Ante el inminente vencimiento del plazo que tenía para congelar el pago de anualidades este año, el Gobierno optó por replantear el proyecto y solicitar que se elimine dicho beneficio para los años 2021 y 2022.

El Poder Ejecutivo presentó, este miércoles, una propuesta de texto sustitutivo el expediente 21.917, en el que solicitaba a los diputados suspender el pago del plus por anualidad correspondiente al periodo 2019-2020.

La intención de esta medida era generar un ahorro para destinarlo a la atención de la emergencia nacional provocada por la pandemia de covid-19.

Pese a que la iniciativa llegó al Congreso el 8 de abril, una mezcla de inacción de los legisladores y de poco músculo de la administración Alvarado hicieron que tuviera nulo avance en poco más de un mes.

El margen de maniobra para aprobarlo prácticamente se agotó porque el sistema pagará las anualidades a todos los empleados públicos a partir del 1.º de junio.

El nuevo texto fue presentado por las ministras de Planificación, Pilar Garrido, y Trabajo, Giannina Dinarte.

La iniciativa original, además, permitía que sí se les reconociera el pago de la anualidad a todos los funcionarios públicos que trabajan en la primera línea de atención de la pandemia del covid-19, como cuerpos de seguridad y personal sanitario.

El texto sustitutivo propuesto por Garrido y Dinarte ya no trae ninguna excepción, lo que significa que, de aprobarse en la Asamblea Legislativa, se suspendería el pago de las anualidades a todos los empleados del sector público.

Según las proyecciones del Poder Ejecutivo, el ahorro del pago de anualidades para esos dos periodos sería de ¢44.000 millones, solo para Gobierno Central.

En el caso de las instituciones autónomas, el ahorro sería de ¢23.000 millones. Esos recursos irían a engrosar el Fondo Nacional de Emergencias.

El argumento de las ministras es que la nueva propuesta se genera debido a las dudas expresadas por los diputados en días recientes con respecto al primer proyecto.

Garrido aseveró que el ahorro proyectado permitirá “compensar los efectos económicos del covid-19 y, a la vez, inyectar recursos al Fondo de Emergencias".

Dudas de diputados

La diputada liberacionista Silvia Hernández manifestó que la presentación de una nueva versión demuestra que el anterior texto tenía una serie de ambigüedades, que quedaron en evidencia gracias a las respuestas que dieron muchas instituciones ante las consultas legislativas.

Hernández agregó que no le queda claro por qué al inicio el Gobierno proponía solo suspender el pago de la anualidad de este año y ahora propone suspender el de los dos periodos siguientes.

“Quisiera saber por qué ahora piden que sean dos periodos. ¿Será que luego llega y pide que se suspenda por tres periodos?”, se preguntó la legisladora.

La liberacionista también consideró que el Ejecutivo debe explicar, claramente, qué va a pasar con ese dinero, más allá de que se vaya a engrosar el Fondo de Emergencias.

“Quiero saber por qué antes había ciertos sectores excluidos, como los empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Salud y los cuerpos policiales, y ahora no están excluidos”, comentó.

Por su parte, Pablo Abarca, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), escribió en su cuenta de Twitter que considera la propuesta como el “primer recorte decidido dirigido al trabajador público”.

“¿Y el resto, presidente? ¿Cuándo le entra a las partidas que hemos propuesto, los ¢1,5 billones?", escribió el socialcristiano, en referencia a una serie de partidas que, a su criterio, se podrían recortar del Presupuesto Nacional 2020.

En tanto, el diputado Carlos Avendaño, de Restauración Nacional, aseguró que no era viable aprobar el proyecto orginal en menos de 15 días. Añadió que la nueva propuesta, “en términos generales”, les parece bien a los legisladores del PRN.

“No es justo que el sector privado asuma el costo de la crisis y que, mientras miles se quedan sin empleo o se les rebaja la jornada, los pluses del sector público queden iguales”, aseveró Avendaño.

Añadió que, a su criterio, el dinero se debería emplear para el pago de la deuda pública y no para dar más subsidios, “a menos que se use como ahorro por la caída de los ingresos fiscales”.

El legislador indicó que el proyecto no afecta derechos adquiridos. “Se estaría dejando de pagar anualidades sobre las que el trabajador no tiene derecho, sino una expectativa”, aseveró.