EscucharEl ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, no ocultó su malestar por el aumento salarial retroactivo para los 63.000 funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el cual fue aprobado por la Junta Directiva de la institución el jueves 8 de setiembre.
Según el jerarca, el alza –que oscila entre ¢7.500 y ¢8.500 mensuales según el tipo de puesto– “tiene un riesgo fiscal para el Gobierno y la estabilidad de esa institución”.
En entrevista con La Nación, Acosta reconoció que la CCSS cuenta con autonomía para tomar esa decisión. Sin embargo, lamentó que las autoridades de esa entidad no analizaran “el impacto que tiene sobre los demás funcionarios públicos”. Dicho incremento será efectivo para lo que resta del año y se hará un pago retroactivo desde el 1.° de enero de 2020.
Un estudio de la Dirección Actuarial de la CCSS advirtió que “la aplicación del aumento general de salarios del periodo 2020, acentuaría negativamente la magnitud de los déficits del Seguro Social”. Además, el documento alerta que “en el presupuesto ordinario 2022 no se incluyeron recursos de previsión para reconocer el aumento general de salarios”. A continuación, las palabras del ministro de Hacienda:
— La CCSS tiene autonomía y no tiene que pedir autorización para realizar el aumento salarial, pero como ministro de Hacienda qué valoración hace de una decisión de este tipo.
— Yo tengo una gran preocupación, por dos razones. Lo primero es que la CCSS es un pasivo contingente, o sea, que tiene un riesgo fiscal para el gobierno y la estabilidad de esa institución es fundamental, no solamente por el tema del impacto social que tiene, sino también desde un punto de vista fiscal. Por lo tanto, consideramos que no era el momento adecuado para tomar una decisión de ese tipo.
Respetamos la independencia que tiene la CCSS. Sin embargo, esa valoración que hace (la Junta Directiva) debió haberla analizado por el impacto que tiene sobre los demás funcionarios públicos. Ahí yo creo que la mística (de análisis de consecuencias) no ha sido única y exclusivamente de la CCSS, sino que ha habido otras entidades. El decreto ejecutivo ha mantenido congelados los aumentos para todo el sector público y, ahí, yo creo que hay valoraciones que debieron haberse tomado en consideración.
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— Por ejemplo, la Dirección Actuarial dice que el aumento salarial general acentuaría el déficit del Seguro de Salud. ¿Usted considera que fue irresponsable la decisión de la Junta Directiva de la CCSS?
— Yo no usaría esa calificación. Desde el punto de vista práctico ellos tienen autonomía y tienen derecho a hacer el aumento. Sin embargo, creo que las valoraciones de ese estudio actuarial tienen trascendencia. Al final del día, la CCSS obtiene sus recursos de las cuotas que le cobran a los trabajadores, y eso tiene trascendencia porque el aumento no solamente va a costarle más a la CCSS, sino que, desde el punto de vista práctico, va a tener más presión sobre las cargas que se cobran al trabajador costarricense.
Ahí yo creo que hay otro tema importantísimo: no solamente que ellos no tienen el presupuesto para el pago, sino que tendrían que hacer de alguna manera un presupuesto extraordinario. Tampoco el Gobierno Central tiene presupuestados estos recursos y la presión que se ha generado es importante por los demás trabajadores. Yo creo que la CCSS debió haber hecho una valoración no solamente de sus condiciones internas, sino del impacto que una medida de este tipo tendría sobre todo el sector público.
