Los dirigentes sindicales podrán ser considerados en los recortes de personal que aplica la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), en busca de su estabilidad financiera.
Hasta ahora, ese procedimiento había generado opiniones divididas en la Junta Directiva, entre los miembros de la Administración y del Sindicato de Trabajadores (Sintrajap), debido al fuero sindical.
No obstante, un reciente criterio de la Procuraduría General de la República (PGR), a pedido de la institución y de los empleados, aclaró cómo se debe proceder en estos casos, entre otros aspectos.
Los líderes sindicales que eligieron una salida voluntaria serán cesados con responsabilidad patronal, como cualquier otro funcionario, si la Administración evidencia que su puesto es innecesario con base en los estudios técnicos propios del proceso de reestructuración.
Todos los trabajadores de Japdeva podían optar por moverse a otra institución pública con nuevas condiciones, salir de la empresa con hasta ocho salarios adicionales, o bien, acogerse a la prejubilación, en el caso de los mayores de 55 años.
En este particular, interpretan las autoridades de la empresa estatal, no se activa el fuero sindical regulado en la Convención Colectiva, pues no se trata de un despido forzoso, sino de un cese con responsabilidad patronal, amparado en la Ley de Transformación de Japdeva.
Distinto ocurre con aquellos dirigentes sindicales opuestos a los recortes, que no eligieron ninguna alternativa de salida, pues ellos sí están protegidos por el acuerdo obrero-patronal.
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Según señaló la presidenta ejecutiva de Japdeva, Andrea Centeno, en caso de tener que prescindir de los servicios de esos trabajadores, como parte del nuevo modelo operativo, la institución tendrá que aplicar un procedimiento especial para su despido forzoso.
“Se aplica el artículo 116 de la Convención Colectiva, porque no se acogieron a ningún cese laboral, sino que habría que hacerles el despido forzoso, según el debido proceso. Y se les haría de todas formas, si fuese necesario”, señaló la jerarca.
No obstante, según señala la Ley de Transformación de Japdeva, ratificado por el criterio de la Procuraduría, esos sindicalistas no tendrán derecho a recibir ningún beneficio adicional más allá de su liquidación regular.
En otras palabras, terminarían saliendo de la empresa estatal sin bonos, sin prejubilación o sin posibilidad de traslado a otra entidad pública para preservar su empleo.
Esto porque la legislación solo otorgó un mes a todos los funcionarios para que eligieran una vía de salida más adecuada a sus realidades personales.
“Puntualmente se nos consulta si los dirigentes sindicales y las personas contempladas en esos artículos (fuero sindical de la Convención Colectiva) que decidan no acogerse a las opciones que da la Ley 9.764, dentro del plazo de un mes, podrían hacerlo fuera de ese plazo que otorga el Transitorio II.
“A nuestro juicio y en atención a los antecedentes mencionados, la respuesta es negativa, toda vez que ni la Ley 9.764 ni el Transitorio II contempla esa posibilidad.
“Es decir, en el caso de las personas protegidas por un fuero sindical, el plazo del mes para la elección del traslado, cese —con indemnización o incentivos— o prejubilación, no podría ser ampliado ni podrían los trabajadores bajo estas condiciones acogerse a una de estas modalidades fuera de dicho plazo.
“En consecuencia, Japdeva debe iniciar la ejecución del cese del personal necesario para llegar a su punto de equilibrio financiero, tal y como lo regula el citado (transitorio)”, señala el documento.
De acuerdo con la autoridad portuaria limonense, un 92% de los funcionarios eligieron una de las tres opciones habilitadas en el proceso de reestructuración.
Los casos
La Junta Directiva de la empresa estatal está conformada, entre otros miembros de la Administración, por 15 representantes del Sindicato.
Siete de ellos, de los más opuestos a los recortes de personal, no eligieron ninguna alternativa de salida de la institución y podrían enfrentar el despido forzoso.
Entre ellos el secretario general de Sintrajap, Antonio Wells, quien confirmó a La Nación que no eligió ninguna opción porque se hubiera visto “débil”, en medio de la batalla que libraron contra el proceso de reestructuración de la empresa estatal.
“Pedimos el criterio de la Procuraduría en el asunto del fuero sindical porque, si uno elegía una de esas opciones, diay, se ve débil uno como líder.
“Lo que queríamos era que se respetara el periodo mientras estaba uno aquí, liderando el asunto. Así terminar el periodo, entonces poder escoger. Teniendo representatividad de los trabajadores, eso no se podía ver bien; (por eso), yo no escogí ninguna opción”, manifestó el líder sindical.
El acuerdo obrero-patronal establece que el despido forzoso de un dirigente sindical “solo podrá efectuarse previa recomendación de la Junta de Relaciones Laborales, mediante votación calificada”.
Sintrajap tiene participación e incidencia en ese proceso de votación. No obstante, de acuerdo con la jerarca, Andrea Centeno, eso no sería un problema pues ese órgano apenas es consultivo y la Administración podría apartarse de ese criterio.
Al contrario, el sindicalista Antonio Wells afirma que, en estos momentos, no podría darse ningún despido por esta vía, debido a una medida cautelar vigente.
“Los líderes que negociaron la Convención Colectiva fueron muy visionarios y negociaron que si en algún momento Japdeva traspasaba la carga, no podía despedir a nadie para evitar el desempleo en la provincia de Limón, usted sabe que nosotros ocupamos los primeros lugares de desempleo y pobreza, aún cuando aquí pasa el 80% de la economía del país.
“Se puso una demanda, con todo este asunto de entregar las cargas que no están en el contrato de APM Terminals, entonces ese es el pleito que tenemos ahorita en el contencioso administrativo.
“Nosotros no estamos en contra de APM Terminals, que ejerzan su potestad como lo dice el artículo 9 del contrato, que ellos van a manejar los barcos fully-cellular container. Japdeva nunca ha trabajado ese tipo de barcos, porque tienen un calado más grande de lo que tenemos nosotros. Si no fuera por eso no habría ningún choque”, afirmó Wells.
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El dirigente sindical criticó el pronunciamiento de la Procuraduría, pues también establece que las personas en periodo de incapacidad que no eligieron opción en el plazo de un mes otorgado por ley, también saldrían de la institución sin ninguno de los beneficios aprobados por el Congreso.
Además, recriminó al órgano consultor jurídico del Estado tardarse un año en dar respuesta a las inquietudes laborales. “La Procuraduría responde un año después y lo deja en indefensión a uno (…) a veces responden cuando les viene en gana”.
La diferencia sobre el despido forzoso o no de trabajadores en la empresa estatal, vislumbra un posible nuevo enfrentamiento judicial en materia laboral entre Japdeva y Sintrajap.
De hecho, en mayo pasado, los representantes de los trabajadores consiguieron embargar las cuentas bancarias de la institución, por ¢5.000 millones, a raíz de un juicio sobre uno de los beneficios laborales establecido en la Convención Colectiva.
El congelamiento de esos dineros frenaron de golpe el proceso de recorte de planilla que ejecutaba Japdeva, en busca de su equilibrio financiero que la aleje del cierre técnico.
Esas cuentas guardaban ¢5.730 millones para pagar liquidaciones e incentivos adicionales a trabajadores en la lista de salida de la institución, así como para cubrir sus gastos operativos.
Aún así, con parte de un préstamo que obtuvo del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) por ¢6.500 millones, Japdeva despachó a un pequeño grupo de trabajadores en diciembre pasado.
“Hemos invertido alrededor de ¢1.500 millones en extremos laborales, que después debemos recuperar de las cuentas que están congeladas, porque ese dinero del Cosevi es para gasto corriente y operativo.
“Sin embargo hay que seguir reduciendo planilla o se disminuye la posibilidad de sacar esto adelante. Esos ¢1.500 millones nos cubrieron a 41 personas que se les debía, más alrededor de 50 personas que salieron en el último mes”, afirmó Centeno.
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En la actualidad, Japdeva opera con poco menos de 500 empleados, aunque para este momento debería estar funcionando con 269.
Las remuneraciones y los pluses son las partidas que más pesan en los gastos de la empresa estatal, con números rojos desde 2015.