El 45% del recorte al gasto público, planteado por el Gobierno en el segundo presupuesto extraordinario del 2020, recae en partidas destinadas a carreteras, aeropuertos y edificios escolares, así como la construcción de proyectos comunales y vivienda de interés social.

De los ¢328.000 millones que el Ejecutivo plantea reducir debido a la severa caída en los ingresos tributarios, producto de la pandemia, casi ¢147.000 millones corresponden a transferencias de capital, es decir, a partidas destinadas a invertir en obra pública o equipamiento.

Así se desprende de un análisis elaborado por La Nación con base en el proyecto de presupuesto extraordinario que los diputados tendrán que resolver en la Comisión de Asuntos Hacendarios, a más tardar la próxima semana, para luego discutirlo en el plenario legislativo.

El ajuste en transferencias de capital incluye ¢35.000 millones menos para obras y equipos en las universidades públicas, los cuales serán repuestos entre el 2021 y el 2025 según un acuerdo del Ejecutivo con los jerarcas universitarios.

También, se cortarían ¢29.605 millones para rutas cantonales en manos de las municipalidades y ¢22.562 millones para rutas nacionales, a cargo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

El plan reduciría ¢7.690 millones del Consejo Técnico de Aviación Civil para la ampliación, modernización y mejora de aeropuertos, junto con ¢26.360 millones para viviendas sociales del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).

Asimismo, se cortarían ¢11.730 millones para obras en escuelas y colegios, ¢3.292 millones en gastos de capital a través del Sistema de Banca para el Desarrollo y ¢2.840 millones en obras de asociaciones de desarrollo.

Transferencias corrientes

Otro 17,5% del recorte corresponde transferencias corrientes, dinero que el Gobierno le traslada a otras instituciones públicas, e incluso asociaciones de desarrollo, para cubrir gastos operativos, lo que incluye salarios y compras de bienes y servicios, por ejemplo.

En esa categoría, el rebajo más grande es el que se hará a las juntas de educación de preescolares y primarias, por ¢13.503 millones.

El recorte total a las transferencias corrientes sería de ¢57.400 millones

Remuneraciones

En las partidas de remuneraciones para el Gobierno y los poderes Legislativo y Judicial, así como del TSE, se ejecutaría un ahorro de ¢45.039 millones, lo que equivale a un 14% del recorte.

Se trata, principalmente, de plazas que están vacías y que, por lo tanto, no se deben pagar.

El gobierno propone ahorrar ¢130.000 millones adicionales (¢44.000 millones este año y ¢86.000 millones el siguiente) con un proyecto de ley para recortar en un 15% las jornadas de los empleados públicos que ganan más de ¢1,5 millones, pero ese es ajuste no está incluido en este presupuesto extraordinario, pues el plan no ha sido aprobado por el Congreso.

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Intereses, bienes y servicios

Un 15% del recorte corresponde a un ahorro de ¢50.000 millones en el pago de los intereses de la deuda pública, gracias a la sustitución de deuda interna cara por créditos internacionales en condiciones más ventajosos.

Consulte base de datos elaborada por La Nación para este reportaje.

Por último, casi un 9% del ajuste presupuestario recaería en las compras de bienes y servicios por ¢28.307 millones, lo que incluye recortes en alquileres, viáticos, capacitaciones, mantenimiento de equipo, papelería, publicidad, alimentos y servicios públicos, por ejemplo.

Transferencias y salarios, menos de un 2% del presupuesto original

Al observar el tamaño de los recortes con respecto al monto original del Presupuesto para cada tipo de gasto, sobresale que al rubro de obras públicas se le cortaría un 28% del total.

En cambio, a los fondos de transferencias corrientes y salarios se les reducirían los presupuestos originales en menos de un 2%.

En cuanto a bienes y servicios, la disminución sería de un 9% y, en intereses, de un 2,5%.

El Gobierno planteó este recorte porque la crisis del coronavirus bajó la expectativa de recolección de impuestos en ¢1,2 billones y, a la vez, debe invertir para atender a quienes salieron damnificados económicamente con la crisis.

Si el recorte no se aplica, el gobierno deberá elevar su endeudamiento hasta llegar a un caótico 12% del producto interno bruto (PIB) de déficit fiscal, es decir, casi ¢4,3 billones de endeudamiento para cubrir los gastos.

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Dos tipos de recorte

Según el proyecto de presupuesto extraordinario, los recortes que se proponen tienen dos fundamentos. Primero se reducen los gastos cuya fuente de financiamiento son los ingresos tributarios que cayeron a causa de la pandemia. Esa reducción es de ¢52.860 millones.

En segundo lugar, se aplica “un esfuerzo adicional” de reducción de los egresos no esenciales, para disminuir la necesidad de financiamiento que requiere el Estado. Estos movimientos suman un total de ¢275.276 millones.

Ambos tipos de recorte suman los ¢328.089 millones a los que aspira el gobierno.

‘Siempre la inversión es la que se sacrifica'

Este jueves, en audiencia ante la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios, la contralora general, Marta Acosta, reconoció que le preocupa la sostenibilidad de la priorización de gastos.

“Una de las preocupaciones que uno empieza a ver, y ha sido así por décadas, pero en este presupuesto uno lo nota, es el tema del ajuste al gasto de capital. Siempre la inversión es la que se sacrifica cuando suceden estas situaciones en los países, y la inversión genera capacidad de pago, bienestar colectivo y muchas cosas positivas, recativación económica”.

“Pero siempre la inversión ha de ceder ante el tema social, entonces uno ve en el presupuesto una suerte de giro en la priorización hacia lo social, para el bono Proteger. Pero la preocupación que a uno le queda es, ¿hasta cuándo va a ser esto sostenible?”, reflexionó la contralora.

Respaldo legal

El diputado independiente Harllan Hoepelman le preguntó a la contralora si considera que los recortes que se hacen a las municipalidades y las asociaciones de desarrollo son correctos. Acosta le respondió que, sin entrar a hacer juicios de valor, el Gobierno tiene el respaldo legal que le permite hacer los movimientos que estime necesarios.

“Este no es un tema de si es correcto o no es correcto, lo cierto es que el artículo 15 de la ley de las finanzas públicas le da al Gobierno de la República un grado de discrecionalidad para distribuir los recursos cuando la razón deuda/PIB del gobierno sea mayor a un 50%”.

“Estamos en un 62%, con una caída de los ingresos como la que mencioné, entonces es una decisión discrecional del Gobierno de distribuir de esa manera”, le indicó Acosta al legislador.

Sin embargo, la contralora les recordó a los diputados que los recortes serán insuficientes hasta que se apliquen reformas estructurales a los salarios públicos y los destinos específicos, así como que las dificultades se agravarán si el Congreso insiste en debilitar la regla fiscal y otorgar exoneraciones fiscales.