La Asamblea Legislativa avanzó, este martes, en el trámite de los proyectos de ley para reformar el empleo público y para eliminar las anualidades de los funcionarios estatales de los años 2021 y 2022.
Los diputados aprobaron textos sustitutivos para ambas iniciativas, las cuales buscan generar ahorros en el pago de salarios en todo el sector público.
En la Comisión de Gobierno y Administración, se aprobó el texto sustitutivo presentado por el Poder Ejecutivo a mediados de mayo para la reforma al empleo público.
Con la nueva versión del plan, se pagaría a los futuros empleados públicos salarios similares en ocho familias de puestos en todo el sector público bajo el principio de a igual trabajo, igual salario.
La idea es pagar salarios competitivos desde la contratación del funcionario, con el fin de prescindir del sueldos compuestos, los cuales conllevan pluses que elevan los montos conforme pasa el tiempo.
Según el gobierno, el plan generaría un ahorro de ¢70.000 millones por año solo en el Gobierno Central.
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Sin anualidades por dos años
En la comisión de Asuntos Económicos, los legisladores aprobaron, por unanimidad, un texto sustitutivo para el proyecto que eliminaría el pago de anualidades a los funcionarios públicos en los años 2021 y 2022.
La idea original del gobierno era suprimir el pago de dicho incentivo en el 2020, ante la urgencia de recursos causada por la pandemia.
No obstante, como dicha propuesta no se aprobó antes del 1.° junio, cuando se aplicó el pago del plus a la mayoría de funcionarios, el Ejecutivo optó por pedir que se cancele el pago para los próximos dos años.
La anualidad es un monto adicional que las instituciones públicas conceden a los funcionarios, sobre el salario base, por cada año laborado. Este proyecto evitaría que se sumen los pagos correspondientes a los próximos dos años.
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El texto aprobado por los diputados, impulsado por la liberacionista Silvia Hernández, dejaría sin anualidad por dos años a los funcionarios del Poder Ejecutivo, incluyendo ministerios y órganos desconcentrados, así como a los poderes Legislativo y Judicial, sus órganos auxiliares y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
El plan se aplicaría también en las entidades autónomas, las empresas públicas del Estado y las municipalidades, las cuales deberán reintegrar de forma íntegra, al Ministerio de Hacienda, el dinero que hayan presupuestado para pagar anualidades en el periodo 2020-2021.
Dichas instituciones no podrán presupuestar ningún monto para el pago de anualidades en el 2021 ni para el 2022.
Hacienda solo podría utilizar ese dinero para financiar gastos que, de momento, se tenga previsto sufragar con deuda interna.
El texto sustitutivo aprobado este martes, además, establece que, pese a que el beneficio no se pagará durante el 2021 y 2022, la evaluación del desempeño de los empleados públicos se mantendrá durante ambos años.
La medición “se contabilizará para efectos de referencia del rendimiento de las personas servidoras públicas, determinación de los años de servicio, el cálculo de la cesantía”, dice el texto acogido por los diputados.
