Sofía Chinchilla C.. 26 diciembre, 2019
La simulación de matrimonios es un delito desde el 2009. Los grupos delictivos por lo general contactan a personas vulnerables, como madres solteras o indigentes, y les ofrecen dinero a cambio de que se casen con un desconocido de otro país. Imagen con fines ilustrativos: Shutterstock.
La simulación de matrimonios es un delito desde el 2009. Los grupos delictivos por lo general contactan a personas vulnerables, como madres solteras o indigentes, y les ofrecen dinero a cambio de que se casen con un desconocido de otro país. Imagen con fines ilustrativos: Shutterstock.

La Procuraduría General de la República (PGR) tramita, ante los juzgados de Familia, la disolución de 1.169 matrimonios entre ticos y extranjeros que, al parecer, son simulaciones con el fin de que el foráneo obtengan la nacionalidad costarricense.

El abogado del Estado abrió los expedientes ante alertas del Registro Civil, el cual a su vez recibió denuncias de nacionales que llegan a reconocer que en algún momento de su vida aceptaron casarse con un foráneo a cambio de dinero, o por hacer un favor.

Otra minoría llega a pedir una certificación de su estado civil, y ahí se enteran de que aparecen casados con desconocidos.

Desde el 2009, la simulación de matrimonios se castiga con una pena de hasta cinco años de prisión. Si el acto tiene como fin obtener beneficios migratorios, la pena aplica tanto a los contrayentes como al notario y a los testigos que participen.

No obstante, de acuerdo con Guillermo Fernández, el procurador de Familia que tramita estos casos, hay abogados que han adoptado la actividad como un “modus vivendi”.

“Hay más de un sinvergüenza, y no son uno ni dos”, afirmó Fernández.

El artículo 14 de la Constitución Política establece que un extranjero puede obtener la nacionalidad costarricense al cumplir dos años de estar casado con una persona costarricense y de residir en el país.

“Se han aprovechado de eso y se ha desvirtuado el tema de la nacionalidad por matrimonio, porque a la fecha hemos trasladado más de 1.300 casos a la Procuraduría General de la República como nulidades o inexistencias del matrimonio. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el punto de vista registral, hemos tenido algunos indicios de irregularidades”, dijo Luis Guillermo Chinchilla, oficial mayor civil del Registro Civil.

En el 2021, por ejemplo, irá a juicio un notario cartaginés sospechoso de haber realizado 38 matrimonios falsos entre costarricenses y foráneos de distintas nacionalidades, principalmente chinos, dominicanos y colombianos.

Melissa Lara, fiscala de la Fiscalía Adjunta de Fraudes, informó de que el sujeto está acusado por falsedad ideológica y matrimonio simulado.

En allanamientos a la vivienda y la oficina del notario, la Fiscalía encontró "unas anotaciones donde hacía una especie de asocie: en una lista tenía nombres de extranjeros y, en otro lado, nombres de costarricenses y hacía asocies como por edades, de esa forma hacía los vínculos matrimoniales y los inscribía”, explicó Lara.

La funcionaria explicó que el imputado y colaboradores visitaron un barrio marginal y reclutaron costarricenses, para casarlos a cambio de dinero. Los contrayentes y los testigos son parte de la pesquisa, en la que figuran cerca de 900 investigados.

Nulos o inexistentes

Los matrimonios fraudulentos son nulos cuando ambas partes aceptan realizarlo, pese a que no tienen intenciones de integrar una familia. Por otra parte, son inexistentes cuando se realizan sin el consentimiento de la contraparte.

En ambos casos, si la Procuraduría logra probar que la unión fue simulada, un juzgado disuelve el enlace y se rechaza la solicitud de nacionalidad.

De acuerdo con Fernández, la mayoría de los expedientes activos responde a matrimonios nulos, en los que los señalados son principalmente cubanos y colombianos. También se han identificado nicaragüenses, peruanos, estadounidenses y europeos.

Los costarricenses normalmente son personas vulnerables “con adicciones a las drogas, alcohólicos, personas indigentes, madres solteras (...) los ubican y les ofrecen cantidades de dinero para que se casen con un extranjero”, dijo el procurador.

“Incluso les ofrecen viajes a Cuba, tres o cuatro días, donde llegan a casarse o simplemente llegan a tomarse fotos con la persona que dice ser su marido, por si en algún momento se presenta alguna situación”, dijo Fernández.

De acuerdo con el procurador, también han conocido casos de empleadas de bares o restaurantes, que acceden a casarse con colegas como un favor.

Guillermo Fernández informó de que, en el 2019, se han concluido unos 180 procesos y, en un 95%, se ordenó la disolución del matrimonio.

Para los próximos meses, la PGR tiene previsto presentar otro medio centenar de expedientes ante los juzgados.

Resolución se atrasa por años

Los cónyuges nacionales por lo general denuncian las uniones cuando se dan cuenta de que no pueden casarse con otra persona, o porque sus hijos se inscriben con el apellido del esposo falso.

En otros casos, el personal del Registro empieza a sospechar cuando llega a pedir la nacionalidad un extranjero casado con una mujer de una edad muy distinta.

Según Fernández, en los últimos años quizás ingresó un 20% de los casos que se analizaban antes. La disminución la atribuye a que menos personas denuncian para no someterse al proceso, así como a la reforma penal implementada hace 10 años.

El procurador indicó que de los 1.169 expedientes activos, unos 600 ingresaron antes del 2014. Además, la mayoría de las uniones denunciadas se efectuaron antes del 2009, por lo cual no son punibles, pero sí se pueden disolver.

La Procuraduría inicia la investigación de cada caso luego de que el Registro Civil le traslada el testimonio del cónyuge que denuncia y una serie de documentos, como los registros migratorios del extranjero y certificaciones de bienes.

Si el ente procurador halla elementos suficientes, traslada el caso al Juzgado de Familia pero, según Fernández, la dificultad de notificar a los involucrados genera constantes atrasos.

“No los encuentran para notificarlos en la dirección que tienen registrada, y los llaman pero el número no existe o está cortado, y entonces tienen que preguntarle al Registro si cambiaron de dirección, en eso pueden tardar varios meses”, reconoció Fernández.

Si el denunciante no aparece, el Estado le asigna un curador.