El ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, rechazó las apelaciones planteadas ante su despacho contra la escogencia de la empresa alemana Dekra para operar el servicio de inspección técnica vehicular por los próximos dos años, mediante un permiso de uso en precario.
El jerarca del MOPT insistió este martes en que el proceso de selección no estuvo viciado y que la decisión fue tomada por el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) con base en criterios de razonabilidad.
Según Amador, con base en esos criterios es que dudaron de otorgar el permiso a la firma sueca Opus Group, que fue la que obtuvo el primer lugar de acuerdo con los parámetros establecidos por la comisión evaluadora creada para este fin.
Al final, el Cosevi se apartó de la recomendación de la comisión y le otorgó el permiso a Dekra, que estaba en segundo lugar. En la decisión mediaron varias intervenciones del propio ministro.
Así, aunque Amador es quien preside la Junta Directiva del Cosevi, responsable de la escogencia por tratarse de un proceso administrativo y no una licitación pública, también resolvió las apelaciones interpuestas contra el proceso, en su rol de jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Selección ‘discrecional’
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En el comunicado enviado este martes, el MOPT justificó haberse apartado de los criterios técnicos de la comisión evaluadora con el argumento de que se trató de un proceso de carácter unilateral y no contractual, por lo que es “una decisión institucional y su otorgamiento es discrecional”.
Asimismo, recalcaron que la comisión hizo una calificación de “referencia” para tener parámetros de decisión, pero que esas calificaciones no eran vinculantes.
A pesar de esas afirmaciones, en el pliego de condiciones publicado por el MOPT, se indicaba que la selección se haría tomando en consideración las calificaciones que resultaran de la evaluación de los rubros ahí señalados, entre los que se contemplaba la experiencia y las tarifas ofrecidas por cada empresa interesada.
“En el presente caso, se conocieron y discutieron en el seno de la Junta Directiva del Cosevi las razones que hacían dudar del cumplimiento por parte de Opus (empresa sueca) de sus requisitos de admisibilidad, entre ellos la forma en que fue acreditada la experiencia, la cantidad de inspecciones que reportaron, que eran menores a las de la otra firma, y que algunas de las inspecciones acreditadas no se corresponden al modelo costarricense de verificación de varios elementos”, indica el documento enviado por el MOPT.
MOPT La selección de la empresa alemana se dio en el seno del Cosevi, órgano que el mismo jerarca preside.
Añaden que aunque se había indicado que se consideraría la tarifa más baja como uno de los principales criterios de selección, cuando se realizó la selección ya se tenía conocimiento de las nuevas tarifas aprobadas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), lo que, según el jerarca, los hizo considerar más conveniente tomar en cuenta la oferta que estuviera más cerca de las tarifas oficiales.
La selección de Dekra ocurrió durante la sesión de Junta Directiva del Cosevi del 23 de agosto, cuatro días después de que ese mismo órgano hubiera escogido a la empresa Opus Group, pues había quedado en primer lugar según los criterios de selección.
Durante la discusión, el ministro de Obras Públicas argumentó ante los miembros del Consejo que la firma sueca no había acreditado oficialmente su experiencia ante entes oficiales, también cuestionó los tipos de inspecciones que realiza y hasta citó un supuesto caso de corrupción que se investiga en Honduras, aunque no aportó pruebas de la vinculación con la firma.
Los miembros del Consejo respaldaron la recomendación de Amador.
El MOPT no detalló cuáles empresas presentaron apelaciones ante el despacho del jerarca, aunque confirmaron que la firma sueca fue una de estas.
Actualmente, el jerarca enfrenta una causa judicial para determinar si pudo haber incurrido en delitos de prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y falsedad ideológica.
Asimismo, ante el Tribunal Contencioso Administrativo existe una demanda contra del proceso de selección del operador de inspección técnica vehicular.
