EscucharLa historia de los derrumbes en la ruta 32 es como de nunca acabar. El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) ha contabilizado 182, la mayoría desde 2014 y, de ellos, 78 se concentran en un tramo de montaña de 14 km que se ha convertido en una zona roja por el peligro para los automovilistas y porque allí se concentran las emergencias cuando llueve.
Esos 182 derrumbes han implicado igual número de cierres de esta carretera por la cual se movilizan entre 20.000 y 24.000 furgones por mes que transportan la mayor parte de las importaciones del país y el 88% de sus exportaciones. Desviarse por la vía alterna (por Turrialba) encarece hasta en ¢40.000 cada viaje de un furgón hasta los puertos de Limón o viceversa, por mayor consumo de diésel, advierten los transportistas.
La ruta 32, que comunica con el Caribe, precisamente está cerrada desde la noche del 23 de junio cuando 5.000 metros cúbicos de tierra, equivalentes a lo que cabe en 400 vagonetas, cayeron desde una montaña sobre el km 28, ubicado en esa zona roja de 14 km más proclive a los derrumbes.
“Es una zona de montaña, donde llueve mucho, una de las zonas de mayor precipitación y con materiales que por estas mismas condiciones se alteran y sufren de erosión”, explicó Paulo Ruiz, geólogo de la Unidad de Gestión y Evaluación de la Red Vial Nacional del Lanamme, quien recomendó atender con prontitud el manejo de las aguas superficiales en ese tramo y también los diferentes taludes.
La reapertura de la ruta 32 aún no tiene fecha. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes calcula que este fin de semana habrán logrado remover el derrumbe. Mientras tanto, los cientos de camiones con carga transitan por la ruta 10 que va por Turrialba.
Francisco Quirós, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Transportistas de Carga (Canatrac), aseguró que viajar por esa angosta carretera, que está repleta de curvas, no solo encarece cada viaje en ¢40.000 más, sino que implica un riesgo por no ser adecuada para los vehículos de gran tamaño, los cuales tienen mayor peligro de colisiones, averías y complicaciones en el tránsito.
“La preocupación es grande para nuestro sector pues esto es un ejemplo más de lo que se ha venido postergando en el país en temas importantes. Ya es hora de que las autoridades del MOPT se sienten con sus homólogos del Minae y logren un acuerdo para intervenir aunque sea de forma paliativa la ruta 32, principalmente, donde los derrumbes son habituales, pues esto provoca un impacto muy severo en exportaciones e importaciones”, declaró Quirós.
Andrés Gamboa, director de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), detalló por qué razones es tan grave cada cierre de carretera por derrumbe. “Todos los días se exportan 760 contenedores por la terminal de Moín, en Limón, por lo que la situación que se presenta en la ruta 32 es de la más alta sensibilidad para el sector exportador, ya que muchos de los productos que exporta nuestro país por esta ruta son perecederos, como banano y piña, por lo que esta situación es apremiante para nuestro comercio exterior”.
De hecho, el promedio de camiones pesados que transitan en dirección hacia Limón por el paso del Zurquí oscila entre 20.000 y 24.000 por mes, según los datos que maneja el MOPT.
Además, Cadexco informó que solo en el 2021 se exportaron el Caribe $5.461 millones, equivalentes a 5.921 toneladas métricas y un total de 298.595 contenedores.
Trabajos en montaña requieren permisos
Las posibles soluciones a la ruta 32 no son tema nuevo de discusión. Desde hace más de 12 años se han discutido propuestas como la construcción de túneles falsos, que consisten en una especie de cajones metálicos en las zonas más propensas a derrumbes, los cuales permitirían proteger los vehículos en caso de caída de materiales y piedras.
Sin embargo, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador aseguró que este tipo de soluciones tienen un valor que ronda los $160 millones y el Estado “no tiene de dónde”.
La otra problemática a la que se enfrenta la Administración es que por tratarse de un área protegida, para realizar cortes o terraceo en los taludes es necesario contar con la autorización del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
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De acuerdo con el jerarca, como primer paso enviarían expertos a la zona a fin de determinar eventuales soluciones definitivas, para así solicitar autorizaciones de Ambiente.
“Las acciones con respecto a ruta 32 es buscar cómo nos permiten los ambientalistas estabilizar la montaña. Se ha hablado de túneles falsos, pero eso cuesta como $160 millones y el Estado no tiene de dónde sacar.
“Ahí lo que serviría es hacer unos taludes, muros anclados, pero eso toca la parte de la montaña que ya de por sí se está viniendo. Estamos hablando con Minae para ver si logramos hacer una buena justificación y demostrar cuánto se ha venido de esa montaña en los últimos 20 años. También se le dijo al Consejo de Concesiones que por favor valorara las rutas alternas, no necesariamente por donde está el trazado actual, sino de Cartago subiendo por Turrialba, Oreamuno por ese sector y saliendo hacia Pococí”, explicó.
Roy Barrantes, coordinador de la Unidad de Gestión y Evaluación de la Red Vial Nacional del Lanamme, apuntó que las soluciones para buscar la estabilidad en la zona deben ser multifacéticas y adelantó que no hay una “fórmula mágica”.
“Hay que recordar que las soluciones dependen del contenido presupuestario y de la capacidad que tenga la administración, no existe una fórmula mágica pues cada punto tiene sus características de pendientes, materiales, incluso si metemos el disparador del sismo... Lo importante es que la ruta esté siempre monitoreada y que exista una estrategia para ir logrando que tenga estabilidad. Obviamente, pueden darse eventos grandes donde cualquiera de las opciones no van a funcionar”, explicó.
Para ese tramo de montaña que va desde San Luis de Santo Domingo de Heredia hasta el cruce hacia Río Frío, también se había presentado una iniciativa privada, que además de las soluciones geotécnicas contemplaba la ampliación del corredor vial. Dicha propuesta, gestionada por las empresas H Solís y TPF Getinsa, quedó en suspenso a causa de la pandemia y múltiples atrasos en los estudios que debían realizar los proponentes.
Días atrás, el ministro Amador indicó en conferencia de prensa que también pidió que se analice esa propuesta, la cual en caso de ser viable no necesariamente debería ser ejecutada por el consorcio proponente.
