del país.

La contralora incluso les presentó a los diputados un escenario crítico en el que los ingresos tributarios bajen a ¢3,63 billones, con lo que el faltante de recursos superaría los ¢4,7 billones.

En ese caso, el déficit sería de un 13,3% del PIB, casi el doble del año pasado, cuando llegó a 6,9%.

Sin embargo hay otros escenarios como el óptimo donde los ingresos tributarios bajen a los ¢4,21 billones, así como otros dos panoramas base en los que la caída puede llegar hasta los ¢4,21 billones y ¢3,98 billones.

La contralora indicó que, en general, este segundo presupuesto extraordinario refleja la caída en los ingresos por la caída provocada por la pandemia, datos que el Gobierno no incluyó en la versión anterior, la cual fue rechazada hace mes y medio.

‘Mantener pacto social’

Silvia Hernández, diputada del PLN y presidenta de la comisión de Hacendarios, dijo que la contralora señaló muchas de las alertas sobre la vulnerabilidad del país y, en términos generales, sobre la necesidad de que todos los actores del país hagan un uso eficiente del gasto.

“En algunos rubros podrán disminuir esos recursos y se deberán distribuir en la priorización de otras necesidades”, indicó.

La verdiblanca añadió que, ante la actual realidad, los legisladores deben priorizar tres elementos para mantener el pacto social: “Evitar que se endurezcan indicadores de pobreza, evitar un aumento en la desigualdad social e intentar que el fuerte del ajuste no descanse en la inversión de capital”.

María Inés Solís, congresista del Partido Unidad Social Cristiana, añadió que los datos revelados por la Contraloría ya se venían manejando desde hace algunos días.

Para empezar, indicó, queda claro que el recorte neto en este presupuesto extraordinario es de ¢195.000 millones.

Luego, dijo sentir preocupación ante el cálculo de Acosta de que al final del año, el plan de gastos del 2020 podría financiarse con un 60% de recursos provenientes de deuda.

“Hay una necesidad de hacer reformas estructurales. Lo dijo la contralora y lo dijo ayer la OCDE. El Ejecutivo no da un paso al frente y llegó el momento en que se tienen que hacer. Por otro lado, el presupuesto es rígido, pero tenemos que hacer recortes porque somos un país de renta baja y debemos de gastar conforme a nuestros ingresos”, añadió la socialcristiana.

Eduardo Cruickshank, legislador restauracionista y presidente del Congreso, también dijo que el panorama es alarmante.

“Alcanzamos un nivel de deuda inimaginable y la caída de los ingresos corrientes superan en demasía los datos que nos venían dando y lo que veníamos esperando, de manera que es sumamente preocupante. La reducción en los gastos no compensa ni por asomo ese desequilibrio financiero. La solución no es vía presupuestaria, sino vía reformas estructurales”, explicó.

Por su parte, Laura Guido, diputada oficialista, dice que ante la pregunta de si se puede de recortar más el gasto público, la respuesta está en cuál es la valoración del Estado que hace la sociedad y cuál es la política presupuestaria que se debe de impulsar para atender las situaciones apremiantes.

“Una puede recortar más, una puede no depositar los bonos Proteger o puede cerrar el Ministerio de Salud. Pero eso no es una política que sea consecuente a la crisis que vive el país. ¿El presupuesto podría llegar a ser mucho más acotado a lo que aquí se está planteando? ¿A qué costo? ¿Cuáles serían esas renuncias sociales y de atención ciudadana que se harían para lograr ese objetivo?”, cuestionó Guido.

Nielsen Pérez, también congresista del Partido Acción Ciudadana (PAC), agregó que la reducción del gasto público no es solo presupuesto. Está relacionado, continuó, con un problema de fondo como lo acotó Acosta.

Entre ellos, según citó, está la dispersión normativa e institucional, duplicidad de funciones, el tema fiscal, reforma al empleo publico y contratación administrativa.

“Hay voces que claman por más recortes, pero no los visualizan de una forma integral”, puntualizó.