MEP paga a ciegas millones a transportistas por llevar estudiantes

¿Quiénes son los transportistas que reciben pagos del MEP por llevar estudiantes? ¿Tienen licencia y revisión técnica vehicular al día? ¿Tienen póliza de seguros? ¿Cuál es el estado de sus buses?

Ninguna de estas preguntas puede responderlas el Ministerio de Educación Pública (MEP), pese a que cada año paga cerca de ¢35.000 millones para cubrir el transporte de 141.000 niños y jóvenes de escasos recursos hacia las escuelas y colegios del Estado.

Dicha cartera realiza los giros prácticamente a ciegas, pues alega que son los padres de familia o incluso alumnos mayores de edad quienes contratan a los transportistas y que, por tanto, ellos son las responsables de corroborar si las unidades y los conductores están a derecho.

"Ni el centro educativo, ni la Junta Administrativa, ni el MEP asumen ningún vínculo contractual por el traslado de los beneficiados. Sin embargo, es labor del centro educativo reunir a los padres para indicarles que deben organizarse privadamente para buscar un medio que reúna las condiciones idóneas para brindar el servicio, y explicar a los beneficiarios los alcances y obligaciones del transportista que presta el servicio", explicó Rosa Adolio, directora de Programas de Equidad del MEP.

No obstante, la Auditoría Interna del MEP ha advertido, desde el 2014, sobre la falta de control en el transporte de estudiantes y de los peligros para los alumnos y para la misma institución.

De acuerdo con el informe 40-13 del 2014 de ese órgano, el sistema establecido tiene "grandes elementos de riesgo para el Ministerio" porque implica un contrato entre la Junta –que representa a los padres– y los transportistas, que es financiado por el MEP, pero sin requisitos de seguridad, de cumplimiento legal y responsabilidad.

"También existe un riesgo muy alto para los estudiantes beneficiarios del programa, que se ven expuestos a usar autobuses a los cuales no se les ha exigido mínimos de operación", señala el documento.

Según el estudio, en caso de algún accidente, el MEP sería responsable "por no tomar en cuenta estos factores en la supuesta contratación".

Pero Rosa Adolio interpreta, en cambio, que la responsabilidad recaería sobre el transportista y los padres de familia, pues son los firmantes del contrato.

De acuerdo con el MEP, los padres o alumnos han contratado transportistas para 3.370 rutas, que benefician a los 141.000 estudiantes. Otras 136 rutas, para 14.000 alumnos, sí fueron convenidas directamente por el Ministerio.

El Reglamento de Transporte de Estudiantes del MEP establece que el director del centro educativo es quien gestiona ante el Ministerio la necesidad de una nueva ruta para un número determinado de alumnos, pero indica que los padres son quienes se organizan para contratar.

Jesucita Triana, presidenta de la Junta de Educación del Colegio Técnico Profesional Ricardo Castro Beer, en Orotina, aseguró, sin embargo, que son ellos quienes revisan los requisitos del transportista, como el permiso del Consejo del Transporte Público (CTP), la revisión técnica, la licencia, la póliza y la cédula del conductor, entre otros.

Triana afirmó que nunca ha visto que un padre proponga un transportista; es el centro educativo el que ya los tiene definidos.

"A los papás les llega la propuesta, ellos nunca se fijan si el transportista cumple los requisitos; lo hacemos nosotros antes de girarles el cheque. He visto casos donde se tiene a un mismo transportista toda la vida.

"El Reglamento dice que es responsabilidad de la Junta fiscalizar que las unidades viajen en las rutas indicadas, la cantidad de estudiantes, que se mantengan los requisitos de seguridad y que las unidades estén en buen estado, pero yo no sé cuál junta tendría la disponibilidad de personas para que hagan esa fiscalización, todos (los miembros de la junta) tienen su propio trabajo", dijo Triana.

Sin verificar requisitos

El informe elaborado por la Auditoría encontró casos en los que nadie revisó si los transportistas poseían los permisos del CTP, no se solicitaron revisiones técnicas para verificar el estado del bus, no se exigieron seguros contra accidentes ni requisitos para los conductores.

Además, en algunos centros no se encontró el estudio que verifica la situación socioeconómica del estudiante que recibía el servicio, aparte de que había nombres de alumnos que aparecían varias veces, situación que dio origen a pagos de más.

La Auditoría también alertó de que el Departamento de Transporte del MEP no verifica algunas rutas y solo las aprueba. Asimismo, señaló que se aprobaron recorridos a pesar de que había incumplimiento de requisitos en la información de los beneficiarios.

"Se detectaron numerosas inconsistencias en la información de los beneficiarios del servicio con nombres de estudiantes que se repiten en dos y hasta tres rutas con firmas disímiles; tal duplicación cuantificada por la relación de un promedio entre el valor que tenía cada ruta y la cantidad de estudiantes, resulta en un pago de más de

¢40.919.708", explicó la Auditoría en referencia a un centro educativo de Pérez Zeledón.

A agosto de este año, el informe de seguimiento de las recomendaciones sobre las inconsistencias encontradas por la Auditoría, aún estaba en la etapa de borrador, según informó el MEP.

Por otra parte, el informe criticó que el MEP pague ¢62 millones al año para transportar a alumnos del Liceo de Costa Rica que viven en Aserrí, Desamparados, Pavas, Tres Ríos de La Unión, La Uruca, Moravia, entre otros, cuando el Reglamento establece que el beneficio es para que los estudiantes puedan trasladarse al centro educativo más cercano a su hogar.

La Auditoría alertó, incluso, que entre las listas de beneficiarios aparecían nombres de jóvenes cuyos padres alegaban que no era cierto que recibieran el servicio.

Finalmente, el informe detalló que en algunos colegios el MEP aprobó cambiar el modelo del bus autorizado por un modelo inferior, pero sin corroborar el respectivo permiso del CTP.

"La existencia de distintas alternativas para la prestación del servicio de transporte estudiantil, combinada con la ausencia de procedimientos sistemáticos de monitoreo y verificación de datos relevantes sobre tales registros, facilita la aparición de desembolsos innecesarios o no justificados en la obtención real de un servicio según los términos pactados de adquisición", indica la Auditoría Interna del MEP.