El ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, alegó un tema de “discrecionalidad” para justificar la selección de la empresa alemana Dekra como nuevo operador de la revisión técnica, un negocio que implicará al menos ¢24.000 millones durante los dos años de permiso.
Aunque la Comisión Evaluadora de las ofertas colocó a la firma sueca Opus Group AB en primer lugar, y a Dekra en segundo, el ministerio alega que la figura del Permiso de Uso en Precario que se aplicó para otorgar el contrato “es una decisión institucional y su otorgamiento es discrecional”.
Además, argumenta que la comisión –que dio el mayor puntaje a los suecos entre las diferentes empresas que presentaron ofertas para dar el servicio–, solo realizó una “calificación de referencia” y las mismas, dice, “no son vinculantes y las autoridades que deciden, pueden, motivando su decisión, hacer una elección discrecional”.
Esta decisión a favor de Dekra la hizo el ministro Amador, dice el documento, pese a que se trata de un negocio en que el nuevo operador transaría unos ¢12.000 millones por año producto del pago que harán los propietarios de vehículos al ser obligados, por ley, a someterlos a revisión técnica.
Esa cifra se desprende del cálculo basado en el último informe emitido por el anterior operador, Riteve SyC, según el cual se revisó 1.322.296 vehículos en el 2021, de los cuales el 41%, es decir, 542.141, debieron acudir a reinspección.
Así, a partir de las tarifas que Dekra incluyó en su propuesta –¢7.287 para la primera revisión y ¢4.471 para la reinspección en vehículos con múltiples defectos– se estima que el nuevo operador transaría al menos los ¢12.000 millones por año, sin considerar variaciones por tipo de vehículo o más de una reinspección.
El monto podría ser mayor, pues aunque inicialmente se indicó que el permiso se otorgará por dos años, estimando que ese sea el tiempo que el Gobierno se tome para lanzar una nueva licitación internacional a más largo plazo, el pliego de condiciones indica que “a conveniencia de la Administración, el permiso podrá seguir vigente hasta que se elija al nuevo operador mediante la figura jurídica que corresponda”.
Dekra, en la calificación realizada por la Comisión Evaluadora, quedó en segundo lugar cuando se le sometió a los criterios que el mismo Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) había fijado en el pliego de condiciones que se publicó para invitar a las empresas a presentar sus ofertas.
Inicialmente, la Junta Directiva del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi, órgano encargado de recomendar al operador) acogió a Opus Group AB por haber obtenido el primer lugar con 97 puntos, frente a 90 de los alemanes. No obstante, Amador, quien preside el Cosevi, impulsó ante los miembros de ese ese consejo el cambio de decisión que terminó en la designación de la firma alemana, a pesar de que la compañía sueca ofrecía una tarifa menor en la primera inspección.
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El martes, luego de dejar en firme la decisión por Dekra, tras rechazar los recursos de apelación interpuestos por otras empresas, el ministro insistió por medio de un comunicado de prensa, que “la figura del Permiso de Uso en Precario, utilizada en esta ocasión, tiene carácter unilateral y no contractual, es una decisión institucional y su otorgamiento es discrecional”.
La Nación envió las siguientes consultas a Amador, sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta, pues se indicó que el jerarca estaría concentrado en las actividades relacionadas con el Consejo de Gobierno ampliado en la provincia de Cartago.
- ¿Cuál es la razón por la que según se indica en el comunicado enviado el martes, la selección de la empresa se hizo a “discrecionalidad” a pesar de que se había realizado un concurso en el cual se establecían criterios y puntajes para la evaluación de las firmas interesadas?
- ¿Por qué si finalmente, como indican en el comunicado, lo que se buscaba era una recomendación que no sería vinculante, se estableció un pliego de condiciones para el concurso en el que se indicaba que se seleccionaría la empresa según los criterios ahí citados?
Actualmente, el jerarca enfrenta una causa judicial para determinar si pudo haber incurrido en delitos de prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y falsedad ideológica.
Asimismo, ante el Tribunal Contencioso Administrativo existe una demanda contra del proceso de selección del operador de inspección técnica vehicular, que el Gobierno decidió impulsar mediante la figura de permisionario.
El pliego dice otra cosa
El MOPT insiste en que la Comisión Evaluadora se nombró únicamente para realizar “una calificación de referencia para tener parámetros de decisión”.
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Pese a eso, en el pliego que el MOPT había publicado el 15 de julio se especifica lo siguiente:
“Una vez recibida la información, la Comisión analizará en forma individual el contenido de cada propuesta con el objeto de determinar, a partir de los requisitos de admisibilidad, los de carácter técnico, económico-financiero y los legales, cuáles serán admitidas, para posteriormente, de conformidad con el sistema de evaluación y comparación de las propuestas, seleccionar la empresa a la cual la administración podrá conceder la prestación del servicio de inspección técnica vehicular, según lo establecido en el presente documento”.
De acuerdo con el acta de la sesión del 19 de agosto anterior, la Comisión Evaluadora presentó las cinco empresas que superaron los criterios de admisibilidad. En ese recuento y tras ponderar los puntajes que el mismo pliego otorgaba a cada rubro, se indicó a los miembros del consejo que la firma sueca había obtenido 97 de 100 y Dekra ocupaba el segundo lugar con 90 puntos.
Esto porque según el pliego, se otorgaba 40 puntos a la empresa con la tarifa más baja para la primera inspección y en ese apartado Dekra presentó la tercera tarifa más baja, pues Opus Group ofreció cobrar ¢6.157, el consorcio Farenet, ¢7.019, y la alemana, ¢7.287, por lo que la firma seleccionada solo obtuvo 32 de los 40 puntos posibles.
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En el segundo rubro a evaluar con 40 puntos, Dekra sí obtuvo la nota más alta por ser la firma con mayor número de inspecciones realizadas en los últimos años, ya que acreditó 188 millones. Los otros dos componentes de la nota correspondían a las tarifas de reinspección por múltiples defectos y reinspección en casos de un solo defecto. Cada uno daba un valor de 10 puntos.
No obstante, cuatro días después en la sesión durante la cual Amador intervino para que se hiciera el cambio en la selección, tanto él como demás miembros cuestionaron el modelo e incluso aseguraron que debía haberse otorgado mayor puntaje a Dekra por las diferencias en cuanto a la experiencia.
Dentro de los argumentos que el ministro esgrimió también estuvo la validez de las certificaciones de la empresa sueca, las cuales fueron emitidas por una agencia externa y no por un organismo oficial, pues la firma informó que la inspección vehicular no es obligatoria en Suecia, por lo que existía únicamente un ente estatal de acreditación, más no de registro para certificar las cifras aportadas. Esa justificación fue respaldada por la comisión evaluadora ante la consulta previa del ministro.
En relación al tema tarifario, el MOPT justificó la designación en que la tarifa de Dekra es la que más se acerca a las aprobadas por la Aresep.
En ese mismo boletín, el jerarca insistió en que el proceso no está viciado y una vez más, sostuvo que el criterio de la Comisión Evaluadora no es vinculante, sino que es una recomendación.
De acuerdo con un comunicado colgado por Dekra en su sitio web, la empresa espera iniciar operaciones a finales de setiembre en todo el país.
Según detallaron planean emplear 450 personas locales para operar las 13 estaciones físicas y tres estaciones móviles que pasaron a manos del Estado el pasado 15 de julio.
Con su incursión en Costa Rica, la empresa espera llegar a sumar 30 millones de inspecciones anuales y sumará el quinto país en la región donde tiene presencia.