Funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) que laboran lejos de su zona de residencia reciben dos sobresueldos por ese concepto.

Ese doble pago se da aunque desde el 2002, el Ministerio ha recibido advertencias de la Contraloría General de la República y también llamados de atención de la Auditoría Interna.

Este fue el señalamiento que, precisamente, hizo la Auditoría en su último informe, DAG-I-04-2021 del pasado 30 de abril, según el cual, persisten deficiencias de control interno que permiten el pago de dos beneficios que, a criterio de la Contraloría, tienen el mismo objetivo.

De acuerdo con el documento, el problema ocurre ante la falta de ajustes en el Reglamento para el Reconocimiento de la Compensación por Desarraigo, No. 31564

Según esa normativa, “la compensación por desarraigo, no será excluyente de cualquier otro beneficio cuya naturaleza y objeto primordial sea el reconocimiento por el trabajo efectuado por el funcionario profesional fuera de su lugar habitual de residencia o su lugar de contrato de trabajo”.

De esta forma, el MOPT ha reconocido el pago tanto de ese incentivo como del llamado “viático corrido” o zonaje, al mismo profesional en el mismo espacio temporal.

El informe, que solo analizó datos de los últimos tres años, determinó que entre enero de 2018 y enero de 2021, se recibieron 77 solicitudes para el reconocimiento del incentivo por desarraigo. De esas se aprobaron el 95% (73 casos) y en 69 de los casos se retribuyó también con el pago del viático corrido.

La decisión implicó que en ese periodo, la Administración pagara ¢90,5 millones por viático corrido a funcionarios que ya recibían el incentivo por desarraigo (esa cifra no contempla los montos del primer trimestre de este año pues aún son analizados).

En tanto, por concepto de desarraigo en ese tiempo, el MOPT desembolsó ¢224,4 millones.

Por ese último plus, el Ministerio paga a sus trabajadores un 40% sobre el salario base, mientras que el viático corrido se calcula mediante una fórmula que considera el monto promedio del costo de hospedaje (según la zona) y montos diarios de alimentación determinados por la Contraloría.

19 años de desobediencia

De esta forma, la institución sigue ignorando el pronunciamiento que hizo el órgano contralor desde hace 19 años, según el cual “la actual regulación del Ministerio de Hacienda en esta materia lleva a la conclusión de que por la vía del ‘desarraigo’, el ‘viático corrido’ y el ‘zonaje’ se están pagando sumas que se fundamentan en un mismo hecho generador, como es que el funcionario deba trasladarse para realizar sus trabajos a un lugar distinto al de su residencia habitual.

“El pago del ‘viático corrido’ es una compensación que el Ministerio paga a los servidores que sean destacados mediante acción de personal en una o varias regiones diferentes al lugar de su residencia por 30 días o más, con lo cual, según se indicó, equivale a un pago también por concepto de zonaje, con lo cual, con base en un mismo hecho, estaría otorgando dos beneficios, lo cual resulta ciertamente irregular”.

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Incluso, el reciente dictamen de la Auditoría destacó que el reglamento utilizado para fundamentar el doble pago entró a regir el 19 de diciembre de 2003, es decir, cuando ya la Contraloría General de la República había emitido dos criterios vinculantes sobre el tema.

El informe también advierte de que no existen normas internas que obliguen a las jefaturas a justificar los motivos por lo cuales disponen desarraigar a sus subalternos, ni tampoco se asignan recursos para que los analistas encargados verifiquen en campo la veracidad de las evidencias sobre el cumplimiento de requisitos antes, durante y después del reconocimiento del incentivo.

De acuerdo con la Auditoría, en octubre del 2018 se recomendó al Despacho Ministerial modificar el reglamento para que se ajustara a los criterios de la Contraloría, sin embargo, esta recomendación no se ha cumplido, a pesar de que fue instruida en julio del 2019 a la Dirección de Asesoría Jurídica, mediante un oficio.

La Nación solicitó desde la mañana del martes conversar con el director jurídico del Ministerio, Berny Vargas Mejía, a quien según la Auditoría se le notificó el informe, pero al cierre de esta publicación no había respuesta de parte de la oficina de prensa.

Mantener estos beneficios “podría constituir causal de responsabilidad administrativa y civil para los funcionarios que hayan omitido acatar los criterios de la Contraloría General de la República en la emisión y modificación del Reglamento”, concluye la fiscalización.

Recomendaciones

Al director jurídico, la Auditoría recomendó presentar y dar seguimiento hasta que se publique en La Gaceta, el proyecto de modificación del Reglamento para el Reconocimiento de la Compensación por Desarraigo, de manera que se ajuste a lo estipulado por la Contraloría y que se aclare la confusión que fue señalada por ese órgano.

Además, deberá esclarecer los controles que deben aplicar tanto para otorgar el beneficio como para verificar periódicamente que se cumpan los requisitos.

Para esto tendrá un plazo de un mes a partir de aceptado el informe.

En tanto, al director de Recursos Humanos, se le instruye actualizar los procedimientos para asignación, control y exclusión de la compensación por desarraigo a los profesionales del MOPT, así como darle seguimiento hasta que este trámite esté oficializado.

Asimismo, deberá establecer mecanismos para el respaldo y conservación de expedientes físicos y digitales donde consten todas las evidencias utilizadas para el reconocimiento o exclusión del incentivo por desarraigo.

Finalmente, recomienda solicitar una partida presupuestaria específica para que los funcionarios encargados del procedimiento para la asignación, control y exclusión de la compensación por desarraigo puedan realizar visitas al campo y determinar la veracidad de la documentación aportada por los funcionarios.