“Imagínese señora de Purral, usted pesca a un directivo de la Caja in fraganti llevándose carretones, haciendo algo delictivo o inapropiado, con cámaras, videos, fotos, más allá de cualquier duda razonable. Según la Sala IV, no se puede remover hasta que termine todo el proceso, no se puede meter una medida cautelar, ¿pero cuánto dura el debido proceso?”.
Esta fue la narrativa imaginaria a la que recurrió el presidente de la República, Rodrigo Chaves, para cuestionar el fallo de la Sala IV que ordenó al Gobierno restituir a dos directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), los cuales fueron suspendidos irrespetando la autonomía constitucional de la institución.
El ejemplo ficticio de Chaves se aleja del argumento que realmente utilizó el Consejo de Gobierno para suspender a los funcionarios en diciembre del 2022.
El Poder Ejecutivo no encontró a ningún directivo “llevándose carretones” in fraganti.
Lo que el Consejo de Gobierno achaca a los directivos es haber aprobado un aumento salarial retroactivo para los funcionarios de Caja aunque tienen hijos, hermanos y otros familiares entre los 63.000 trabajadores de la entidad.
No obstante, un criterio emitido por la Procuraduría General de la República (PGR) contradice el argumento que utilizó Zapote. El ente procurador aclaró que los directivos pueden participar en la discusión y votación de asuntos “macro”, aunque estos incidan en familiares, sin que ello configure un motivo de abstención.
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En enero pasado, la Auditoría Interna de la CCSS emitió un criterio similar como respuesta a una solicitud que planteó la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel.
El martes, la Sala IV informó de que restituyó a José Luis Loría Chaves y Martha Rodríguez González, representantes del cooperativismo y el sindicalismo, al considerar que las actuaciones del Consejo de Gobierno contravienen la independencia absoluta y la garantía de inmovilidad que la ley da a los directivos.
Para los magistrados, la ley constitutiva de esa institución otorga a los directivos absoluta independencia y garantía indefectible de inamovilidad en el ejercicio de sus cargos, de tal forma que puedan ejercer sus funciones sin presiones externas.
Agregó que sí pueden ser separados de sus puestos, pero hasta que se declarare alguna responsabilidad legal en su contra o concurra alguno de los supuestos previstos para esos efectos en la ley.
‘Los procedimientos siguen’
El presidente Chaves aseguró este miércoles: “La Sala IV nos está dando una instrucción, pero la Sala no anuló los procedimientos administrativos en contra de los directivos, sino nada más la medida cautelar. Nosotros vamos a seguir, y que cada palo aguante su vela ante la opinión pública”.
Chaves también resaltó que el voto de la Sala IV no fue unánime, pues cinco magistrados votaron a favor de los recursos de amparo acumulados y dos se pronunciaron en contra.
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Chaves alega contradicción
El presidente aseguró que la suspensión de directivos de la Caja es un tema de legalidad, no constitucional; por lo tanto, desde su punto de vista, la Sala IV no debería pronunciarse al respecto.
Chaves argumentó que la Sala Constitucional se contradice “bajo el liderazgo de dos magistrados particulares, que los entendidos saben quiénes son”.
Posteriormente, el mandatario sugirió a un medio de comunicación solicitar una entrevista con los magistrados Paul Rueda y Fernando Cruz, al considerar que sería útil para impulsar la legitimidad de la Sala.
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Rueda y Cruz fueron dos de los cinco magistrados que votaron a favor del recurso. A ellos se unieron Jorge Araya, Luis Fernando Salazar y José Roberto Garita, este último como suplente.
“Me parece que son las dos personas ideales para esa entrevista. Que se abran, y digan por qué nos estamos desviando de los fallos anteriores, ¿por qué la Sala se está metiendo en temas de legalidad? Que lo expliquen, porque escribir 60 u 80 páginas de un lenguaje que a los mismos abogados les cuesta entender, no es la misma rendición de cuentas”, dijo el presidente.
