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El presidente Carlos Alvarado afirmó que la crisis del coronavirus obligará a tomar medidas temporales para cubrir la brecha que la crisis del coronavirus ensanchó en las finanzas públicas, tanto por la caída en los ingresos como por la necesidad de subsidiar a los trabajadores afectados.
Así contestó el gobernante, en entrevista con La Nación, cuando se le preguntó si el país tendrá que pasar de nuevo por un ajuste grande, como lo fue la reforma fiscal.
“(La situación) nos empuja a tomar medidas de carácter temporal. Es decir, se tendrán que proponer algunas sobretasas temporales distribuyendo las cargas en la sociedad, entre quienes puedan hacerlo”.
“Se echará mano también de otros fondos disponibles, por ejemplo, la plata de Fonatel (¢140.000 millones sin utilizar del Fondo Nacional de Telecomunicaciones); se usará para bajar esta nueva brecha que abre el covid.
“Otra vez el gasto público, no en infraestructura o gasto de capital, se reducirá. No hay que olvidar que, en el último presupuesto extraordinario, ya se redujeron ¢78.000 millones y, de paso, se redireccionaron a Proteger (plan de subsidios a afectados). Nosotros volveremos a hacer una reducción de una dimensión similar”, expuso Alvarado.
La posición del mandatario va en línea con el anuncio del ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, quien afirmó que el déficit financiero del Gobierno Central cerrará este año con la cifra histórica de un 8,6% del producto interno bruto (PIB), muy por encima del 7,2% de 1980.
Sin embargo, para ello es necesario que la Asamblea Legislativa apruebe nuevos recursos; de lo contrario, el déficit subiría a un gigantesco 10% del PIB, advirtió Hacienda.
Dentro de esos recursos, Chaves mencionó, por ejemplo, un nuevo recorte de ¢74.000 millones en el gasto público, un aporte de ¢75.000 millones del Instituto Nacional de Seguros (INS), los ¢140.000 millones de Fonatel y ¢139.000 millones de superávits de instituciones públicas.
Alvarado añadió que los créditos internacionales también permitirán bajar la presión sobre el costo de la deuda pública, pues tienen mejores condiciones en intereses que las colocaciones de bonos en el mercado interno para captar dinero.
“Eso hace que tengamos un financiamiento más barato, pero necesitamos que lo apruebe la Asamblea Legislativa”, dijo. “Este año lo podamos cerrar bien; el financiamiento no va ser un tema que el Gobierno se va a ir a ‘default’ (impago de deudas), pero ¿qué se necesita?, que se aprueben los proyectos multilaterales”.
Alvarado sostiene que, si el país no hubiese aprobado la reforma fiscal en el 2018, el panorama hoy habría sido peor, pues los organismos financieros habrían exigido la aprobación del plan tributario como condición para prestar.
“Allí sí es cierto que nosotros estuviésemos quebrados, sin Proteger y sin nada”, adujo.
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Además de atender los efectos del coronavirus, Alvarado está consciente de que deben continuar los cambios de tipo estructural, entre los cuales menciona la reforma al empleo público, la fundición de órganos desconcentrados y la flexibilización de jornadas laborales.
Asimismo, contestó las siguientes preguntas sobre la rigidez del gasto público:
-¿Las asignaciones presupuestarias rígidas, las que están por Constitución o por ley, las que aún quedan, cree usted que siguen acorde con la realidad actual?
No, yo creo que Costa Rica a través de los años se amarró a hacer política pública a partir de ley y esa no es una buena... ¿Por qué hay que pasarle 18,04% de Fodesaf al Banhvi todos los años?, ¿bajo qué criterio de política pública? La ley lo dice, 18,04%. Esas asignaciones rígidas vía ley no son la mejor práctica, porque no permite hacer política pública a partir de mejores criterios.
Yo creo que veníamos de una cultura donde los diputados, no estos, sino los diputados en el pasado les gustaba hacer su ley y su política pública y dejarla. Pero eso se empieza a petrificar en el tiempo y las necesidades cambian. Entonces quedan muchas cosas rígidas que no responden a la realidad y, entonces, por eso hay veces que hay instituciones con buchacas muy grandes de destinos específicos que no se pueden usar y otras necesidades imperiosas desfinanciadas.
-¿A usted y al Congreso actual les dará tiempo de cambiar eso?
Yo veo los dos años que quedan para resolver todo lo que pueda. El discurso político me viene flojo. Voy a empujar y resolver todo lo que pueda resolver y hasta irme. Hay una agenda enorme. Costa Rica es un país donde el Ejecutivo tiene una gran carga de la dirección política, pero no de la decisión final.
Si yo pudiera decidir sobre todo esto ya estaría hecho, pero necesitamos dialogar con la Asamblea para hacer estas cosas. Yo tengo lo que tengo.
