El rompimiento de las negociaciones con el sindicato llevó a las autoridades de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) a invocar la figura de “convención colectiva fracasada”, con lo cual sería un juez laboral quien determine cuáles beneficios se quedan y cuáles se eliminan.
Andrea Centeno Rodríguez, jerarca de la institución portuaria, confirmó que este viernes la Administración dio por concluido el diálogo al cabo de cuatro sesiones improductivas con el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) para renegociar el acuerdo laboral.
“Hoy vimos que las posiciones están alejadas. Nosotros queremos una reducción del texto debido a las condiciones financieras de Japdeva mientras el Sindicato no está dispuesto a negociar el texto de forma integral, ni está de acuerdo con nuestras propuestas”, indicó.
De acuerdo con la funcionaria, como el proceso de negociación se perfila infructífero, iniciaron gestiones legales de cara a aplicar el mecanismo de convención colectiva fracasada, el cual permite invocar a un tercer actor en calidad de árbitro para que resuelva los términos del nuevo acuerdo.
Según el Artículo 56 del Código de Trabajo, si al cabo de 30 días las partes en la negociación no logran un acuerdo pleno sobre sus estipulaciones, cualquiera de ellas podrá pedir a los Tribunales de Trabajo que decida sobre el punto o puntos en discordia.
El Código también indica en su sección Procedimiento en el caso de iniciativas de convención colectiva fracasadas que, si concluye la etapa de conciliación sin arreglo, se podrá someter el conflicto al arbitraje.
“Tenemos que hacer una revisión de condiciones presentes en la convención porque queremos ser críticos, ver cuáles se quedan transitoriamente para garantizar la operación de la institución mientras decide el juez, pero sí adecuando los incentivos. Hoy nos levantamos ambas partes de la mesa”, indicó Centeno.
Como parte de este proceso, agregó, ahora la Administración se preparará con los elementos legales para conducir el mecanismo ante el juzgado y un análisis de las condiciones que transitoriamente se mantendrían a los colaboradores mientras el despacho judicial resuelve.
Entretanto Antonio Wells, secretario general de Sintrajap, acusó a la Administración de haber hecho la denuncia de la actual convención extemporáneamente en el 2020.
“Andrea Centeno debía denunciar en el 2020 pero no lo hizo entonces para nosotros hay una cláusula de prórroga hasta octubre de 2021. Hay que adaptar la convención y hemos acudido de buena fe a revisar y buscamos llegar a un acuerdo, pero es ella quien no lo desea. Entonces vamos a terminar en un proceso legal”, manifestó el dirigente.
Fricciones
El rompimiento de conversaciones se da luego de meses muy tensos. En mayo del 2020, representantes de los trabajadores solicitaron el embargo de las cuentas bancarias de la institución por ¢5.000 millones, dentro de un proceso judicial en el cual reclamaban beneficios laborales de la convención colectiva.
El congelamiento frenó de golpe el proceso de recorte de planilla que ejecutaba Japdeva, en busca de su equilibrio financiero que la aleje del cierre técnico, pues las cuentas guardaban ¢5.730 millones para pagar liquidaciones e incentivos adicionales a trabajadores en la lista de salida de la institución.
Fue hasta abril de este año que la Junta logró acceder a esos recursos al conseguir el desembargo.
