Empresarios, asociaciones y sindicatos limonenses presionan al Gobierno para que invierta parte de los recursos del canon que paga el megapuerto de Moín, en la construcción de un “Gran Parque de Diversiones” para el Caribe.
Uno de los principales impulsores de ese proyecto es el presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank, quien presentó una iniciativa de ley en octubre, que intenta hacer realidad el centro recreativo y turístico.
Cruickshank, diputado limonense del Partido Restauración Nacional (PRN), sostiene que su propuesta generaría empleo para los habitantes, atraería inversiones a la provincia y nutriría con sus ganancias a organizaciones sociales del Caribe.
No obstante, el proyecto, que se financiaría con recursos públicos de Limón, carece de estudios de mercado o análisis de factibilidad que aseguren su rentabilidad.
Así lo advirtió la Contraloría General de la República (CGR) a los legisladores de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que discuten la propuesta.
“Extraña a este órgano contralor que dentro de la motivación del proyecto de ley en mención, se carece de información referente a estudios técnicos que respalden la propuesta planteada, así como su viabilidad técnica, presupuestaria, financiera, económica y su impacto social”, señaló.
La Nación se comunicó con el presidente legislativo para conocer su posición sobre el criterio del órgano contralor. El jerarca dijo que enviaría las respuestas por escrito; sin embargo, no se recibieron al momento de esta publicación.
La iniciativa crearía una asociación encargada de desarrollar y administrar el parque de diversiones, con un aporte inicial del 20% de los recursos disponibles del canon, reservado para proyectos de desarrollo económico en la provincia.
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Ese fondo, que se nutre por el 7,5% de los ingresos netos mensuales de la concesionaria APM Terminals, acumuló a diciembre pasado $24 millones, es decir, cerca de ¢14.700 millones.
De aprobarse el plan en estos momentos, se girarían más de $5 millones (alrededor de ¢3.000 millones) a la asociación administradora, sin siquiera conocer si la propuesta es viable.
El proyecto tampoco justifica por qué razón se giraría el 20% de los fondos del canon de desarrollo, pues ante la ausencia de estudios previos, se desconoce cuánto costaría.
Además, dicho monto es variable, pues cada mes la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) transfiere recursos y las cuentas van en aumento. Entretanto, si se asignaran recursos para otros proyectos, bajaría el monto disponible para el parque.
La asociación a cargo estaría compuesta, según el texto, por representantes de Japdeva, Concejo Municipal de Limón, Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Limón, Federación de Cámaras del Caribe (Fedecaribe) y de la Universal Negro Improvement Association (UNIA).
Además, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) tendría que aportar uno de sus terrenos para la construcción del parque temático. El proyecto tampoco detalla cuál propiedad.
A pesar de ese pretendido aporte, el texto nunca fue sometido a conocimiento de la Junta Directiva de esa institución, como confirmó su presidenta ejecutiva, Andrea Centeno.
Ahora, la propuesta está bajo análisis del Consejo Directivo de la empresa estatal y, en próximos días, comunicarán a los diputados su posición.
Grupos locales y nacionales urgen proyecto
Pese a la inexistencia de estudios que garanticen los beneficios prometidos a la provincia, un grupo de empresarios, asociaciones y sindicatos locales, apoyados por organizaciones nacionales, insiste en que se financie el proyecto con el canon del megapuerto.
El lunes dirigieron una carta al presidente de la República, Carlos Alvarado, y a los diputados de la Comisión, para pedirles la pronta aprobación de la iniciativa.
“Estamos seguros que este parque acuático será el detonante para atraer inversión extranjera y convertir a Limón en un destino turístico. Por ello, respetuosamente, solicitamos de forma encarecida apoyar y aprobar este proyecto a la mayor brevedad.
“Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Limón es la provincia más joven del país, con un bono demográfico de 95.000 jóvenes entre 10 y 19 años, que demandarán oportunidades reales de empleo digno en los próximos cinco años, por lo que no solo apoyamos este proyecto, sino que también lo necesitamos”, señaló el grupo.
Dicha misiva fue firmada por autoridades de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Limón, la Federación de Cámaras (Fedecámaras), Fedecaribe, el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap), el Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (Sitrapequia), el Sindicato de la Municipalidad de Limón, la Federación de Trabajadores Limonenses (Fetral) y UNIA.
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Entre los representantes firmantes aparece Randy Gordon Cruickshank, presidente de Fedecaribe y sobrino del diputado proponente del proyecto.
El empresario limonense, cuya organización aportaría uno de los miembros a la asociación administradora, asegura que tienen números extraoficiales que respaldan la necesidad del proyecto.
“Ciertamente la propuesta no tiene estudios, lo que se quiere es trabajar en ellos mientras avanza el proyecto.
“Limón adolece de hoteles, no tiene un buen aeropuerto, el muelle de cruceros hay que trabajarlo y tampoco existe un atractivo turístico en el cantón Central.
“Entonces hemos visto en otros países, cómo el gobierno invierte en desarrollar un destino turístico, eso es toda una infraestructura que garantiza que el turista tenga condiciones y cosas para divertirse.
“Los cruceros llegan aquí al muelle Hernán Garrón pero no tienen actividades. Esa es una de las cosas que nos han dicho las navieras. Necesitamos atractivos turísticos para que las personas se queden.
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Ante cuestionamientos por los vacíos del proyecto, Gordon reconoció a La Nación que la iniciativa de ley tiene puntos de mejora importantes, como, por ejemplo, detallar cuándo se trasladarían los recursos económicos del canon a la asociación.
En especial, afirmó, para generar confianza entre los limonenses.
“Ahora que usted me lo dice, vamos a enviar una nota a la Comisión para que se establezca que la validez del proyecto se condiciona a los resultados favorables de los estudios. Lo que necesitamos es avanzar, generar oportunidades para esta provincia, pero se pueden hacer enmiendas”, aseveró.
El presidente de Canatur, Rubén Acón, quien a su vez representa la cámara turística local, también defendió la necesidad de construir el parque.
“Lo visualizamos como un parque acuático, al estilo de Xcaret en Cancún, operado bajo una alianza público privada.
“Podría ser el motor del desarrollo turístico de Limón y convertir a la provincia en un destino turístico de clase mundial.
“Tiene todo el potencial de ser el detonante de nuevas inversiones en infraestructura y el nacimiento de cientos de empresas relacionadas que generarían miles de empleos”, afirmó el empresario este jueves, en una sesión virtual con los diputados.
‘Debemos asegurar su sostenibilidad’
Distinto a otros representantes del Caribe, la diputada Yorleni León, del Partido Liberación Nacional (PLN), mostró una posición más mesurada frente a la propuesta.
La legisladora urgió acoger el criterio de la Contraloría para decidir sobre el futuro del proyecto de ley.
“Excelente que se planteen proyectos para la generación de empleos para la provincia de Limón, mismos para los cuales debemos asegurar su financiamiento y sostenibilidad en el tiempo.
“En ese sentido comparto absolutamente la opinión externada por la CGR. Un proyecto tan particular como ese requiere, sin duda, de precisiones como por ejemplo el terreno donde se ubicará, los estudios técnicos y económicos que demuestren su rentabilidad, asimismo la claridad de la figura jurídica que se emplearía para su implementación.
“Es una inversión importante pero sobre todo se trata de fondos públicos, por lo tanto se debe asegurar que las inversiones sean seguras y sostenibles”, afirmó León.
Los seis alcaldes de Limón, por su parte, son claros en que el plan no debe aprobarse, y así se lo hicieron saber a los diputados en una misiva del 21 de enero. Para ellos, avalar que mediante una ley se habilite el uso del Fondo de Desarrollo Regional para un proyecto, pone en riesgo “el interés público y general”.
Según ellos, abriría el portillo para que los diputados puedan impulsar proyectos para usar esos recursos desvirtuando el objetivo del Fondo.
‘El pueblo pide desarrollo’
La concesión de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) garantizará un fondo de alrededor de $1.000 millones, destinados a proyectos de desarrollo socioeconómico de la provincia, en un plazo de 30 años.
No obstante, la Junta de Administración Portuaria ha enfrentado fuertes problemas para ejecutar el dinero disponible, que empezó a depositarse en octubre de 2018, con la entrada en funcionamiento de la terminal.
Pese a que desde la firma del contrato de concesión con APM Terminals, en 2011, se sabía que existirían esos recursos, Japdeva no ha logrado consolidar un fideicomiso bancario para una mejor administración de los fondos.
La Junta tampoco fue capaz de elaborar un portafolio de inversiones para financiar con el canon, antes de empezar a recibir los recursos de la concesión.
Apenas en diciembre pasado, la entidad portuaria aprobó el financiamiento de los primeros proyectos, enfocados, en su mayoría, a embellecimiento de espacios públicos y a reordenamiento territorial.
A través de un comunicado de prensa emitido esta semana por el presidente legislativo, Eduardo Cruickshank criticó que esas propuestas no generen empleos ni reactiven la economía local.
“Japdeva no ha tenido la visión ni la planificación para implementar un solo proyecto de gran calado que impacte la provincia o, al menos, una zona de ella.
“El pueblo pide por desarrollo socioeconómico, inversión en atracción turística, activación económica, techo industrial, generación de oportunidades de empleo que les permita llevar sustento a sus hambrientos hogares y familias”, señaló.
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Japdeva, por su parte, anunció la adjudicación de los estudios de factibilidad de la terminal de cruceros para Limón.
Esa obra, contemplada en el plan maestro de desarrollo desde 2008, carecía de los estudios de factibilidad para su construcción.
También dejó en firme los estudios para la construcción de una terminal logística en la comunidad de Liverpool.