El Banco Central de Costa Rica (BCCR) les suministró a los asesores de datos de Casa Presidencial dos bases de datos sobre los patronos del país y sus actividades económicas, excluyendo datos confidenciales de personas o empresas.
Las bases contenían información estadística sobre la cantidad de patronos en cada cantón de país entre los años 2012 y 2018, con el detalle de las actividades económicas, el tamaño de las empresas, el número de empleados, el gasto salarial, los ingresos y el dinero transado en exportaciones.
Toda la información estaba anonimizada, según se puede observar en la base de datos, de la cual este medio obtuvo copia. Es decir, no se puede identificar a ningún patrono en específico.
“El Banco brindó datos agregados de carácter público, excluyendo cualquier tipo de información confidencial, sobre producción, empleo y exportaciones por actividad económica, cantón y tamaño de empresa” explicó en Banco Central.
Agregó que todo el material que pudiera ser de carácter confidencial fue sustituido por una "X" dentro de la base estadística.
Según informó el BCCR, un primer envío se efectuó el 11 de diciembre del año 2018 y, el segundo, el 17 de febrero del 2020.
Estas estadísticas se alimentan con los intercambios de información que el Banco Central tiene tanto con el Ministerio de Hacienda como con el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) de la Caja Costarricense de Seguro Social, el cual contiene información sobre las planillas de los patronos y cotizantes del país.
El BCCR precisó que el suministro de información a Casa Presidencial se produjo luego de que, en octubre del año 2018, los asesores de datos presidenciales se reunieron con técnicos del Central.
“Efectivamente, el 29 de octubre de 2018 se realizó una reunión de acercamiento, en las instalaciones del Banco Central de Costa Rica, para que esta institución brindara datos estadísticos desagregados geográficamente, excluyendo información de carácter confidencial” indicó la entidad financiera.
La entidad agregó que estos fueron los únicos datos que se les facilitó a los asesores presidenciales que estaban encargados de realizar análisis de datos para el Gobierno.
Los bancos de Costa Rica (BCR) y Banco Nacional (BN) negaron haber recibido alguna solicitud de información por parte de la UPAD.
El equipo de análisis de datos tuvo la intención de firmar un acuerdo con la CCSS, similar al que esta entidad tiene con el BCCR, pero la Caja le respondió que no podía darle acceso a ese convenio y que, en todo caso, el gobierno disponía del Sistema Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), con el cual la Presidencia sí firmó un convenio.
Actualmente, los tres analistas que tenía la Casa Presidencial son investigados judicialmente por una presunta violación de datos, junto con el presidente Carlos Alvarado, el exministro de la Presidencia, Víctor Morales, y el ex viceministro de Planificación, Daniel Soto.
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La investigación incluyó un allanamiento a la Casa Presidencial por parte de la fiscala general, Emilia Navas.
A principios del gobierno, el presidente Carlos Alvarado le envió una carta a la contralora general, Marta Acosta, para solicitarle acceso a las bases de datos de compras y salarios públicos y le dijo que, de ser necesario, la información podía ser anonimizada, aunque se trata de información pública.
Por otra parte, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) recibió un correo, el 14 de enero del 2020, de uno de los analistas, de nombre Alejandro Madrigal, en el que este proponía un “contrato de confidencialidad” para tener dos cuentas de acceso al Centro de Información Crediticia (CIC), el cual registra las operaciones financieras de las personas y es protegido por ley.
En el correo, el funcionario argumentaba querer saber los resultados de las políticas para atender el endeudamiento de los hogares. La SUGEF no le dio trámite al correo por su informalidad y el superintendente Bernardo Alfaro dijo que respuesta habría sido que esa información está protegida.