“Esto aumenta las disparidades existentes entre entidades. No se logra identificar la forma en que ese esquema permita un modelo de empleo público con un nivel óptimo de eficiencia y eficacia en los servicios públicos”, dijo la jerarca de forma virtual frente a los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración del Congreso.

Para la Contraloría General, la idea de las ocho familias es uno de los elementos que fragmentan el modelo de empleo público que propone el proyecto de ley impulsado por la ministra de Planificación, Pilar Garrido.

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El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, a mediados de mayo, propone que los futuros funcionarios reciben salarios competitivos por sí mismos sin necesidad de pluses.

Sin embargo, plantea una diferenciación entre ocho familias de puestos: profesionales y no profesionales, ciencias de la salud, policías, educadores, universitarios, judiciales, Servicio Exterior, personal de confianza.

Según lo propuesto, el Gobierno se ahorraría ¢70.000 millones al año con la implementación de ese sistema.

“El enfoque de legalizar las diferencias de acuerdo con las familias, en lugar de subrregímenes, mantiene las mismas limitaciones. La Contraloría considera que es posible avanzar en el diseño del modelo de empleo público con un enfoque de reglas generales”, apuntó.

Añadió que, en un modelo de ese tipo, que permita la convergencia de los diferentes regímenes actuales, sería innecesaria la definición de familias.

Marta Acosta también cuestionó los principios rectores y la metodología para el esquema de remuneraciones y alegó que también incide en la fragmentación y complejidad del modelo.

La Contraloría considera que el proyecto se aparta del enfoque fijado en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, además de que le falta precisión jurídica y técnica.

Además, Acosta reiteró nuevamente que la Ley Marco de Empleo Público debe ser para todo el sector público y no dejar por fuera a instituciones como el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Costarricense de Electricidad (ICE) y los bancos.

Aunque la jerarca del ente contralor alabó que se adopte el salario global y dijo que es una mejora respecto a la versión anterior del proyecto, apuntó que sus ventajas serían limitadas si su conceptualización es imprecisa, su implementación compleja y no toma en cuenta los criterios de sostenibilidad financiera.

Específicamente sobre la necesidad de una legislación para regular el empleo público, la contralora explicó que el esquema de remuneraciones debe ser transparente y equitativo, además de fortalecer la eficiencia y el control de la gestión.

Pide mejorar proyecto

La contralora sugirió varias mejoras al proyecto, por cuanto considera fundamental una ley general para el empleo público.

Entre ellas, pidió delimitar al máximo las funciones del ente rector, que según la iniciativa sería el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán), para considerar el alcance de esa rectoría, los niveles de autonomía y las funciones técnicas de otras instancias.

“La actuación del Mideplán debe permanecer en el campo del diseño de políticas, lineamientos y directrices generales, orientadas a cumplir la ley”, explicó Acosta.

Indicó que, por eso, es necesario asegurar que realmente sea una ley que cobije a todas las institucioes del sector público.

Aparte de que ya ICE, INS y bancos quedarían por fuera, el socialcristiano Rodolfo Peña le consultó a Acosta sobre las posibilidades de que otras instituciones también quieran escaparse de su aplicación por el argumento de la autonomía.

En ese sentido, ella enfatizó que, en criterio de la Contraloría, “la ley debería ser para todos” y, por tanto, no se debería excluir a las empresas en competencia.

“No se trata de limitar autonomías ni mucho menos. Los postulados serían tan generales que todos los vamos a poder cumplir”, concluyó.