EscucharDesde el 2012, los paquetes de frijol que comercializa el Consejo Nacional de Producción (CNP) traían el sello “100% producto de Costa Rica” como garantía de que el grano era cosechado por unos 5.000 productores ubicados en las “zonas más pobres del país”.
Sin embargo, la Junta Directiva del CNP decidió, el 15 de diciembre del 2021, eliminar ese sello de todos los paquetes, lo cual da luz verde a sus proveedores para incluir en su oferta frijoles importados, los cuales adquieren en el extranjero a bajo costo y los distribuyen acá a un precio más alto, tal como lo dio a conocer una investigación de la Universidad Nacional (UNA) en agosto.
La decisión de los directores, que consta en el acta número 3091, incluso contraviene el artículo 9 de la Ley Orgánica del CNP, la cual establece que esa entidad tiene el compromiso de dar “prioridad” a los productores nacionales antes que a los extranjeros. Esa misma legislación es la que ordena a escuelas, colegios, Cen-Cinái, hospitales y cárceles a comprarle solo al CNP, al precio que este fije.
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El nuevo acuerdo del CNP va más allá del sello, pues deja claro que los proveedores de la institución no tienen que probar que el producto que venden es de los pequeños y medianos productores costarricenses.
Eso también contradice el artículo 9, el cual indica que para abastecer a escuelas, colegios y otros, el CNP deberá priorizar a “los micro, pequeños y medianos productores agropecuarios, agroindustriales, pesqueros y acuícolas de Costa Rica”.
La Nación consultó al presidente ejecutivo del CNP, Ángel Jiménez, sobre esta decisión, pero no respondió los mensajes enviados a su celular, tampoco contestó llamadas.
Justificación de la Junta Directiva
Como consta en el acta, la solicitud de eliminar el sello de trazabilidad provino de Carlos Arias, director de Calidad Agrícola del Consejo. Dicho distintivo se implementó desde febrero del 2012, con el fin de garantizar a los consumidores que el frijol adquirido es 100% costarricense y así colocar a la venta el producto de los pequeños y medianos productores.
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En 2012 se implementó la utilización de este sello en los paquetes de frijol que se venden a las instituciones públicas.
El acuerdo de hace 10 años establecía que el CNP era la entidad responsable de certificar la procedencia del grano y otorgar el derecho de uso del sello en los empaques del frijol.
Sin embargo, según las razones expuestas en la sesión, aunque se viene usando desde el 2012, el sello no está registrado, lo que ha permitido que “cualquier persona” lo utilice.
“Los artes del sello están en manos de las imprentas, sin control alguno de la cantidad de sellos que se emiten. Se cuenta con el Registro Productores y no existe una trazabilidad por lotes producidos, un registro de la cantidad de sellos por cosecha y por organización, adicionalmente, algunos suplidores, también se han industrializado y ahora importan frijol”, se explica en el acta No. 3091.
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Por lo tanto, se acordó, suspender el uso del sello de trazabilidad de “frijol 100% de Costa Rica”, por parte de las organizaciones de productores, otorgándose un plazo de tres meses para el retiro de del arte de cualquier material de empaque, rotulación, promocional o publicitario que tenga dicha marca.
“Estamos expuestos como institución a que se esté comercializando frijol importado con sello de trazabilidad y origen, induciendo al cliente final a comprar un producto importado con un sello de origen costarricense y no se cuenta con recurso humano para dar el seguimiento correspondiente a la trazabilidad de toda la cosecha”, se añade en el acta.
El artículo 9 de la Ley Orgánica es claro en que el CNP “podrá contratar con otro tipo de proveedores, cuando se carezca de oferta por parte del micro, pequeño y/o mediano productor nacional, o se presente desabastecimiento en el ámbito nacional, a fin de resguardar el mercado”.
Las compras de frijol a productores locales son millonarias. En 2020, el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), por medio del cual el CNP comercializa productos, adquirió 112.000 quintales a 11 asociaciones que negocian la cosecha con productores de la región Huetar Norte, Chorotega y Brunca por ser las de mayor cultivo en el país.
Importación
Según la investigación “Efectos del PAI en la cadena del valor de frijol en Costa Rica”, hecha por Leiner Vargas, catedrático del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe), de la Universidad Nacional (UNA), el CNP centraliza las compras de frijol en muy pocas asociaciones que importan el producto barato y lo venden caro al Estado, lo cual hace que estas organizaciones obtengan un mayor beneficio económico y, por otra parte, se esté dejando a pequeños productores fuera del programa.
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Las asociaciones importan frijol principalmente de Nicaragua y Estados Unidos, y lo hacen pasar por producto nacional más caro, aseguró la investigación.
Se mencionan los casos de otras nueve asociaciones proveedoras del CNP con porcentajes de importación que llegan hasta el 31,5% (22.501 quintales)
Actualmente, los centros educativos, cárceles, hospitales y otras instituciones públicas pagan al CNP ¢1.300 por la bolsa de 800 gramos de frijol rojo o negro, independientemente de su procedencia. Según el Consejo de Promoción de Competitividad (CNC), la empresa privada podría ofrecer el producto a las instituciones públicas en ¢834.
Vargas explicó a La Nación que Costa Rica solo produce una quinta parte del frijol que se consume. Agregó que para el 2020, las asociaciones no produjeron los volúmenes que le vendieron al PAI (112.000 quintales).
“El propio CNP reporta que la cosecha nacional fue de 72.000 quintales y, según el propio reporte del Consejo, ellos compran aproximadamente el 50% de la cosecha nacional a las asociaciones, lo que equivale a 36.000 de la cosecha nacional. De tal forma que el CNP estaría comprando alrededor de 76.000 quintales adicionales (63%) a las asociaciones, que no son frijoles de origen nacional”, aclaró Vargas.
Esa misma investigación reveló que el CNP vende los frijoles a las instituciones públicas a un precio hasta 96% más caro de la suma que reciben los pequeños productores de este grano.
La gran diferencia entre el precio original y el que pagan las instituciones públicas por el producto se debe a la existencia de intermediarios constituidos en asociaciones y por el margen de comercialización que cobra el CNP.
Por ejemplo, las asociaciones que agrupan a frijoleros de la zona Huetar Norte (Guatuso, San Carlos y Sarapiquí), que tienen cerca de 196 miembros, les pagan ¢32.666 en promedio a cada productor por el quintal (46 kilos) de frijol rojo. Después, estas asociaciones le venden ese quintal al CNP un 2% más caro, en ¢33.250.
Sin embargo, el Consejo les vende los frijoles a escuelas, cárceles y hospitales, Ministerio de Seguridad y Cen-Cinái a ¢64.000 el quintal, es decir, un 96% más de lo que percibió el agricultor.
En la región Chorotega (Guanacaste), cuyas asociaciones agrupan a cerca de 18 miembros activos cada una, le pagan ¢32.750 en promedio al productor por el quintal de frijol rojo. La asociación le vende al CNP este quintal en unos ¢50.500 (un 54,2% más) y el Consejo a las instituciones en ¢64.000, un 95,4% más con respecto al precio original.
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El Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) reporta compras por 112.000 quintales en el 2020, pero solo 36.000 serían de cosecha nacional, según un estudio de la UNA. (Shutterstock)
