Aviación Civil conocía urgencia de reparar pista del Daniel Oduber desde antes de la tormenta Bonnie

El impacto de ese evento meteorológico en el país motivó un decreto de emergencia en el cual se incluyó de manera tardía el deterioro en ese aeropuerto, para así acceder a los recursos de la Comisión Nacional de Emergencia y al mecanismo expedito de contratación para ejecutar las obras de rehabilitación.

Según el informe final de gestión de la anterior administración de la Dirección General de Aviación Civil, ese órgano tenía conocimiento de la condición de la pista e incluso había recibido estudios del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), la empresa Ineco y la Unidad de Aeródromos e Infraestructura de dicha dirección en los que se detallaba el deterioro.

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Estos estudios recomendaban dar “la mayor prioridad” a resolver la situación de la pista con carácter de “urgencia inmediata”.

En el informe que se presentó en mayo de 2022 (dos meses antes de la tormenta tropical) se destacaba la importancia de la seguridad operativa de la pista, con el fin de evitar cualquier desenlace grave o “consecuencias catastróficas” para las aeronaves comerciales durante el despegue o aterrizaje.

Además, se detallaba un plan de intervención para la pista, el cual no se había llevado a cabo debido a la falta de recursos presupuestarios y se advertía sobre el impacto potencial de no intervenir, ya que podría ocasionar fallos en la estructura y, por ende, cierres temporales del aeropuerto.

Previo a esa rendición de cuentas de la administración anterior, el estado de la pista ya había sido discutido en varias sesiones de la Junta Directiva del Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac).

En una de estas sesiones, el 10 de marzo de 2021, se discutieron los resultados de una consultoría contratada a Ineco, que señalaba problemas de acumulación de agua debajo del pavimento, lo cual afecta considerablemente el asfalto. Se recomendó reconstruir la pista desde las bases, además de agregarle metros adicionales y un canal en el lado sur para solucionar el problema del manejo de aguas.

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En una sesión posterior, en abril de 2022, los miembros del Cetac volvieron a advertir sobre las consecuencias de no abordar el deterioro de la pista, señalando nuevamente problemas presupuestarios como la razón principal para la falta de intervención.

‘Raspar la olla’

Hasta enero de 2023, seis meses después de la tormenta tropical Bonnie, el gobierno de Rodrigo Chaves aún desconocía de dónde vendrían los recursos para la intervención urgente de la pista de aterrizaje.

En una conferencia de prensa realizada el miércoles 11 de enero de ese año, Amador y Chaves anunciaron que “rasparían la olla” para buscar $105 millones que se requerían para la rehabilitación del pavimento y otras obras en la terminal aérea.

Según detallaron en la rueda de prensa semanal, esos fondos serían aportados por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el cual destinaría $20 millones, otros $10 millones provendrían de recursos de la Dirección de Aviación Civil, además, se buscaría un crédito de $50 millones para completar la partida.

Hasta ese momento no se había mencionado la intención de incluir la pista dentro del decreto por la emergencia que se había producido en julio del 2022.

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Finalmente, el 21 de junio de 2023, casi un año después de la tormenta tropical, el presidente Rodrigo Chaves Robles y la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, firmaron un decreto ejecutivo que permitió contratar la rehabilitación de la pista mediante un mecanismo de emergencia, utilizando los recursos aportados por la Comisión Nacional de Emergencias.

El proceso para esa contratación, que recayó en la empresa MECO, dio como resultado la destitución del ministro Amador debido a que, según el presidente Chaves, el cartel de licitación contenía condiciones que habrían favorecido la selección de esa constructora.