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En la imagen de la izquierda se ve el rotulo de la embotelladora y en la de la derecho cómo fue tapado, minutos después, con una bolsa negra. Fotografías: Alonso Tenorio
Río Bonito es una comunidad pequeña, de casas humildes, grandes patios, pocas verjas (para no decir ninguna) y calles de lastre.
Es miércoles 21 de abril y el reloj marca las 10:30 a. m. En el ambiente se respira tensión; nadie quiere hablar de la embotelladora de agua que se pretendía construir a 1,67 km de la pequeña escuela, al menos no en público o con desconocidos.
Mucho menos quieren hablar del puente que se levantó en esa propiedad privada de 22,4 hectáreas, supuestamente con materiales y personal de la municipalidad de Corredores, según una denuncia anónima investigada por el Ministerio Público que nadie en el ayuntamiento quiso explicar o desmentir.
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Ese es el ambiente que percibió un equipo de La Nación que se desplazó a la zona. Pocas personas quisieron hablar y, de manera muy escueta, la mayoría prefirió decir que no sabía nada de ese tema o que mejor se abstenían ante el temor a represalias.
Inicialmente, el equipo de este diario, integrado por un chofer, un fotógrafo y una periodista, se dirigió hacia las coordenadas donde se construyó el nuevo puente, con base en tomas aéreas de Google Earth y detalles de la denuncia anónima.
A escasos 300 metros de llegar a esa infraestructura, un portón cortó el paso. A la derecha, dentro de la malla, un rótulo de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) confirmaba que se trataba de la “concesión de agua por naciente y embotellado de agua embotellada La Cascada S. A.”.
El proyecto está vinculado a Darwin González Hernández y a su esposa Juliana Jiménez Araya, quienes descuentan seis meses de prisión preventiva por los supuestos delitos de tráfico de drogas y legitimación de capitales. El puente está dentro de una propiedad perteneciente a una sociedad llamada Darfra Inversiones, de la cual Jiménez es presidenta y González ha aparecido como apoderado.
A escasos metros de ese portón, el fotógrafo de La Nación tomó varias imágenes y grabó un par de videos donde se visualiza el rótulo de la Setena; el equipo periodístico salió del lugar hasta el centro de Corredores, pero volvió a los pocos minutos en busca de más testimonios y para medir, con precisión, la distancia entre la entrada de la futura embotelladora y la escuela de Río Bonito.
Al regreso, el rótulo de la Setena ya había sido tapado con una bolsa negra de basura para que no se pudiera leer. Y en esta ocasión, un hombre se le acercó al fotógrafo para preguntarle de dónde era, qué hacía ahí y para decirle que ya sabía que el vehículo del equipo estaba a nombre de determinada sociedad anónima.
El sujeto aseguró que, desde la plaza de Río Bonito (la cual está al frente de la escuela, a casi dos kilómetros de distancia), le alertaron de que el pickup blanco venía de regreso. Alegó que se trataba de la seguridad comunitaria.
Inmediatamente, el equipo se trasladó hasta la plaza en busca de más testimonios y, en el corto recorrido, notó cámaras de vigilancia en varias casas que custodiaban la calle. No había verjas, pero sí cámaras.
Al estacionar el vehículo al frente de la escuela, salieron un hombre y una mujer a tomar fotografías o videos con sus teléfonos celulares o, al menos, eso parecía por la forma en que colocaron los aparatos entre sus manos.
Otra mujer se acercó, se identificó como la directora de la escuela y preguntó qué hacía el equipo periodístico ahí. Cuando se le indicó el motivo de la visita, solo atinó a decir “ahhhh”, dio media vuelta y se fue, sin dar espacio para preguntas.
En la Municipalidad de Corredores, la historia se repitió; la tensión se volvió a respirar en el ambiente. Al preguntar por el alcalde Carlos Viales, se indicó que no estaba y que regresaría la próxima semana.
Al consultar si estaba incapacitado, de gira o de vacaciones, la recepcionista adujo que del despacho no le indicaron el motivo de la ausencia de Viales, a quien una denuncia anónima lo vincula con la construcción del puente en los terrenos de Darfra.
Ante la ausencia del alcalde, se solicitó conversar con la persona encargada de dar los permisos de construcción, quien en ese momento se encontraba en su hora de almuerzo.
En horas de la tarde, La Nación pudo conversar con el ingeniero Walfrido Iglesias, quien escuetamente dijo que él se enteró del puente el día que la denuncia salió en la prensa, que no iba a dar más declaraciones y que, sobre este tema, solo se referiría ante una instancia judicial.
Se le pidió una copia del expediente donde se tramitaron los permisos de construcción para la embotelladora, pero dijo que esa información, aunque es de carácter público, no la podía facilitar y que había que pedírsela al alcalde Viales.
En ese mismo día se le envió un correo al jerarca municipal pidiendo una copia digital de ese documento y una entrevista. Sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta. Tampoco respondió el mensaje enviado por WhatsApp a su celular.
