El Concejo Municipal de Limón se alió al Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) para exigirle no aplicar más recortes de planilla a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
La instancia municipal envió un pronunciamiento en esa línea a la presidenta ejecutiva de Japdeva, Andrea Centeno, luego de recibir en audiencia al secretario general de Sintrajap, Antonio Wells.
Dicha moción fue aprobada de forma unánime por siete regidores municipales “en solidaridad y apoyo a los trabajadores de Japdeva”.
“Solicitarles a las autoridades de Japdeva detener el desempleo en la provincia, que se trabaje en bien de nuestra emblemática institución y en busca de nuevos mercados que reactiven la economía de la provincia”, señala la moción.
De inmediato, el sindicato hizo eco del pronunciamiento municipal en otra misiva para insistir a la jerarca detener los recortes: “Claramente se pacta solicitarle a la administración de Japdeva, de forma unánime, que se cese el desempleo en la Junta y que, por el contrario, nos enfoquemos en reactivar la economía para la generación de empleo”.
Japdeva está en números rojos desde 2015; actualmente, se encuentra en uno de sus momentos más críticos por la gravedad de sus finanzas.
Cuando estuvo al borde de la quiebra, por primera vez, en 2019, la empresa estatal consumió ¢23.653 millones aprobados por el Congreso de la siguiente forma: ¢5.753 millones para poder pagar salarios durante tres meses y ¢17.900 millones para pagar las liquidaciones.
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Esos montos no incluyen los ¢15.340 millones que, en un plazo de 10 años, el Estado debe cargar al Presupuesto de la República de forma anual para el pago de prejubilaciones de unos 277 trabajadores.
No obstante, ni con ese salvavidas la entidad llegó a un punto de equilibrio financiero.
Por el contrario, en diciembre de 2019, recibió un préstamo de ¢3.500 millones, proveniente del superávit del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), para cancelar salarios, aguinaldos y pagar gasto corriente.
No obstante, un litigio laboral con Sintrajap complicó aún más las finanzas de la Junta, pues provocó que un juez embargara las cuentas bancarias de la institución, en mayo pasado, donde se encontraban parte de los recursos prestados por el Inder.
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De acuerdo con la jerarca, Andrea Centeno, ocho meses después las cuentas siguen embargadas. Ahí guardaban ¢4.770 millones para hacer nuevos recortes de planilla y otros ¢600 millones para cubrir el gasto corriente.
El embargo impidió a la institución aligerar su planilla para reducir el gasto en remuneración, principal partida del presupuesto de Japdeva.
“Estamos muy preocupados con lo que seguimos enfrentando, pero tratando de ajustarnos y maniobrar ante las circunstancias del embargo y covid-19. Hemos avanzado bastante, pero fuimos frenados, es una realidad a la que debemos hacer frente”, afirmó Centeno.
Cuando se aprobó la ley de reestructuración de la Junta, la entidad portuaria tenía unos 1.180 trabajadores. La meta era reducir la planilla en 80%.
En la actualidad, 14 meses después, la empresa estatal continúa con unos 500 funcionarios, es decir, ha despedido alrededor del 58% de los trabajadores.
“El programa de reestructuración nos lleva a 269 empleados, pero depende de que podamos contratar los servicios tercerizados. Ya hay tres sociedades anónimas de extrabajadores organizadas, pero dependemos de la recuperación de fondos (embargados) para contratarlos”, afirmó Centeno.
Con esa carga sobre los hombros, Japdeva acudió a un nuevo préstamo, esta vez ¢6.500 millones provenientes del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), girado en octubre de este año.
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Ahora, para el presupuesto del próximo año, la entidad solicitó otro préstamo de ¢12.875 millones al Ministerio de Hacienda para cubrir el 58,9% de sus gastos, pues con ingresos propios apenas cubriría el 41,1%.
No obstante, el acuerdo previo entre Japdeva y el Gobierno para hacer ese préstamo fue frenado por la Contraloría General de la República (CGR).
Ese órgano nunca conoció los términos del préstamo: plazo, interés y otras condiciones básicas.
Ahora, la entidad tendrá que reformular su plan de gastos de 2021, sin descartar ese mecanismo de financiamiento.
Aún sin tener claro cómo financiar este lío, Japdeva recibe presiones externas para mantener a los 500 empleados que tiene, sin tener recursos propios para pagarles salarios y pluses.