Carlos Alvarado plantea fortalecer la CCSS con inclusión de trabajadores informales

En ese sentido, demandó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) “flexibilidad” en su modelo de aseguramiento pues, si los trabajadores informales no se han asegurado, es por el alto costo y lo complejo del mecanismo, declaró el mandatario en entrevista con La Nación.

También calculó a cuánto podría llegar el desempleo por la pandemia: al menos 25%, el doble de los desocupados que había antes de la crisis sanitaria.

Por ello, no descarta que el plan de bonos “Proteger” se vaya a extender más allá de los tres meses que dicta, inicialmente, la ley que aprobaron los diputados. También se prorrogaría la fijación en el precio de la gasolina, por medio de la cual se financian parte de los subsidios.

Alvarado dio a conocer que solo en tres meses, “Proteger” consumirá ¢300.000 millones, la mitad del presupuesto anual de Fodesaf, el mayor fondo estatal de ayuda a los pobres.

Pese a la crítica situación, considera que los temas estructurales de reforma del Estado deben permanecer en la agenda política, entre ellos, el cierre del Fondo Nacional de Becas (Fonabe) y la aprobación del proyecto de empleo público.

Durante una entrevista con La Nación, este 30 de abril, en una Casa Presidencial prácticamente inhóspita, el mandatario reconoció que vienen decisiones impopulares para poder hacer frente a los efectos causados por la pandemia.

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― Según la última encuesta del CIEP, hay un repunte en el apoyo a la labor del Gobierno, y del presidente. ¿Cómo relativiza estos resultados?

― La verdad es que los resultados no los relativizo ni les doy mucha reflexión. Lo realmente importante es siempre tomar las mejores decisiones para el país, independientemente de la reacción que genere en la opinión pública.

― ¿Pero no considera la mejora en la popularidad como un “bono” que ayuda a la gobernabilidad, a impulsar esas decisiones en distintos foros donde se deben tomar?

― Lo que tengo claro es que viene un nuevo proceso de toma de decisiones. No serán tampoco decisiones fáciles, porque el impacto de la pandemia ha sido muy fuerte en la economía mundial, y lo será en la economía de Costa Rica. Entonces, si tener una fortaleza en la opinión pública servirá para explicar la parte que viene, pues ojalá sea positivo. Pero lo importante es que en esta coyuntura que se abre, otra vez tenemos que hacer lo correcto, y creo que con otro matiz.

― Habíamos cerrado el 2019 con un desempleo del 12,4%. ¿Hay una estimación de en cuánto podría quedar este año?

― La medición oficial viene del INEC. Hay estimaciones a partir de la CCSS, otras a partir de los datos duros de la plataforma Proteger. Mi estimación es que al menos se duplicaría. Pero lo que sabemos es que hay un impacto muy grande y que abre otra ruta que tenemos que trabajar, ya no solo en la reactivación sino también en los problemas estructurales que no son los de la pandemia, sino los que veníamos teniendo antes del covid-19.

― Ahora que menciona problemas estructurales, la contralora general Marta Acosta ha llamado en reiteradas ocasiones a atender los problemas estructurales del país. ¿Coincide usted?

― Sí. Veo el panorama general así, en el marco covid-19. Lo veo en cuatro ejes. Uno, nos metió un eje sanitario muy fuerte, que es el que hasta el momento se ha manejado muy bien (…). Dos, está todo el tema del impacto social. La plataforma Proteger ya tiene más de medio millón de personas que se han registrado. Entonces, Costa Rica va a invertir en tres meses unos ¢300.000 millones para proteger a esas personas. O sea, vamos a hacer una enorme inyección de protección que, claro, va a tener un enorme impacto en las finanzas públicas, pero si no hacemos eso el impacto va a ser en el futuro del país y en el presente.

"En la parte sanitaria estamos en un proceso de abrir otra vez lo que es posible y de controlar las variables macroeconómicas para que no haya un desbalance de las finanzas públicas y un desbalance general de la economía nacional (…). Entonces, esa es la tercera dimensión: la económica, todo un juego de balance. Si lo sanitario se cae, todo lo demás se cae. Si lo social se cae, perdemos la cohesión social y lastimamos a las familias. Si lo económico, que tal vez es lo más intangible, se cae, perdemos nuestra estabilidad también. Entonces, esas tres cosas tenemos que mantenerlas.

"Hay una cuarta cosa que ya se venía trabajando de antes y que sigue siendo igualmente esencial: todos los temas estructurales, de reforma del Estado, que tienen que ver con nuestra agenda de quitar órganos desconcentrados, cerrar Fonabe, aprobar el (proyecto de) empleo público, aprobar las jornadas laborales diferenciadas que permiten mayor empleabilidad, todo lo que tiene que ver con la reforma al INA para una capacitación más ágil, la agenda de bilingüismo, la reforma de Conesup, para mejorar la capacidad de la formación privada, pero sobre todo, de los profesionales en educación, por ejemplo.

― ¿Cuántas personas están en el plan Proteger?

― Tenemos a medio millón de personas en Proteger, pero de esas, más de 300.000 en la informalidad. Y cuando uno ve quiénes son esas 300.000 personas, el 80% tiene una escolaridad de primaria para abajo (primaria completa, primaria incompleta o sin formación). Eso habla del problema estructural de nuestra educación. No tienen seguro y los mecanismos de aseguramiento son caros o complejos para esta población, o tienen una baja empleabilidad.

“Ahí hay un problema estructural que pega con otro problema estructural, que es el de la Caja (CCSS). La Caja, que ha sido valuarte en la atención de la pandemia y que estamos comprometidos con financiar. Pero en la medida en que la Caja tiene alguna fragilidad en sus finanzas, se vuelve muy resistente a flexibilizar esquemas para atraer a esas 300.000 personas que están trabajando, pero no están formalizadas. Hoy se le puede decir a la Caja, ‘vea no es una hipótesis, conocemos a estas 300.000 personas que son independientes o informales que no están aseguradas, porque no les es fácil’”.

― Y la CCSS igual los atiende...

― Igual los atiende y no los atiende tan bien, porque como mucha gente no tiene seguro, van cuando la situación ya es de emergencia; no preventivamente. Entonces podría ser mejor para los costos de salud, pero también para ampliar la base contributiva. Eso es parte de lo estructural que podemos resolver, fortaleciendo a la Caja y haciendo más inclusión laboral.

― La situación económica y de desempleo inquietan ¿Tiene pensado extender las ayudas directas del plan Proteger? ¿Cómo concibe esa segunda oleada de políticas para atender la economía de los hogares?

― Lo primero es que, dichosamente, el tema de la vida, la salud o la muerte es una gran preocupación, pero no se ha convertido en el tema central porque hoy los fallecidos no se cuentan por decenas o centenas. Entonces la preocupación se traslada mucho al tema laboral o económico porque ahí hay una afectación directa por el distanciamiento social.

“Entonces, el plan (Proteger) está pensado para tres meses porque cuando se diseñó: uno, tenía que ser sostenible económicamente. Dos, era muy incierta cuál era la temporalidad y sigue siendo incierto. Otra cosa positiva de su diseño es que no se cargó su financiamiento en deuda. Su financiamiento se cargó en la fijación al precio de los combustibles, en utilidades del INS y en parte de lo que fue el crédito de la CAF. Entonces, su financiamiento es sano, o sea, viene con ingresos frescos.

“Ahora, ¿dará para tres meses? Habrá que volver a ver cuánta gente lo sigue necesitando y qué fuente de financiamiento se tiene. Sí se tiene contemplado que, muy probablemente, haya que prorrogar esto. Y se está valorando prorrogar la fijación del precio de los combustibles, por ejemplo, y hacerlo de una forma sostenible”.

― Hay personas críticas de este tipo de ayudas directas.

― La ayuda tiene que estar encadenada con todos los programas de promoción humana. Cuando uno apoya económicamente a una familia tiene que tener las condiciones y las condicionalidades para que estén en la educación pública, para que vayan a los servicios de salud para que sea un mecanismo de promoción, no de dependencia.

“Y la otra gran oportunidad que emana de esto es que somos potencialmente capaces de disminuir radicalmente la informalidad, porque ahí tenemos a la vista toda esa población en la informalidad con la cual debemos interactuar, generado políticas de formalización. Y eso ampliaría la base contributiva, mejoraría la calidad de vida de esas personas en los servicios de salud. Formalizándolos tendríamos la proyección para que puedan contribuir para sus pensiones. O sea, es un cambio fundamental en uno de los problemas más grandes en nuestro mercado laboral que es la informalidad”.

― ¿Pero usted cree que hay espacio para hacerlo? Porque la Junta Directiva de la CCSS ha sido reacia.

Para ellos la gran preocupación es la sostenibilidad económica, que es mi preocupación también. Tengo una gran preocupación por ampliar la formalidad. ¿Cómo lograr eso? Creo que esa es la gran discusión que tendremos esta semana cuando empecemos a reunirnos. Además, muchas de esas personas son mujeres, muchas son trabajadoras domésticas, muchas están muy vulnerables. Eso sería un cambio de inclusión.

― En noviembre convocó el proyecto de amnistía, pero la gente de la CCSS se opuso.

― Ellos se opusieron, si mal no recuerdo, casualmente alegando que esa es una decisión que compete a la Junta Directiva y no a la Asamblea Legislativa. No tengo empacho de que eso se resuelva o en la Asamblea Legislativa o en la Junta Directiva de la Caja, lo que necesito es que se resuelva.

Si fuera competencia del presidente de la República, lo que estuviera en mis manos ya lo hubiera puesto a rodar para que pasara, pero independientemente del ámbito legal en que haya que resolver, hay que resolverlo. Las cargas de lo que viene tenemos que repartirlas entre la sociedad. Tenemos otra vez que ser balanceados. A quienes no tenemos que ponerles cargas es a los que de por sí ya son pobres y vulnerables