Nada de excepciones. Para la Contraloría General de la República (CGR), los nuevos funcionarios del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), del Instituto Nacional de Seguros (INS) y de los bancos públicos también deben estar incluidos en la reforma al empleo público.
La recomendación la hizo a los diputados en un criterio enviado por la Dirección Jurídica de la CGR al Departamento de Comisiones Legislativas.
La CGR cuestiona que los funcionarios del ICE, INS y bancos sí estaban incluidos en el primer proyecto de ley presentado por el Gobierno, en abril del 2019. Sin embargo, fueron excluidos en la nueva versión presentada en mayo de este año.
La reforma al empleo público, que solo tocaría a nuevos funcionarios, pretende que se definan salarios globales para ocho grupos o familias de puestos en el sector público.
El concepto es, a igual trabajo, igual salario, para evitar las grandes diferencias en el monto de las remuneraciones entre funcionarios del Gobierno Central e instituciones autónomas.
En ese sentido, se eliminan los sobresueldos para los nuevos funcionarios. La idea es que sean salarios competitivos por sí solos, sin necesidad de los pluses que hoy elevan exponencialmente el gasto público en remuneraciones conforme pasan los años.
También logra la equidad que hoy no existe en el sector público. Por ejemplo, mientras un oficial de seguridad de un ministerio ganaba en 2018, ¢277.800 al mes, en una institución descentralizada otra persona con el mismo puesto devengaba casi ¢1,2 millones, reveló la CGR en un informe.
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La ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), Pilar Garrido, calcula que el Estado ahorraría ¢70.000 millones por año si se aprobara ese plan que cubre a todos los poderes de la República, sector público descentralizado institucional (instituciones autónomas, universidades estatales, empresas públicas estatales, instituciones semiautónomas) y el sector público descentralizado territorial (municipalidades).
La excepción son las instituciones que operan en un mercado abierto de competencia, como bancos, ICE e INS. Así lo establece el artículo 3 del nuevo proyecto de ley.
Al respecto, la Contraloría advirtió en el documento que envió el 14 de julio: “Se requiere reforzar el proyecto en lo que corresponde a su ámbito de cobertura para asegurar que sea realmente una ley que cobije a todas las instituciones del Sector Público”.
Destaca, eso sí, el hecho de que el nuevo plan sí incluyera a las empresas municipales.
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Cuestionamiento a las ocho familias salariales
La CGR también subrayó que el sistema de familias planteado en el proyecto de ley carece de sustento técnico y, más bien, reforzaría disparidades existentes entre las instituciones.
La reforma propone dividir a los funcionarios públicos en las siguientes ocho familias: profesionales y no profesionales; ciencias de la salud; policías; educadores; universitarios; judiciales; del Servicio Exterior y los que ejercen puestos de confianza.
Para la Contraloría, estas categorías se crearon bajo una metodología “escasamente descrita”, lo que provocaría una gestión complicada y difícil de medir.
“No se identifica la forma en la que el esquema propuesto permitiría contar con un modelo de empleo público que garantice un nivel óptimo de eficiencia y eficacia en la prestación de los bienes y servicios”, asevera el informe de la División Jurídica de la CGR.
Asimismo, dice que el nuevo sistema de remuneraciones otorgaría “una fijación y un tratamiento distinto a la compensación de personas según la familia a la que pertenezcan, lo que a su vez podría derivar en reglas diferentes para la evolución de dicha compensación”.
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De esta manera, la CGR recomendó a los diputados diseñar un modelo con base en reglas generales uniformes que reúnan diferentes regímenes, lo que volvería “innecesaria la definición de familias o regímenes mientras que se asegure que todos ellos operen bajo una misma lógica”.
Expertos en Derecho Laboral habían señalado a los congresistas, en una comparecencia del 24 de junio, que la reforma chocaría con leyes ya existentes sobre asuntos salariales en instituciones autónomas.
La CGR, además, advirtió sobre la necesidad de respaldarse en estudios técnicos para incluir beneficios laborales que crean nuevos egresos.
En concreto, el plan crearía permisos para reducir hasta en un tercio la jornada laboral cuando se requiera cuidar a un familiar con enfermedad o discapacidad; ampliaría la licencia de maternidad por dos meses adicionales a los tres posteriores al parto, en casos especiales; y brindaría un permiso de paternidad de un mes.
El expediente 21.366, presentado desde abril del 2019, se encuentra actualmente en la Comisión de Gobierno y Administración.
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La eventual ley impediría que los empleados actuales se trasladen a este sistema para no presionar las finanzas públicas, pues permitir el traslado implicaría subirles el salario de forma inmediata a funcionarios con pocos años en el Estado.
Según la CGR, al primer trimestre del 2020, el empleo público en Costa Rica comprende un 14% de la población ocupada.