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El Ministerio de Educación Pública (MEP) invierte ¢150.600 millones por año en comedores y transportes de estudiantes. Sin embargo, no sabe cuántos niños llegan a comer, la cantidad de escuelas y colegios que prestan el servicio, si la alimentación se sirve los 200 días que dura el curso lectivo o si los alumnos aprovechan la beca de transporte.
Tampoco conoce si los beneficiarios que hacen uso de esos servicios los necesitan de acuerdo con su condición económica y social.
Estas fueron las conclusiones que arrojó la Contraloría General de la República (CGR) en un informe de auditoría acerca de la labor de la Dirección de Programas de Equidad del MEP, a cargo de la alimentación en centros educativos y el transporte de estudiantes.
“Se encontró que (en el MEP) se desconoce la cantidad de centros educativos que cumplen con los nuevos menús que deben implementarse en los comedores estudiantiles, no se posee la información de la asistencia diaria de los estudiantes al servicio de alimentación, ni se conoce la cantidad de centros educativos que prestan el servicio continuamente durante los 200 días lectivos de acuerdo con el calendario escolar del MEP, tampoco se ha logrado determinar el estado nutricional de la totalidad de la población beneficiaria”, explicó la CGR.
El órgano contralor, además, constató que luego de más de 10 años de creada la Dirección de Programas de Equidad del MEP, esta no ha realizado evaluaciones que permitan determinar si la “cuantiosa” inversión que realizan para financiar los programas de alimentación y nutrición y transporte estudiantil ha tenido el impacto esperado en la población estudiantil.
Los programas de alimentación y transportes se crearon para facilitar el acceso y la permanencia de los estudiantes de más bajos ingresos en el sistema educativo nacional, así como para reducir la brecha de oportunidades que enfrentan las personas menores de edad y adultos en el acceso a la educación.
Actualmente, el Programa de Alimentación y Nutrición Escolar y del Adolescente (PANEA) del MEP atiende a cerca de 800.000 alumnos y el de transportes a de 150.452 estudiantes.
La Contraloría explicó que la Dirección de Programas de Equidad no posee los datos para cuantificar qué porcentaje de población estudiantil beneficiada con los programas de equidad completa el curso lectivo y el porcentaje de población estudiantil que cumple la meta de rendimiento académico.
“La ausencia en la recolección y procesamiento de la información relacionada con la ejecución de los programas de equidad, resulta una causa adicional por la que la DPE (Dirección de Programas de Equidad) no trasciende su gestión a una evaluación por resultados”, indica el órgano contralor.
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Algunas de las causas de la falta de información que tiene el MEP sobre sus programas se podrían explicar por el tipo de vigilancia que aplica la Dirección de Programas de Equidad que, según la Contraloría, “no resultan suficientes para supervisar y controlar integralmente la ejecución de los programas de equidad en los centros educativos”.
Esta labor de supervisión y control que ejerce el MEP se desarrolla por medio de las visitas a los centros educativos. Se evidenció que en los últimos cuatro años, la Dirección de Programas de Equidad (DPE) del MEP visitó anualmente un promedio de 95 centros educativos de aproximadamente 4.658 centros que ejecutan los programas.
“Dentro de este contexto, se tiene que si se mantienen las actividades de supervisión y control con las condiciones actuales, la DPE tardaría 49 años, o en otras palabras, más de cuatro generaciones educativas para supervisar, al menos en una ocasión, los programas de equidad en los centros educativos, bajo este mecanismo”, dijo la Contraloría en su informe.
Leonardo Sánchez, director de Programas de Equidad del MEP, criticó las “limitaciones y debilidades”de carácter técnico y metodológico del análisis de la Contraloría, “que hacen que los resultados derivados del estudio no sean suficientemente robustos”.
“Se cambió el título del estudio y el objetivo general. Se iba a hacer un trabajo de campo pero en el contexto de la huelga no se realizó. El estudio solo se basó en análisis documental, no de campo, que es lo que se recomienda para un estudio de eficacia de programas sociales.
"Dado esto, consideramos que el estudio debe ser analizado a fondo para identificar debilidades metodológicas y técnicas que permitan generar resultados acorde lo que corresponde desde el punto de vista técnico”, manifestó el funcionario.
Menús saludables
En órgano contralor criticó, además, que la decisión de implementar paulatinamente el menú saludable en centros educativos, a partir del ciclo lectivo 2018, se realizó sin tener a disposición los insumos y actividades requeridas para establecer dicha iniciativa.
“Tal decisión se tomó previo a que culminara el plan piloto desarrollado por la Universidad de Costa Rica, que pretendía validar los procesos del modelo de gestión y generar recomendaciones de coordinación entre niveles”, explicó la CGR.
A partir del 2018, se implementó un nuevo menú saludable con el fin de bajar los resultados arrojados por el censo escolar de peso y talla que realizó el Ministerio de Salud en conjunto con el MEP, en el 2016.
Se censaron, en total, 347.379 menores. De estos, resultó con sobrepeso u obesidad el 34% (34 de cada 100 chiquitos), que corresponde a 118.342.
El menú saludable es más equilibrado pero más caro que el anterior. La institución invirtió en 2018 en comedores ¢38.000 millones más que en el 2017, cuando el presupuesto fue de ¢74.000 millones. Para el 2018, el presupuesto para alimentación ascendió a ¢112.600 millones.
Sin embargo, según la CGR, se desconoce la cantidad de centros que lo implementan a pesar de que el costo es mayor.
Selección de beneficiarios
La Contraloría General encontró que el MEP no ha realizado estudios sobre la distribución de recursos ni sobre los mecanismos y procedimientos de selección de beneficiarios de transporte y alimentación, aun cuando la normativa los obliga a hacerlo.
Por ejemplo, es política de la Dirección de Programas de Equidad del MEP que en preescolar y primaria no exista selección de beneficiarios, por lo cual todos los estudiantes asisten al comedor, independientemente de su requieren el servicio o no.
Lo anterior a pesar de que los mismos lineamientos de la Dirección de Programas de Equidad de 2012, vigentes a la fecha, definen los mecanismos y procedimientos de selección de beneficiarios.
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“Los problemas identificados en la planificación y evaluación de los programas de equidad, impiden que la Dirección obtenga información integral de los resultados obtenidos a lo largo de la cadena; asimismo dificulta crear las bases que posibiliten conocer el aprovechamiento de los servicios, el efecto en el corto y mediano plazo y la determinación del impacto de los programas en la población objetivo”, dijo la Contraloría.
El órgano contralor requirió al MEP que definan e implementen mecanismos de control concretos sobre el uso de los fondos que administran las Juntas de Educación y Juntas Administrativas para transporte y alimentación.
Además, que solicitó verificar la implementación del nuevo menú en los centros educativos de manera tal que se ajuste al modelo definido por el MEP.
También, pidió al MEP desarrollar un conjunto de indicadores que posibilite a la Dirección de Programas de Equidad tener a disposición la información necesaria sobre la prestación del servicio de alimentación y transporte estudiantil.
