Política

Bonos verdes toman fuerza con dos proyectos millonarios en Guanacaste

Con una emisión de bonos verdes, una cooperativa logró financiar los ¢4.000 millones que costará un parque de generación de electricidad con paneles solares. Ahora vienen otras emisiones para un proyecto que generará luz a partir de basura

En las llanuras de Guanacaste, una cooperativa rural gesta un proyecto que promete convertir 150 toneladas de basura en energía renovable al día, reduciendo las emisiones de dióxido de carbono (CO2). Se trata de una planta de gasificación que se construirá gracias a bonos verdes, una herramienta de financiamiento creada para contener los efectos devastadores del cambio climático en el planeta.

Los bonos verdes son un instrumento que cada día toma más fuerza entre los inversionistas nacionales e internacionales y, se utilizan, específicamente, para financiar proyectos enfocados en sostenibilidad y protección del medioambiente.

El primer título valor de este tipo lo emitió el Banco Europeo de Inversiones en 2007 y, en 2008, lo hizo el Banco Mundial. La primera emisión en Centroamérica data del 2016 y la lanzó el Banco Nacional (BN) al colocar $500 millones en bonos verdes en bolsas de Zúrich, Nueva York, Boston y Londres.

A esa primera emisión del BN se suman otras tres, para un total de cuatro en seis años. El mecanismo ha logrado reunir, aparte de los $500 millones, ¢101.000 millones para proyectos verdes.

Y la tendencia es al aumento por el apetito de los inversionistas hacia ese tipo de colocaciones, declaró la economista María Brenes Quesada, directora de Negocios de la Bolsa de Valores Nacional.

“Esto no es una moda como muchos creen, esto llegó para quedarse, este es el nuevo enfoque de inversión. Los grandes inversionistas a nivel internacional se están moviendo a esto y si los grandes inversionistas que manejan billones de billones de dólares lo están haciendo es por algo, y ya hay evidencia de que este tipo de inversiones son rentables, no son filantropía, no es por moda ni por regalar la plata, son inversiones responsables, y además durante la pandemia demostraron ser mucho más resilientes a las crisis que una inversión tradicional”, explicó.

Con este instrumento, la Cooperativa de Electrificación Rural de Guanacaste (Coopeguanacaste) financiará dos proyectos valorados en ¢31.000 millones.

El primero es el Proyecto Solar Huacas, en Santa Cruz, el cual a partir de la instalación de 12.000 paneles solares en un área de nueve hectáreas generará 7,24 megavatios por hora, los cuales son suficientes para abastecer el consumo eléctrico de 3.800 hogares. El plan cuesta ¢4.060 millones, monto que ya está financiado pues al salir la emisión de bonos verdes, en julio, una operadora de pensiones los compró en su totalidad.

El segundo proyecto, por ¢26.615 millones, también se financiará con bonos verdes. El dinero se recaudará entre 2022 y 2023 para construir la planta de Gasificación de Residuos Sólidos Municipales, la cual operará con los residuos de Liberia, Carrillo y Nicoya.

La basura primero se pondrá a secar; los residuos empezarán el proceso de descomposición térmico, conocido como pirolisis; y por último el material se convertirá en gas. Ese gas se usará como combustible para los motores de combustión y calderas que desprenderán vapor, el cual se usará para la generación de electricidad limpia equivalente a 7,7 y 9 megavatios por hora (MWh).

Gerardo Araya Naranjo, subgerente de Coopeguanacaste, contó que en abril lograron la aprobación de la Superintendencia General de Valores (Sugeval) para emitir el total de ¢31.000 millones en bonos verdes.

La decisión la tomaron porque proyectaron que a pequeño o largo plazo los bancos iban a tener un techo para financiar proyectos de generación eléctrica. “Entonces, dijimos, si vamos a entrar en esta nueva corriente de financiamiento de proyectos pues qué mejor que hacerlo de una vez bien en la celda del desarrollo sostenible qué es lo que hemos tenido como cooperativa”, explicó.

Para este plan, Coopeguanacaste se inspiró en una planta de este tipo ubicada en Brampton, Toronto, Canadá, la cual visitaron.

Araya explicó que no solo es la primera cooperativa que incursiona en los bonos verdes, sino que muchos de sus asociados, que no son inversionistas institucionales, muestran interés en la compra de bonos. “Sentimos un orgullo sano, mucha satisfacción por la confianza que el mercado nos brinda, por el gran apoyo de los inversionistas y de los operadores en ese tipo de proyectos”, dijo.

Con la primera emisión de $500 millones que se dio en el país en 2016, el Banco Nacional buscó financiamiento para ofrecer un fondo de créditos enfocados en proyectos ecoamigables. El éxito de esa primera subasta fue tal que los mercados ofrecieron 5,2 veces el monto original.

La segunda la hizo el Banco Popular en julio del 2021, por ¢50.000 millones a cinco años plazo. El dinero se destina a refinanciar líneas de crédito verdes relacionadas con proyectos de energía renovable, eficiencia energética y gestión del agua.

La tercera la lanzó eI Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en noviembre del 2021 con la subasta de ¢20.000 millones para el refinanciamiento de la Planta Hidroeléctrica Reventazón.

El camino de los bonos verdes en el país lo ha impulsado la Bolsa Nacional de Valores. María Brenes, directora Comercial de la BNV, explicó que cualquier empresa interesada en emitir bonos verdes para alguno de sus proyectos se puede acercar a la Dirección Comercial para recibir asesoría gratuita.

“Si nosotros vemos que la empresa tiene potencial y efectivamente cumple con los requisitos, que el monto de los proyectos es aceptable, entonces lo que hacemos es que la ponemos en contacto con un estructurador, que es la figura dentro del mercado que se encarga de sentarse con la empresa a armar el financiamiento a la medida”, comentó la ejecutiva.

El marco regulatorio lo estableció la Ley 10.051, aprobada en setiembre del 2021, que obliga a los inversionistas institucionales a incluir un “porcentaje mínimo” de su portafolio en inversión sostenible.

El fondo de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el más grande del país y administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), fue el primer inversionista nacional que se comprometió a comprar bonos de proyectos sostenibles con el ambiente. Lo hizo desde 2019, previo a la publicación de esa ley.

Actualmente, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) elabora los reglamentos para normar los porcentajes mínimos que deberán adquirir los inversionistas institucionales.

La ley 10.051, Ley para potenciar el financiamiento y la inversión para el desarrollo sostenible, mediante el uso de valores de oferta pública temáticos, fue emitida en el 2021, y ofrece beneficios para los emisores de bonos verdes, como créditos fiscales en el impuesto de renta, descuentos en tarifas, tasas y cobros que se deba pagar el gobierno por el proyecto.

Además, la norma garantiza el trámite expedito en instituciones públicas para dar autorización de las actividades relacionadas con los proyectos verdes.

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