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Luego de tres años de trámite en la Asamblea Legislativa, los diputados aprobaron con 42 votos y en primer debate una reforma constitucional que introduce los principios de sostenibilidad, transparencia y responsabilidad en la gestión pública y establece la posibilidad de que se utilicen los presupuestos plurianuales.
La modificación incluye dos párrafos en el artículo 176 de la Constitución Política, que crean el marco general para que las instituciones puedan proponer planes de gastos con miras a mediano plazo y ya no presionados por las circunstancias fiscales del año presupuestario común.
De acuerdo con la contralora general, Marta Acosta, el principal beneficio de la reforma constitucional aprobada es la introducción del principio de sostenibilidad.
“Este proyecto tiene como fin último preservar el Estado Social y Democrático de Derecho, porque el impacto es a través de servicios públicos más eficientes”, comentó.
El proyecto, específicamente, introduce un párrafo primero en el artículo mencionado, que dice así:
“La gestión pública se conducirá de forma sostenible, transparente y responsable, la cual se basará en un marco de presupuestación plurianual, en procura de la continuidad de los servicios que presta."
Además, establece en su nuevo párrafo tercero, que los principios de este artículo constitucional pueden aplicarse para la administración pública en su sentido más amplio.
Según la contralora, la modificación no significa que las instituciones estatales dejen de presupuestar sus gastos de forma anual, sino que permitiría una mayor disciplina en la administración y que se puedan plantear gastos a mediano plazo.
De esa forma, una municipalidad que tenga que aplicar un aumento salarial y tenga el dinero para hacerlo, por el momento, pero no sepa si a dos o tres años pueda afrontar ese gasto, debe planificar mejor su presupuestación.
O bien, que una entidad tenga proyectada una obra de infraestructura y tenga fondos, actualmente, para los estudios de preinversión, pero no sepa si a mediano plazo los vaya a tener.
La idea es que la extinción del año presupuestario no implique la pérdida de los recursos destinados a un servicio u obra.
El efecto que tendría la nueva norma constitucional en el Gobierno Central, por ejemplo, es la de mejorar la planificación de los recursos, tener una visión de mediano plazo y no a un año plazo.
“No se debería estar presupuestando para el día a día. Eso hacemos ahora y el presupuesto de cada año es un histórico de gasto más un porcentaje por inflación”, explicó Acosta.
La jerarca añadió que ya hay instituciones públicas que utilizan ese sistema de presupuestación.
En el dictamen con que los diputados recomendaron al plenario la aprobación del proyecto, expusieron los beneficios de generar el marco de la plurianualidad vía Constitución.
Específicamente, los beneficios planteados por los legisladores, luego de escuchar a Marta Acosta y a Leonardo Castellón, director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, son:
-Estimula a las autoridades políticas a conocer, evaluar y corregir el comportamiento fiscal del Gobierno.
-Sirve de freno a la toma de decisiones sobre gastos sin financiamiento o medidas que alteran negativamente el resultado fiscal.
-Atenúa la rigidez de la estructura de gastos, porque permite reorientar los ahorros generados por la finalización de programas y proyectos.
-Incrementa la capacidad de control global y particular del gasto público.
-Reduce la incertidumbre del sector privado sobre el comportamiento de las cuentas públicas.
-Facilita el seguimiento y cumplimiento de programas que se maduran de forma plurianual.
-Reduce la incertidumbre de las instituciones sobre asignaciones presupuestarias de mediano plazo.
-Se adecua mejor que el presupuesto anual al plan orientado a los resultados.
-Incentiva el planeamiento estratégico institucional.
Aprobación de largo plazo
Aunque la iniciativa ya recibió el primer debate en el plenario, el Reglamento legislativo establece que deberá ir un mes a estudio de la Sala Constitucional.
Cuando regrese de ese estudio hecho por los magistrados, la Asamblea deberá darle segundo debate, en esta misma legislatura (periodo de un año que va de mayo a abril).
Si esa votación se le aplica al proyecto antes de mayo, entonces el presidente de la República tendrá que mencionar la iniciativa legal en su informe anual ante el Congreso, en mayo.
Después de esa mención en el informe presidencial, el paso siguiente y definitivo del trámite legislativo es la aprobación en tercer debate, en el plenario.
