La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) rechazaron los convenios de intercambio de información que les propusieron funcionarios de Casa Presidencial para el análisis de datos que se desarrollaba en Zapote.
En el primero de los casos, la propuesta la hizo Felly Salas Hernández, directora de despacho del mandatario Carlos Alvarado, el 19 de febrero del 2019, mediante una carta enviada al presidente ejecutivo de la CCSS, Román Macaya Hayes.
En la carta, la funcionaria relató que, por instrucción del gobernante, el despacho diseñaba políticas de reactivación económica con enfoque territorial, para lo cual necesitaban recopilar información de distintas instancias públicas.
“La CCSS y el Banco Central comparten una serie de datos para efectos estadísticos, amparados en el convenio marco de cooperación e intercambio de información, entre ambas instituciones, suscrito el 3 de julio del 2018. En ese sentido, es de importancia para la función que estamos realizando, contar con la información que se le está trasladando al Banco Central, razón por la cual le solicitamos autorizar a dicha institución a compartir con este despacho la información señalada”, expuso Felly Salas.
Mediante el convenio entre la CCSS y el BCCR, estas instituciones comparten, por ejemplo, “la actualización de los datos por unidad jurídica o patrono y por asegurado”, así como la identificación de registros atípicos, la estratificación por actividad económica, el análisis del comportamiento de los datos y el desarrollo de indicadores de productividad.
Casi un mes despues, el 15 de marzo del 2019, Macaya le respondió a la jefa de despacho del presidente que, según la Gerencia Financiera de la Caja, la institución estaba legalmente imposibilitada de compartir la información producto del convenio con el BCCR, en virtud de los términos del acuerdo.
“No obstante lo anterior, para los efectos que se requiere, el Gobierno Central cuenta con el Sistema de Información del Estado (Sinirube), que es alimentado de la información de esta institución y se encuentra amparado al marco de la legalidad existente”, le escribó el presidente de la CCSS.
La CCSS sí suministró a la Presidencia información que regularmente consultan investigadores y medios de comunicación, la cual está anonimizada, es decir, que no identifica a personas en particular.
Se trata de datos generales sobre número de patronos inscritos y trabajadores afiliados por condición, como asegurados por patrono, cuenta propia o por el Estado, dijo Luis Rivera, director del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) de la CCSS.
Por otra parte, la Presidencia sí firmó un convenio con el Sistema Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), el cual registra información de quienes reciben subsidios del Estado, entre ellos los que otorga la CCSS, como las pensiones no contributivas.
Caso de Sugef
La Sugef informó de que uno de sus funcionarios del área de supervisión recibió un correo electrónico enviado por Alejandro Madrigal Rivas, uno de los analistas de datos de la Presidencia, con una propuesta de “contrato de confidencialidad” para un intercambio de la información del Centro de Información Crediticia (CIC), el cual almacena los registros de los deudores del sistema financiero nacional.
“Se aclara que nunca se recibió una solicitud de información de forma específica, sino un correo que proponía el intercambio de información del CIC por medio de un convenio”, explicó la Superintendencia.
La solicitud no fue atendida, pues no llegó de manera formal y, además, la Ley Orgánica del Banco Central no permite la suscripción de ningún tipo de intercambio de información del CIC.
El documento, del cual tiene copia La Nación, tenía el título "Contrato de confidencialidad entre Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), Ministerio de la Presidencia y Alejandro Madrigal Rivas y Diego Fernández Montero”.
El documento sugería como firmantes del acuerdo a Bernardo Alfaro, jerarca de Sugef; al entonces viceministro de la Presidencia, Juan Alfaro, y a los analistas de datos Madrigal Rivas y Diego Fernández Montero.
El texto proponía que Madrigal y Fernández tuviesen acceso al sistema, para lo cual serían capacitados y recibirían credenciales de acceso a la plataforma tecnológica.
“Estas credenciales son personalísimas y confidenciales, en consecuencia, no pueden alterarse, modificarse o trasladarse a una tercera persona. En el caso de se presenten algunas de estas situaciones debidamente comprobadas, generará responsabilidad civil, administrativa y penal para las personas funcionarias y responsabilidad solidaria para el Ministerio de la Presidencia”, añadía el borrador.
‘Es de mi interés conocer quién utilizó mi nombre’
El exviceministro de la Presidencia, Juan Alfaro, actual viceministro de Hacienda, negó cualquier relación con esa propuesta. Incluso, afirmó que estando en la Presidencia, no tenía un rol directo con los analistas de datos.
“Si esa propuesta fue enviada desde la Presidencia a la Sugef, creo que quien le facilita el documento puede confirmar quién lo envió. Es de mi interés conocer quien utilizó mi nombre en una propuesta de convenio, sin haberme informado previamente”, declaró Alfaro.
“Conozco a las personas que conformaban el equipo, mas no en detalle las gestiones que realizaban con otras instituciones”, afirmó Alfaro a La Nación.
El viceministro negó haber redactado el documento o haber autorizado su envío.
“No tengo esa información, desconozco cuándo o a quién se envió. No sé qué se pretendía”, dijo. Incluso, dijo desconocer que su nombre estaba en el documento.
Según informó la encargada del Gobernanza Pública de la Defensoría de los Habitantes, Hazel Díaz, el OIJ también rechazó firmar un convenio de intercambio de información con Casa Presidencial.
Así lo dijo en la conferencia de prensa en la que presentó los resultados de la investigación de la Defensoría de los Habitantes sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).