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La Procuraduría General de la República (PGR) considera que el nuevo proyecto de reforma al empleo público, planteado por el Gobierno en el Congreso, todavía falla en concretar su aspiración de definir un régimen único de empleo en el Estado.
Este miércoles, el procurador general, Julio Jurado, y el procurador adjunto, Luis Guillermo Bonilla, presentaron la opinión jurídica de la PGR sobre el texto sustitutivo que propuso la ministra de Planificación, Pilar Garrido.
En criterio del abogado del Estado, la propuesta de crear ocho familias de puestos en el sector público hace difícil visualizar que se concrete la aspiración de eliminar disparidades en el empleo estatal, bajo un único régimen.
En el proyecto, esas familias son profesionales y no profesionales, ciencias de la salud, policías, educadores, universitarios, judiciales, del Servicio Exterior y de confianza.
Según la Procuraduría, cada familia de puestos tendría asignada una columna salarial propia.
“Seguimos considerando el proyecto como una propuesta mejorable, pues en realidad la regulación estatutaria es incompleta, atomizada y hartamente compleja en determinados aspectos”, dice el criterio OJ-107-2020 sobre el proyecto.
En opinión de los procuradores, la oportunidad que da la discusión del proyecto debe aprovecharse para regular los diversos regímenes “bajo un esquema claro de homogenización que ayude a superar las disparidades”.
“Hasta que esas inconsistencias e insuficiencias puedan ser normativamente superadas, la pretensión de unificar frente a normas legales y reglamentarias preexistentes de las ocho familias de puestos sigue siendo una postura insalvable”, considera la Procuraduría.
Específicamente, el procurador Guillermo Bonilla dijo, durante una audiencia virtual frente a la Comisión de Gobierno y Administración del Congreso, que esa persistencia de familias salariales con reglas diferentes evidencia que la pretendida unificación no se va a lograr con la propuesta de texto sustitutivo.
“A pesar de la homogenización a la que supuestamente se tiende a futuro, se justifica y admite expresamente la eventual heterogeneidad del régimen retributivo entre las diversas familias de puestos”, considera Bonilla.
Además, alegó que el Poder Ejecutivo se “autocontuvo” de abarcar a toda la administración pública bajo la sombrilla del proyecto 21.336.
Es más, en la conclusión de la opinión jurídica presentada ante el foro parlamentario, Bonilla sentenció que el proyecto presenta “inconvenientes a nivel jurídico y algunos eventuales roces de constitucionalidad”.
“Algunos de esos roces podrían ser solventados con una adecuada técnica legislativa”, indicó.
Bonilla explicó que, si bien hay mejoras significativas en el nuevo texto en comparación con el anterior, persisten falencias que ya la Procuraduría había advertido en la anterior versión del proyecto.
En la opinión jurídica, también se advirtió de que podría ser inconstitucional que se estableza la inelegibilidad de candidatos a puestos públicos por faltas del pasado de forma indefinida.
También, considera la Procuraduría General que podría haber una falla jurídica en el proyecto, por cuanto le atribuye al Gobierno la potestad de ajustar unilateralmente los salarios públicos por costo de vida y que el Consejo Gobierno pueda determinar políticas sobre remuneración.
Eso chocaría con la existencia, vía decreto, de una Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, como instancia de negociación con sindicatos y gremios.
En cuanto a la figura del procurador general, Julio Jurado insistió en que enlistarlo como un puesto de confianza atentaría contra la independencia de la PGR, pues dijo que actualmente tiene independencia en el ejercicio y la figura no puede ser removida si no es por falta grave.
“No es un puesto de confianza que pueda ser removido fácilmente. En esta propuesta se califica como tal y sería una pérdida enorme, perderíamos la garantía de independencia”, acotó Jurado.
