Yeryis Salas. 4 agosto
Diputados de la Comisión de Gobierno y Administración, presidida por Víctor Morales Mora, junto al liberacionista David Gourzong.
Diputados de la Comisión de Gobierno y Administración, presidida por Víctor Morales Mora, junto al liberacionista David Gourzong.

El abogado constitucionalista, Rubén Hernández Valle, recomendó a los diputados incluir a los funcionarios actuales en los cambios salariales que implicaría la reforma al empleo público que discute el Congreso.

Este martes, en una comparecencia ante la Comisión de Gobierno y Administración, Hernández criticó que el plan “solo establece el salario global para los nuevos empleados, eso significa que el efecto fiscal de esta ley será nulo durante los primeros 12 o 15 años, porque van a seguir acumulándose los pluses en favor de los actuales servidores”.

Aseguró que ha conversado sobre el tema con la ministra de Planificación, Pilar Garrido, quien le dijo que los cambios no afectarían a los trabajadores actuales debido a los derechos adquiridos.

Pero según Hernández, este principio no le da fundamento jurídico a los empleados vigentes para continuar en el sistema de pluses salariales.

“Es un error elemental jurídico y de lógica decir que se tienen derechos adquiridos. El único derecho adquirido que tienen los servidores actuales es que no se les rebaje el monto del salario que devengan al momento de entrar en vigor la ley, pero la forma de calcular los futuros aumentos pueden ser modificados libremente por el legislador”.

“Por el contrario, pasaría que el legislador solo estaría para dictar nuevas leyes, nunca podría legislar modificando leyes anteriores o derogando, porque siempre habría alguien que alegaría que obtuvo derechos adquiridos al amparo de esa legislación”, añadió.

El abogado también instó a los diputados a limitar las convenciones colectivas para ciertas instituciones, pues afirmó que la Sala IV ha señalado que las convenciones no proceden en entidades que realizan gestión administrativa directa.

De esta forma, según Hernández, estos convenios solo estarían permitidos en instituciones en régimen de competencia, como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

“Eso significa que las convenciones colectivas son prohibidas en las municipalidades, en las universidades, en la Caja, en todos los lugares en que han sido fuentes de privilegios, ahí están prohibidas, simplemente es cuestión de aplicar lo que ha dicho la jurisprudencia de la Sala”, detalló.

En su criterio, los diputados deberían aclarar en un transitorio que las convenciones vigentes se mantendrán, pero cuando estas venzan, “queda la prohibición de renovarlas, de manera que se acaben para siempre las convenciones colectivas”.

El abogado sugirió también agregar al proyecto a todas las instituciones estatales que realicen gestión administrativa, pues el objetivo original del Estatuto del Servicio Civil no contemplaba excepciones, las cuales se podrían aplicar al ICE y otras entidades que operan en mercado abierto de competencia.

“Por ejemplo, en el caso del ICE se habla de una circunstancia curiosa. La parte de telefonía debería estar fuera del ámbito de aplicación de esta ley, pero el resto del ICE sí debe estar sujeto, porque el resto realiza gestión administrativa y no está en régimen de competencia”, declaró.

Esta observación del abogado se asemeja al criterio de la Contraloría General de la República (CGR), que un documento enviado a los diputados, recomendó incluir en el plan al ICE, el Instituto Nacional de Seguros (INS) y los bancos estatales.

Esta reforma, tramitada en el expediente 21.366, pretende dividir a los empleados públicos en ocho familias. Cada una tendría su salario global bajo el concepto de a igual trabajo, igual salario.

La intención del plan, presentado por el Gobierno en abril del 2019, es que los sueldos sean atractivos por sí solos, y de esta forma prescindir de los pluses salariales.

Según la ministra de Planificación, el Estado ahorraría ¢70.000 millones al año si se aprueba esta propuesta.

Víctor Morales Mora, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) y presidente de la comisión que tramita el texto, explicó que el órgano legislativo continuará en el periodo de comparecencias antes de discutir mociones al proyecto.

“Reglamentariamente tenemos hasta finales de setiembre para dictaminar en comisión el expediente. La idea es dedicar agosto al capítulo de audiencias y consultas, y su necesaria sistematización. De modo que formalmente no hemos empezado a negociar mociones que incorporen cambios”, dijo Morales.

La Comisión de Gobierno y Administración convocó este martes a comparecer a los gremios sindicales del Poder Judicial.